Hombres de negro

Es difícil para un analista político de prestigio, como es mi caso, decidir cada semana a qué rincón de la actualidad aplicar la linterna de su discernimiento para ayudarles a ustedes, queridos lectores, a comprender el difícil mundo en que vivimos. Por ejemplo, en esta ocasión he dudado hasta última hora entre dedicar las siguientes líneas a un somero análisis de la siempre complicada situación en Cantora –Oriente Medio es un paraíso de estabilidad en comparación con esa finca– o a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Finalmente, he preferido decantarme por el asunto más frívolo: el CGPJ.

Escucho a tertulianos y politólogos referirse al Partido Popular como el culpable de que el mandato del Consejo General del Poder Judicial lleve casi tres años caducado por negarse a acordar con el PSOE la renovación de los miembros que lo componen. Y yo me pregunto: ¿es una locura pensar que, tal vez, el PP considere sabiamente que, como los yogures, el CGPJ no tiene fecha de caducidad sino de consumo preferente? ¿Es posible entonces que, pese a lo que dicen algunos, el estado del CGPJ no entrañe ningún peligro grave para la salud de la Justicia, aunque, como ocurre con los yogures, el que sus miembros estén pasados de fecha suponga una merma de calidad y pérdida de cualidades? Y si lo es, ¿podemos permitirnos que uno de los tres poderes básicos del Estado democrático sufra ese deterioro? Yo creo que sí, a fin de cuentas lo hemos permitido en los otros dos y nadie se ha rasgado las vestiduras.

Es verdad que puede dar la impresión de que el PP quisiera prolongar de manera tramposa una composición favorable del órgano de gobierno de los jueces. Y que lo hace confiado en que la mayoría conservadora que heredó de la época en que los populares gobernaban pueda favorecerle a la hora de torpedear el trabajo de un ejecutivo progresista. En términos vulgares, es como si Fernando Alonso, después de perder con Hamilton en Montmeló, acudiera a la Guardia Civil para que lo denunciaran por exceso de velocidad, y la Guardia Civil le hiciese caso.

¿Está pasando eso en España? ¿Están determinados jueces entorpeciendo la labor del Gobierno aceptando a trámite denuncias de las que no ignoran su escaso recorrido judicial pero sabiendo que tendrán a cambio un largo trayecto mediático y político? No lo sé, es un asunto que requiere una reflexión profunda y desde que he vuelto a pilates, en cuanto intento reflexionar un poco me quedo dormido. ¡Odio el pilates! Cuando me veo en esas máquinas no sé si lo que quiere mi personal coach es que fortalezca mi torso o que confiese que soy judío.

Pero volviendo al asunto que nos ocupa, si eso estuviera sucediendo, si siempre hubiera un guardia civil dispuesto a atender las denuncias de Fernando Alonso, tendríamos que admitir la posibilidad de que los miembros de la judicatura fueran mayoritariamente de derechas. Una afirmación tan injusta y excesiva como decir que todos los albañiles son de izquierdas. Algunos son de Vox.

Es verdad que llegar a juez requiere disponer de recursos que permitan al futuro magistrado opositar una media de cuatro años, durante los cuales dependerá del sostén familiar para poder dedicarse exclusivamente al estudio. No debe sorprendernos, por tanto, que de una familia con posibles pueda salir un juez decano mientras que una de albañiles solo alumbre a un juez de línea. A favor de estos últimos cabe decir no solo que en verano van más fresquitos sino que, a diferencia de los otros, se ocupan de la justicia que verdaderamente importa: la que dictamina si el delantero marca o no en fuera de juego.

El símil futbolístico puede darnos una idea de la inadvertida trascendencia de este asunto: si la designación de quienes eligen cada semana a los árbitros y asistentes que tienen que aplicar el reglamento deportivo en los estadios se viese empantanada desde hace tres años porque los encargados de hacerlo sospechan que una gran mayoría de ellos van a interpretar ese reglamento en beneficio del equipo del que son aficionados, el escándalo sería mayúsculo. Afortunadamente estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial y no del Comité de Designación de Árbitros.

La Justicia debiera tomar nota del ejemplar funcionamiento del Comité. Unos hombres de negro que han sabido adaptarse a los tiempos no solo en el atrevimiento cromático de la indumentaria –¿para cuándo las togas fucsias y verdes fosforito?– sino en la incorporación de tecnología que les ayuda a hacer más certero el veredicto. No es razonable que cada partido disponga de un VAR con imagen calidad 4K, software de trazado de líneas de perspectiva y sky cam, y que cuando vemos en los informativos imágenes de un juicio parezca que lo ha grabado tu amigo Paco, el que fracasó en Youtube.

Es difícil para un analista político de prestigio, como es mi caso, decidir cada semana a qué rincón de la actualidad aplicar la linterna de su discernimiento para ayudarles a ustedes, queridos lectores, a comprender el difícil mundo en que vivimos. Por ejemplo, en esta ocasión he dudado hasta última hora entre dedicar las siguientes líneas a un somero análisis de la siempre complicada situación en Cantora –Oriente Medio es un paraíso de estabilidad en comparación con esa finca– o a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Finalmente, he preferido decantarme por el asunto más frívolo: el CGPJ.