Militares mal pagados

Se acercan las elecciones generales y los partidos políticos concretan sus promesas electorales. En el campo de las políticas de defensa no suelen extenderse demasiado, y menos aún adquirir compromisos concretos. Todo lo que afecta a los miles de mujeres y hombres que visten uniforme en las Fuerzas Armadas españolas parece no ser una prioridad política para la próxima legislatura. Escuchamos loas continuas a la ingente labor de los militares, a su esfuerzo, sacrificio y disponibilidad. Pero, a la hora de la verdad, esto no se traduce en actuaciones concretas.

Cuestiones como la perentoria e inaplazable reforma de la Ley de la carrera militar, la mejora de las políticas de conciliación familiar y de apoyo a las familias, la movilidad geográfica, inversiones en infraestructuras ligadas a la calidad de vida y trabajo concitan la unanimidad reivindicativa de las asociaciones profesionales. Los problemas están perfectamente identificados y todos ellos han sido diagnosticados por los Estados Mayores de los Ejércitos y de la Armada. De la misma manera, estos mismos problemas han sido objeto de recomendaciones del Observatorio de la vida militar y recogidos en diversos dictámenes emitidos por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Todos ellos tienen un punto de conexión que es, al mismo tiempo, elemento de solución. Me refiero a las retribuciones. A pesar de algunas subidas verdaderamente insuficientes, las retribuciones de los militares siguen siendo absolutamente bajas, insuficientes y, por ello, injustas e indignas. Si al déficit de inversiones en medidas de apoyo social a militares y a sus entornos familiares y en infraestructuras añadimos unas retribuciones deficientes, la situación que podemos encontrar es lamentable. Los militares no tienen por qué conformarse y aquietarse a esta situación. Sus asociaciones profesionales lo denuncian con energía de manera pública y hacen un trabajo absolutamente imprescindible. Los responsables políticos de Defensa no son ajenos a esta visión muy negativa. ¿Cuál es el problema entonces para resolver esta cuestión de una vez por todas? No hay una respuesta unánime. Quizás uno de los aspectos que permiten a los responsables políticos mantener esta situación es la carencia de instrumentos de reivindicación más potentes, con asociaciones profesionales más fuertes con un marco normativo que les permita reivindicar mejor y de manera más efectiva. Se necesita una reforma urgente de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas que arrumbe absurdas prevenciones sobre el asociacionismo profesional. Las asociaciones profesionales deben poder entrar en los cuarteles y desplegar en ellos su actividad asociativa.

Todo lo que afecta a los miles de mujeres y hombres que visten uniforme en las Fuerzas Armadas españolas parece no ser una prioridad política para la próxima legislatura

Pero esto no es suficiente. El escenario internacional complejo que estamos viviendo va a requerir un cambio de paradigma en el empleo de las fuerzas armadas, que han de estar adecuadamente dotadas en lo material y técnico y que, sobre todo, han de disponer de unas políticas retributivas que, por ser justas y dignas, contribuyan a mantener un reclutamiento inteligente que permita a España afrontar con garantías sus propios riesgos y contribuir a la paz en un entorno global junto a sus aliados. Por todo ello y por la relación directa que hay entre reclutamiento y moral de nuestros militares y de sus familias, la próxima legislatura, que se iniciará a partir del 23 de julio, ha de ser aquella en la que se alcancen salarios dignos, justos y acomodados a las responsabilidades y formación que les exigimos. No se puede esperar más, ni se puede posponer una decisión que llega tarde. El alza retributiva que nuestros militares merecen es tan necesaria como justa. No puede improvisarse como no pueden improvisarse las medidas radicalmente urgentes que hay que adoptar para que todos los que visten uniforme y sus familias tengan políticas sociales activas que les permitan conciliar, disponer de alojamientos y residencias suficientes y habitables, planificar su vida y disponer de una capacidad económica que les dote de libertad para elegir cómo organizarse.

Si se aumentan las retribuciones, muchos de estos problemas tendrán solución. España no puede permitirse ignorar estas cuestiones. Y los ciudadanos estamos obligados a impulsar estos cambios en las políticas públicas. La defensa, los derechos y la calidad de vida de los militares y de sus familias son cosas de todos.