Este miércoles se han producido dos hechos que marcarán el clima político en la lucha contra la pandemia y también la solidez o fugacidad de esta legislatura. Por una parte, ha habido ofertas y contraofertas para alcanzar una mayoría lo más amplia posible que respalde este jueves la votación del estado de alarma, su duración y sus condiciones de control parlamentario (ver aquí). Por otra, el Gobierno ha entregado en el Congreso un proyecto de Presupuestos para 2021 que incluye la mayor inversión pública que se recuerda, con el objetivo de garantizar una salida a esta megacrisis que evite ahondar (aún más) la ya enorme brecha de desigualdad surgida de la gestión de la anterior crisis.
Se ha visibilizado en la última semana un cambio claro en la estrategia del PP que va más allá del contundente y eficaz discurso de Pablo Casado en defensa propia contra esa moción de censura imposible de Santiago Abascal que terminó en autolesión. El PP acepta la declaración de estado de alarma, después de meses de hiperbólico rechazo, en el que ha llegado a acusar al Gobierno de ejercer una “dictadura constitucional”. Es un paso mucho más importante del que se ha pretendido aparentar, porque Casado asume implícitamente con su abstención el fracaso de su estrategia de polarización, de confrontación total, de negacionismo y de anclaje obsesivo en un debate jurídico que ocultaba la apuesta por el tacticismo político en mitad de una crisis de salud pública.
La dirección del PP ha buscado de inmediato fórmulas para justificar ese cambio de tercio. Se comprende, en un clima político y mediático en el que reconocer un error, incluso la más mínima duda, se castiga como pura incapacidad o cobardía. (No se lee lo suficiente a Camus, para qué hablar de Descartes). Así que cuando una mayoría de comunidades autónomas pide un nuevo estado de alarma y Pedro Sánchez lo anuncia para seis meses, Casado regatea con la contrapropuesta de limitarlo a dos meses y con un estricto control parlamentario (ver aquí). Está en su derecho, y por supuesto que es discutible ese periodo de seis meses planteado por el Gobierno, aunque tampoco sea original, puesto que Italia por ejemplo lo ha hecho así desde enero. Pero lo que flaquea es la argumentación del PP: “hay que salvar la Navidad”.
Sostener como prioridad que las restricciones deben tener como límite las vísperas de las fiestas demuestra que algunos –no sólo Casado– siguen sin entender ni escuchar las indicaciones de los científicos y sin aceptar la falsedad del dilema entre economía y salud (ver tintaLibre de noviembre). Los epidemiólogos consideran ahora mismo irreal, por no decir imposible, pensar que a finales de diciembre el nivel de contagios y la situación sanitaria en España permitan cierta “normalidad” en la campaña navideña (ver aquí). Yo, que no soy epidemiólogo ni economista, me permito lanzar al menos una duda: incluso en la hipótesis improbable de que la situación mejore sensiblemente en las próximas semanas, ¿sería responsable zanjar las limitaciones estrictas de movilidad y fomentar las reuniones familiares o sociales, los abrazos, los besos y los brindis? ¿En serio nos planteamos poner fin al estado de alarma y hacer un paréntesis entre el sorteo de la Lotería y la desangelada visita de los reyes magos? Ya que no aceptamos una sola sugerencia del “comunismo capitalista” chino, al menos aprendamos algo de su forma de abordar el Nuevo Año en mitad de la pandemia (ver aquí).
