Soldadito español

Además del concepto de soldado como sinónimo de militar que en determinado contexto se usa para referirse a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, se encuentra el del primer empleo de las escalas de militares de tropa y marinería, que constituye el elemento básico de los ejércitos, siendo también el más numeroso. Este empleo de soldado —o marinero—, junto al resto de los de su escala, se encuentra regulado mediante una normativa particular que lo reglamenta de forma distinta a la del resto de militares. Es una ley específica la que regula su profesión (junto a los militares de complemento) hasta una de edad máxima de 45 años. Esta norma, a juzgar por la situación actual en la que se encuentran los soldados y marineros, ha supuesto una chapuza, como se había pronosticado, en parte, cuando se puso en marcha, y demanda un cambio drástico que solucione la problemática presente y dignifique a quienes poseen dichos empleos.

Tras el desastroso siglo XX en términos de civilización y humanidad, las grandes guerras y las no tan grandes pusieron de manifiesto, en términos de eficacia militar, que la tradicional orgánica de los ejércitos basados en una oficialía aristocrática dirigiendo una masa de vasallos tratados como simples números, carne de cañón, necesitaba de un impulso cualitativo de profesionalización de los militares para buscar una mayor eficiencia y rendimiento de los ejércitos. Los ejércitos se nutrían principalmente del reclutamiento forzoso (servicio militar) para proveer el grueso de las unidades, y principalmente al grado más bajo en la escala jerárquica, el de las escalas de tropa y marinería.

En España, finalizado dicho siglo XX, se comenzó tímidamente a avanzar en un grado de profesionalización más serio que los experimentos que se venían realizando décadas atrás (voluntariado especial, entre otros). Se trató de un cambio cualitativo para dejar atrás un sistema insostenible y deficiente, reduciendo el número de efectivos y estableciendo un cuerpo profesional que conformara a las Fuerzas Armadas como una organización operativa mediante servidores públicos, y terminando con la inquietud y la problemática que generaba a la ciudadanía el servicio militar obligatorio.

Debido a la realización del servicio militar por una gran parte de la población (masculina), ha quedado en el imaginario colectivo una imagen amable, salpicada de tópicos, de discutibles bondades de dicho paso por filas, pero la realidad es mucho más triste y amarga debido al trato vasallático que se recibía y las distintas desigualdades que se producían con una restricción de derechos importante.

Aunque los tópicos aún existentes sobre la milicia —sobre el militar con mando y el soldado— puedan hacernos pensar en tiempos pasados, lo cierto es que en la actualidad se mantienen usos y formas pretéritas, no solo en la cotidianidad laboral del militar sino también recogidas en su cuerpo legal.

El conocimiento que se ha trasladado socialmente por quienes realizaron el servicio militar, y por las familias que lo vivieron de cerca al tener algún miembro en dicho servicio, es el de un cierto proceso iniciático en el paso de la adolescencia a la madurez, dirigido por un cuerpo de profesionales paternalistas, donde actividades (hoy ya tópicos) como realizar ejercicios de tiro, pelar patatas en la cocina, desfilar, limpiar letrinas o pasar días de arresto en el calabozo, entre otras, eran parte de la cotidianidad. Una especie de escuela de vida que algunos hoy pretenden recuperar.

La realidad era que se realizaban una serie de funciones más allá de los tópicos que aún persisten, pero lo verdaderamente reseñable es que se llevaban a cabo mediante el sometimiento de dichos soldados a un régimen de limitación de sus derechos y a un trato paternalista que los degradaba no solo como trabajadores sino, también, como personas, además de la consabida desestructuración familiar y social que les acarreaba.

Hoy tenemos unos salarios de soldados cercanos al salario mínimo interprofesional, mientras que algunos soldados conviven hacinados en alojamientos logísticos y otros son expulsados de estos por falta de espacio; tenemos soldados sometidos a jornadas y horarios que van más allá de lo establecido en la ley sin recibir compensaciones, y soldados que son todavía sometidos a sanciones, por faltas, de privación de libertad; así como soldados cuyo futuro profesional es una incógnita que arrastran durante una gran parte de su vida profesional. Claro está que muchas de estas situaciones se dan también en el resto de los empleos y escalas, pero aquellos, además, mantienen la losa de la temporalidad que es siempre una inseguridad que, además, abre un espacio para la sumisión por temor a no alcanzar el final del compromiso o la permanencia.

