En la primera parte de este balance de la legislatura, me centré en los resultados económicos y sociales, así como en los recortes del gasto público. El diagnóstico general era este: a partir del tercer año del Gobierno de Rajoy, se inició una recuperación económica que ha permitido compensar una parte de la destrucción de empleo de los dos primeros años, cuando el país estaba todavía en recesión. No obstante, a pesar de esa recuperación, sigue habiendo menos ocupados que en 2011. Además, la reactivación económica se ha hecho desregulando el mercado de trabajo y con fuertes recortes en el Estado de bienestar (sanidad, educación, protección de los parados), lo que ha supuesto un aumento de la desigualdad y la pobreza. Esos recortes se han llevado a cabo a la vez que el Estado daba fondos y toda clase de facilidades a las entidades financieras.
Los asuntos económicos y sociales suelen ser aquellos que mayor importancia tienen en la opinión que nos formamos los votantes sobre la gestión del Gobierno. El problema está en que esta legislatura ha estado protagonizada por otras cuestiones. De ahí que sea necesaria una segunda parte de este balance, dedicada a la erosión que ha sufrido nuestro sistema político como consecuencia de los escándalos de corrupción de estos años y de prácticas que contradicen los valores más básicos de la democracia.
Vayamos de menos a más. Ha habido comportamientos de miembros del Partido Popular que podríamos calificar como poco edificantes. Desde aquel “¡qué se jodan!” dirigido a los parados que lanzó la diputada Andrea Fabra en el Congreso durante el debate de julio de 2012 en el que el presidente Rajoy anunciaba los mayores recortes de la historia de la democracia, hasta las bromas y burlas de sus señorías cuando Pedro Sánchez habló, también en el Congreso, de pobreza infantil. A todo ello habría que añadir la insuficiente rendición de cuentas del presidente, quien ha evitado dar explicaciones cuando las cosas se ponían desagradables para él o para su Gobierno: el momento más llamativo fue aquella comparecencia en la sede del PP a través de un monitor de televisión para hablar sobre la financiación del partido.
En cuanto al proceder del Gobierno, el Gobierno, como ha mostrado Ferrán Martínez, ha abusado del Real Decreto Ley (reservado para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”) como instrumento legislativo. Se ha producido también un recorte de libertades con la llamada Ley mordaza (que llegó a despertar la crítica del New York Times): dicha Ley restringe el derecho de manifestación e impone multas desorbitadas por conductas como la difusión de vídeos en los que se haya grabado la actuación de los cuerpos de seguridad en su tarea represiva.
Más grave que todo lo anterior es que se haya vuelto a los peores tiempos en la manipulación de la radio y la televisión públicas. Uno de los legados más valiosos de la etapa de Zapatero fue que, por primera vez desde la muerte de Franco, los medios públicos pasaron a ser independientes, lo que se tradujo en un aumento de audiencia y en numerosos reconocimientos internacionales por la calidad e imparcialidad de sus informativos. Todo aquello ha quedado arrasado en estos años de Gobierno popular, lo que constituye un motivo de profunda vergüenza democrática.
No obstante, lo verdaderamente preocupante en estos años ha sido la corrupción. Algunos de los grandes escándalos, como el de Gürtel, se arrastraban de la legislatura anterior. Y otros de los que se han destapado en estos años corresponden a sucesos de la etapa del boom. Entre los más sobresalientes, la trama Púnica, las revelaciones sobre la gestión de Cajamadrid / Bankia por parte de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y la constatación de que algunos diputados o exdiputados del PP se sacaban un sobresueldo actuando como lobistas o comisionistas (Vicente Martínez Pujalte, Federico Trillo, Gustavo de Arístegui, Pedro Gómez de la Serna).
A través de algunos flecos del caso Gürtel, se acabó descubriendo el gran escándalo de esta legislatura: hemos sabido que el PP mantenía desde hace décadas una doble contabilidad, con una cuenta en 'B' a la que iban a parar las donaciones de constructores y de empresarios que se beneficiaban luego de contratos públicos. Dichas donaciones violaban claramente la Ley de financiación de los partidos. Con el dinero acumulado en esa cuenta en 'B', Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas repartían sobresueldos, pagaban gastos electorales y cubrían otros gastos generales (como los servicios del asesor Pedro Arriola, quien especificaba qué parte deseaba cobrar legalmente y qué parte en negro, o como las reformas en la propia sede central del PP en la madrileña calle de Génova).
