Si a estas alturas alguien duda que el caso de la llamada policía política es uno de los más graves atentados que ha sufrido la democracia española en las últimas décadas es que le importa muy poco la democracia. Desde el máximo respeto a la presunción de inocencia (la que policías, políticos y periodistas implicados en esta organización criminal se han pasado por la entrepierna durante años), y a la espera de que la investigación abierta en la Audiencia Nacional desvele desde la X hasta el nombre del último becario de la tramala X, contamos ya con suficientes datos contrastados para exigir actuaciones concretas a quienes pretenden ponerse de perfil, mirar para otro lado o conectar el ventilador para seguir ensuciando la democracia y protegiendo intereses personales o partidistas.
1.- Ahórrense los aspavientos quienes pretenden hacerse ahora los sorprendidos u ofendidos al “descubrir” que bajo el mandato de Mariano Rajoy y de su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz funcionó una estructura policial que fabricaba informes falsos para filtrarlos a periodistas y medios “amigos” con el objetivo de destruir a adversarios políticos. Sabemos de la existencia de esa policía política (autodenominada brigada patriótica) desde que el 22 de junio de 2016 el diario Público desveló grabaciones en las que Fernández Díaz y el entonces máximo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, hablaban crudamente de elaborar documentos y acusaciones no probadas contra dirigentes independentistas. (Ver aquí). Todos pudimos escuchar al ministro expresiones como "eso la Fiscalía te lo afina”, “se lo pasamos a nuestros periodistas infiltrados”, “si eso saliera…” o “el presidente del Gobierno lo sabe”. En el documental titulado Las cloacas de Interior, estrenado hace ya dos años y silenciado por los grandes medios, se recogen datos y testimonios sobre la llamada Operación Cataluña. (Ver aquí).
2.- Lo que ha estallado más recientemente es la evidencia de que esa mafia político-mediática-policial no tenía como único objetivo el independentismo, sino que entre las elecciones generales de 2015 y (al menos) hasta que Rajoy fue confirmado como presidente del Gobierno en otoño de 2016, la misma trama tuvo como prioridad ensuciar la imagen de Podemos y de sus dirigentes y frenar la más mínima posibilidad de un acuerdo de gobierno de izquierdas encabezado por el PSOE. (Ver aquí)
3.- Y ha estallado porque el juez Manuel García Castellón decidió invitar a Pablo Iglesias a personarse en una de las diez piezas de investigación relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo tras comprobar que este tenía en su poder material sustraído del móvil personal de una colaboradora del líder de Podemos. Insisto: ha estallado por ese trámite del procedimiento judicial en curso, no porque no se supiera desde el año 2016 que se estaban utilizando informes policiales sin sello ni firma ni confirmación alguna para embarrar a la formación morada. El daño en términos de calidad democrática sería exactamente el mismo si la víctima no hubiera sido Podemos o nacionalistas catalanes sino el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, Actúa o el PACMA. Se trata de métodos de espionaje, falsificación de pruebas e intoxicación masiva propios de una dictadura. Pero es obvio que ese grupo policial y sus ramificaciones mediáticas defendían intereses muy concretos: los del Partido Popular en el poder. Por eso hay un hilo muy sólido que une las acusaciones falsas contra Podemos, las que previamente se hilvanaron contra los independentistas y las maniobras más sutiles o más cutres para robar a Bárcenas las pruebas que este pudiera guardar contra la cúpula de su partido sobre corrupción y financiación. El nombre de Villarejo no falta en ninguna de esas pútridas charcas. (Ver aquí).
4.- Resulta ofensivo escuchar a Pablo Casado esquivar ahora las preguntas sobre la investigación judicial del espionaje a Podemos con el argumento de que se trata de “informaciones no contrastadas”. Como ofende también escuchar a Albert Rivera decir que no tiene "nada que decir" sobre la policía política, que "le pregunten al PP". Una respuesta que "dice" mucho sobre las convicciones democráticas de Rivera. Ni él ni Casado, que en las fechas de la comisión de esos presuntos delitos ya era miembro de la dirección del partido, tuvieron entonces el menor pudor para hacerse eco una y otra vez de los titulares de OKdiario y de las acusaciones (no contrastadas) de Eduardo Inda OKdiariosobre la supuesta financiación iraní o venezolana de Podemos, o sobre el pago que Nicolás Maduro habría ingresado en una cuenta de Iglesias en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. (Ver aquí)
5.- Tampoco hemos escuchado o leído la más mínima disculpa por parte de Casado, ni de Albert Rivera ni de otros dirigentes políticos o medios de comunicación que dedicaron decenas de mítines, portadas y editoriales durísimos, cuando las correspondientes instancias judiciales fueron archivando “por carecer de la más mínima solidez probatoria” todas esas acusaciones basadas en los papeles fabricados por la mafia policial y divulgados por periodistas y cabeceras afines. (Ver aquí).