Las Fuerzas Armadas se constituyen en una de las mayores organizaciones de servidores públicos con trabajo temporal, con una fecha de caducidad para el trabajador, que es la del cumplimiento de los 45 años de edad

En el año 2006 el legislador fue incapaz de sustraerse de la fuerte tradición interna de los ejércitos en la forma de conducirse y organizarse, sucumbiendo al mismo tiempo a la fuerte presión de los cuarteles generales, en esa misma dirección y, en lugar de avanzar a una profesionalización general de los miembros de las Fuerzas Armadas creando una carrera militar para todos, en el caso de la tropa y marinería se creó una nueva versión del servicio militar (una suerte de MILI.2). Posiblemente una conveniencia política y económica también existía, pero en base a ésta se podían haber buscado otras fórmulas más acordes con el derecho laboral y con la dignidad de los trabajadores militares para llevar a cabo dicha transformación.

El núcleo fundamental de la reforma realizada mediante la Ley de tropa y marinería (año 2006) fue el mantenimiento de un servicio militar retribuido y eminentemente temporal, a través de la firma de un compromiso. Un compromiso (que no un contrato laboral) que pone de manifiesto la voluntad del legislador de inclinar la carga contractual en el firmante obligándole a una expresa voluntariedad en asumir, mediante esa asimetría contractual, una restricción de sus derechos con la asunción de lo firmado. Se pasó de un servicio militar forzoso a uno voluntario.

Así, nos encontramos hoy con que las Fuerzas Armadas se constituyen en una de las mayores organizaciones de servidores públicos con trabajo temporal, con una fecha de caducidad para el trabajador, que es la del cumplimiento de los 45 años de edad. Situación esta que conlleva, además, el pago de una asignación hasta la jubilación para aquellos que a su salida a los 45 años cumplan determinados requisitos y a un esfuerzo administrativo en tratar de dotar de titulaciones y certificaciones laborales al personal antes de su salida, así como a la realización de numerosos convenios con las administraciones para reserva de puestos de trabajo en las mismas, con toda la problemática que ello genera en distintos ámbitos y con la insostenibilidad de dicho sistema debido a la falta de garantías de pervivencia de dichos acuerdos.

El sistema impuesto por la Ley de tropa y marinería no ha resuelto el problema de la captación, por no ofrecer un puesto de trabajo atractivo y reconocido en todos sus aspectos; también, por no haber conseguido una profesionalización plena incorporando a estas escalas a una verdadera carrera militar, y por no haber creado un sistema integral de carrera donde la igualdad de oportunidades, así como de trato, convirtieran el principio de unidad (que tanto se prodiga en los discursos militares) en un principio transversal a las Fuerzas Armadas.

En el año 2006 los cuarteles generales tuvieron el empeño de mantener un servicio militar (aunque esta vez pagado, pero mal) que les era propicio para sostener un sistema servil, al que los políticos le fueron a la zaga, sin tener presentes los nuevos tiempos en los que el reconocimiento de derechos —y por supuesto los derechos laborales— y la dignidad de las personas han de primar por encima de cualquier otro interés, porque, al contrario, lo que encontramos es una masa de trabajadores desprovista de derechos a los que se les da un trato diferenciado al de los militares de carrera, con una menor calidad laboral y humana.

Urge ir a una ley integral de personal para todos los militares que arrumbe de una vez por todas los estereotipos del pasado que aún están muy presentes en la vida diaria del soldado.

Además del concepto de soldado como sinónimo de militar que en determinado contexto se usa para referirse a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, se encuentra el del primer empleo de las escalas de militares de tropa y marinería, que constituye el elemento básico de los ejércitos, siendo también el más numeroso. Este empleo de soldado —o marinero—, junto al resto de los de su escala, se encuentra regulado mediante una normativa particular que lo reglamenta de forma distinta a la del resto de militares. Es una ley específica la que regula su profesión (junto a los militares de complemento) hasta una de edad máxima de 45 años. Esta norma, a juzgar por la situación actual en la que se encuentran los soldados y marineros, ha supuesto una chapuza, como se había pronosticado, en parte, cuando se puso en marcha, y demanda un cambio drástico que solucione la problemática presente y dignifique a quienes poseen dichos empleos.

Tras el desastroso siglo XX en términos de civilización y humanidad, las grandes guerras y las no tan grandes pusieron de manifiesto, en términos de eficacia militar, que la tradicional orgánica de los ejércitos basados en una oficialía aristocrática dirigiendo una masa de vasallos tratados como simples números, carne de cañón, necesitaba de un impulso cualitativo de profesionalización de los militares para buscar una mayor eficiencia y rendimiento de los ejércitos. Los ejércitos se nutrían principalmente del reclutamiento forzoso (servicio militar) para proveer el grueso de las unidades, y principalmente al grado más bajo en la escala jerárquica, el de las escalas de tropa y marinería.