El propio presidente, Mariano Rajoy, aparecía en los papeles de Bárcenas. De hecho, como ha mostrado Ernesto Ekaizer en su libro Queríamos tanto a Luis (p. 93), Rajoy es el político del PP que más veces y durante más tiempo sale en la contabilidad paralela del partido. Constan 35 apuntes contables a nombre de Mariano Rajoy por un valor de 322.231 euros. En los tiempos en que Rajoy era ministro en los gobiernos de Aznar, la ley de incompatibilidades impedía cualquier otro ingreso que no fuera el de su sueldo, por lo que, para mantener su sobresueldo, cobraba de la caja B del partido sin dejar rastro.
Los ciudadanos se enteraron de que el partido en el Gobierno que rescataba al sistema financiero, que realizaba recortes en los servicios básicos del Estado y que tantos sacrificios exigía a la población, no sólo había estado burlando la ley y defraudando masivamente al fisco, sino que además intentó tapar por todos los medios el escándalo no reconociendo su responsabilidad en el asunto. Ante la falta de colaboración del PP, el juez tuvo que ordenar un registro de la sede central del partido y se requisaron ordenadores (cuyos discos duros habían sido convenientemente destrozados por funcionarios del partido). El PP borró los registros de entradas en Génova, ¡se personó en la causa como acusación particular!, negó la autenticidad de los pápeles de Bárcenas y el equipo dirigente salió en tromba defendiendo la tesis lunática de que había una conspiración en contra del partido, mientras el presidente, Mariano Rajoy, mandaba mensajes de móvil tranquilizando a su buen amigo Luis Bárcenas para que este no contara todo lo que sabía. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Bárcenas aprovechó la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno para blanquear parte de la fortuna que tenía en Suiza (otro tanto hizo Rodrigo Rato).
Rajoy y Sánchez se preparan para que la corrupción sea la piedra angular del debate
La doctrina oficial en Génova ha sido que la corrupción como tal no existe, que sólo existen los corruptos. Según esta peculiar doctrina, Bárcenas era un aprovechado que se ha beneficiado a costa del partido. Así lo ha repetido infatigablemente Pablo Casado durante esta campaña, como si la Gürtel no fuera una trama generalizada o como si los sobresueldos en negro que repartían Lapuerta y Bárcenas en sobres llenos de billetes de 500 euros fuesen actos de caridad para con sus compañeros de partido. En realidad, el sistema de donaciones ilegales y de reparto de sobresueldos estaba completamente institucionalizado en el Partido Popular y por eso hablamos de una trama corrupta y no de un corrupto que pasaba por allí.
Lo asombroso no ha sido tanto que haya surgido el escándalo de la doble contabilidad del partido, sino que no haya tenido consecuencias políticas y que quien más veces sale como beneficiario de dicha doble contabilidad sea el presidente del Gobierno y candidato del partido para la nueva legislatura. En países con democracias más sólidas y ciudadanías más exigentes, Rajoy hubiese tenido que dimitir. No es solo que durante su mandato haya habido corrupción, es que él está personalmente implicado, tanto por haber recibido sobresueldos en negro como por haber ascendido a su buen amigo Luis Bárcenas al puesto de tesorero del partido.
Que Mariano Rajoy haya seguido gobernando después del escándalo de la financiación irregular de su partido es un fracaso de nuestro sistema político y una descomunal anomalía democrática.
En la primera parte de este balance de la legislatura, me centré en los resultados económicos y sociales, así como en los recortes del gasto público. El diagnóstico general era este: a partir del tercer año del Gobierno de Rajoy, se inició una recuperación económica que ha permitido compensar una parte de la destrucción de empleo de los dos primeros años, cuando el país estaba todavía en recesión. No obstante, a pesar de esa recuperación, sigue habiendo menos ocupados que en 2011. Además, la reactivación económica se ha hecho desregulando el mercado de trabajo y con fuertes recortes en el Estado de bienestar (sanidad, educación, protección de los parados), lo que ha supuesto un aumento de la desigualdad y la pobreza. Esos recortes se han llevado a cabo a la vez que el Estado daba fondos y toda clase de facilidades a las entidades financieras.