Se trata de cuidar menos la zambomba y más a quienes se empeñan en tocarla cada año. Se trata de salvar vidas y de descongestionar los hospitales. Y si no somos capaces de asumir esa prioridad es que no entendemos nada, ni de salud pública ni tampoco de economía. Insisten cada semana el Fondo Monetario, la OCDE o el BCE (trincheras socialcomunistas como todo el mundo sabe): medidas contundentes y drásticas ayudarán más a la recuperación económica que el titubeo, la incertidumbre o el cerril negacionismo ante la pandemia. Ya que Casado le ha cogido gusto a sembrar en Bruselas todo tipo de dudas sobre la confianza que merece el Gobierno de España en su gestión contra el coronavirus, al menos podría esforzarse en escuchar lo que este mismo miércoles ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen: “Las navidades de este año van a ser diferentes. Todo dependerá de cómo nos comportemos en las próximas semanas, pero serán diferentes” (ver aquí). Obvio, salvo que uno se empeñe en jugar a la ruleta rusa permanente de exigir rápidas desescaladas que desembocan en nuevas transmisiones comunitarias. Salvo que uno decida, de verdad, que su modelo para el gobierno de España es el de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Sorber y soplar a la vez no puede ser. Sostener al mismo tiempo que Sánchez e Iglesias pretenden implantar un régimen “totalitario” con el estado de alarma y acusarles de “lavarse las manos” por ceder a los presidentes autonómicos la decisión sobre medidas concretas que ampara ese mismo estado de alarma es simplemente un sindiós. Dicho (o escrito) esto, y prescindiendo de tanta hipérbole y manipulación político-mediática, es discutible y debe ser discutida la prepotencia que el Gobierno se empeña a veces en practicar o aparentar. Sánchez ha pasado este jueves fugazmente por el Congreso y ha sido Illa el encargado de defender el nuevo estado de alarma. Entiendo que se pretende acentuar las diferencias entre esta alarma y la anterior: ahora toda la responsabilidad recae en los presidentes y presidentas de comunidades autónomas y la coordinación en la Comisión Interterritorial que preside el ministro de Sanidad. Se trata de evitar que la gestión contra la pandemia se convierta en un pim-pam-pum interminable para desgastar al Gobierno de coalición, sin competencias sanitarias. Se trata de reivindicar la realidad y la conveniencia de utilizar las herramientas del Estado autonómico, como Alemania usa las de su estado federal (con polémicas puntuales por las contradicciones entre lo que decide cada land). Pero no es imprescindible tampoco obcecarse en demostrar lo que es obvio. Ni siquiera la cita con el Consejo Europeo de este jueves lo justifica. La debilidad parlamentaria de la coalición de gobierno aconseja una humildad incluso excesiva. Es cierto que situar como horizonte el 9 de mayo no significa que el estado de alarma no pueda decaer antes si los datos sanitarios lo permiten. Pero tampoco pasa absolutamente nada si uno acepta un control parlamentario más frecuente o un compromiso de revisión de ese estado de alarma mensual o bimestral. Lo exigible es que en esas revisiones se haga caso de la realidad epidemiológica, y no de los antojos de la derecha en su competición con la ultraderecha.
En realidad, la sorprendente dureza del mensaje de Casado a Abascal en el rechazo a su moción de censura es una forma (autodefensiva) de admitir que esta legislatura puede durar lo que ni Abascal ni Casado (ni siquiera un Ciudadanos que resetea su navegador) imaginaban. Y por eso el proyecto de Presupuestos entregado este miércoles en el Congreso es otro hito importante en el escenario político a medio plazo. No es este el lugar para analizarlo en detalle, pero basta con apuntar que los dos miembros de la primera coalición de gobierno estatal en cuarenta años de democracia han cedido ante una realidad excepcional marcada por la pandemia y sus secuelas socio-económicas. Sólo un incremento bestial del gasto público puede sacarnos de esta crisis evitando una conmoción social, incluso violenta. Quienes se entregan a los falsos cánticos del ordoliberalismo, sepan que desde mayo ya han caído en la pobreza otros ocho millones de estadounidenses (ver aquí). Los presupuestos de la llamada “reconstrucción” no sólo son una necesidad, sino una oportunidad para afrontar de una vez por todas el cambio de época que pide a gritos la realidad de España, y que incluye un nuevo modelo económico que huya del cóctel del ladrillo y el turismo barato, una fórmula exitosa para el capitalismo especulativo, pero letal para una ciudadanía que desea instalarse en el progreso del siglo XXI.
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Este artículo ha sido actualizado a las 11 de la mañana del jueves, 29 de octubre, para introducir una corrección a sugerencia de un suscriptor de infoLibre.
Este miércoles se han producido dos hechos que marcarán el clima político en la lucha contra la pandemia y también la solidez o fugacidad de esta legislatura. Por una parte, ha habido ofertas y contraofertas para alcanzar una mayoría lo más amplia posible que respalde este jueves la votación del estado de alarma, su duración y sus condiciones de control parlamentario (ver aquí). Por otra, el Gobierno ha entregado en el Congreso un proyecto de Presupuestos para 2021 que incluye la mayor inversión pública que se recuerda, con el objetivo de garantizar una salida a esta megacrisis que evite ahondar (aún más) la ya enorme brecha de desigualdad surgida de la gestión de la anterior crisis.