6.- Es significativo el enorme esfuerzo de denuncia que esos mismos políticos y medios han dedicado al intento independentista de saltarse la legalidad vigente, con actuaciones calificadas de “golpistas” desde el primer minuto, en comparación con la laxitud o indiferencia con la que han venido tratando maniobras destinadas a condicionar y obstaculizar decisiones democráticas como la posibilidad de un pacto de gobierno surgido de los resultados electorales de 2015 y 2016. Uno es demócrata o no lo es. Se trata de una condición plena, que no se puede ejercer de modo parcial o selectivo, dependiendo de quién sea la víctima de un atropello. La actuación, la existencia misma, de una policía política es antidemocrática, perseguible y condenable al margen de que su objetivo fuera morado, rojo, verde o azul.
7.- Tampoco es admisible que el Gobierno de Pedro Sánchez, que con razón se reclama ahora también perjudicado por la actuación de esa policía política, no abriera de inmediato una investigación interna en el Ministerio del Interior para depurar las responsabilidades de lo que ya era un escándalo cuando se votó la moción de censura. Ni hay excusa razonable que justifique la permanencia en la jerarquía policial de alguno de los principales implicados, como es el caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en abril de 2016 se desplazó a Nueva York para ofrecer a un exministro chavista un trato de favor si confirmaba el supuesto pago de siete millones de euros por parte del Gobierno bolivariano a una fundación a la que habían pertenecido varios profesores universitarios españoles que ¡ocho años después! impulsaron la creación de Podemos. Gestiones por supuesto pagadas con dinero público y realizadas en nombre “del ministro del Interior español” que a su vez “habló con el presidente español [Mariano Rajoy]”. (Ver aquí). Gestiones por cierto negadas por el propio Fuentes Gago ante una comisión parlamentaria, lo cual puede constituir un delito castigado con multas y hasta con prisión. (Ver aquí)
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8.- No. No se puede ser demócrata a tiempo parcial. Tampoco periodista. Eduardo Inda, uno de los nombres más repetidos de la telaraña mediática relacionada con la policía política al servicio del PP, ha intentado justificar su actuación tirando de ventilador, pretendiendo extender la idea de que “han sido muchos los periodistas de diferentes medios que han tenido relación durante años con el excomisario Villarejo y han publicado las historias que él contaba”. Ojalá terminemos conociendo la lista completa de esos periodistas y medios, no por desvelar las fuentes de nadie, sino para comprobar quién ha cumplido su obligación y quién ha trabajado al servicio de intereses que no son los de sus lectores. Porque todo periodista de relieve recibe a lo largo de su carrera dossieres e informes de todo tipo. Pero su obligación profesional y ética no es publicar lo que alguien le filtra sino contrastarlo y descartarlo si comprueba que se trata de una falsedad. De lo contrario no está actuando como periodista honesto sino como “infiltrado” o correveidile. Aclarar la diferencia entre una y otra condición es muy necesario para no socavar (aún más) el crédito de todo el periodismo. Y sí, por supuesto: quien se dedica a disparar con una ametralladora a todo lo que se mueve alguna vez acierta y da a los malos, llámense Urdangarin, Bárcenas o Ignacio González. Lo cual no justifica disparar a sabiendas contra presuntos inocentes.
9.- Ni la campaña electoral ni las artimañas de los interesados deben desviarnos de la cuestión capital. Como advertía hace unos días Iñaki Gabilondo, “hemos perdido el sentido común democrático si dejamos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias, con elaboración de pruebas falsas incluido, se diluya como un asunto informativo más, de esos que caducan en unos días” (Ver aquí). Por pura higiene democrática y cívica, no debemos permitirlo. Es más, estamos obligados a seguir preguntando una y otra vez qué ocurre con esa investigación interna abierta hace más de nueve meses por el BBVA sobre los pagos de la entidad presidida entonces y hasta hace muy poco por Francisco González a una empresa de Villarejo para espiar a políticos, empresarios y periodistas con el objetivo de impedir una operación accionarial legítima. (Ver aquí). Como debemos también seguir señalando el cúmulo de indicios contra el exfiscal anticorrupción Manuel Moix (ahora ejerciendo en el Supremo), acusado esta misma semana de haber falseado datos junto a dos policías para favorecer “los intereses políticos del PP”. (Ver aquí).
Si elevamos la mirada por encima de los complejos entramados y nos alejamos del ruido de la guerra del clic, observaremos que hay un elemento común a casos tan aparentemente distintos como Nóos, Gürtel, Taula, Púnica, el campo de golf de Ignacio González, la Operación Kitchen o la mafia policial de Villarejo: la impunidad con la que dirigentes políticos actuaron durante años confundiendo las instituciones del Estado con un cortijo de uso e interés particular. Cloacas incluidas.
Si a estas alturas alguien duda que el caso de la llamada policía política es uno de los más graves atentados que ha sufrido la democracia española en las últimas décadas es que le importa muy poco la democracia. Desde el máximo respeto a la presunción de inocencia (la que policías, políticos y periodistas implicados en esta organización criminal se han pasado por la entrepierna durante años), y a la espera de que la investigación abierta en la Audiencia Nacional desvele desde la X hasta el nombre del último becario de la tramala X, contamos ya con suficientes datos contrastados para exigir actuaciones concretas a quienes pretenden ponerse de perfil, mirar para otro lado o conectar el ventilador para seguir ensuciando la democracia y protegiendo intereses personales o partidistas.