Salvo los adalides del “no a todo” y unos cuantos lunáticos que creen más en el diablo que en la ciencia, nadie niega ya que el estado de alarma que ahora concluye y que permitió el confinamiento mayoritario y el control de la movilidad ha salvado centenares de miles de vidas en España. Lo confirman los datos de evolución de la pandemia y la situación actual de los hospitales, y así lo cree una inmensa mayoría de la ciudadanía (ver CIS) pese al ruido y la furia de las caceroladas y sus promotores de la derecha extrema. Pero sería una absoluta irresponsabilidad, además de una desvergüenza desde el punto de vista ético, que no fuéramos capaces de afrontar con todas las consecuencias una realidad indiscutible: miles de mayores encerrados en residencias murieron entre marzo y mayo sin ser trasladados a hospitales. Seríamos una sociedad enferma de algo mucho más grave que el coronavirus si no exigimos conocer toda la verdad de lo ocurrido y si no extraemos las lecciones correspondientes para cambiar lo que haya que cambiar en el modelo sociosanitario y de cuidados con el objetivo de que no se repita un horror semejante.
Durante casi tres meses, infoLibre se ha esforzado en conocer y documentar esa tragedia (ver aquí el dosier de la investigación que coordina Manuel Rico). Desde los datos sobre la propiedad de los grandes grupos multinacionales que controlan la mayor parte de los geriátricos hasta el Protocolo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendía ocultar y que demuestra que se establecieron “criterios de exclusión” para prohibir que los mayores enfermos fueran trasladados desde las residencias a los hospitales en las semanas más duras de la pandemia. A medida que íbamos desvelando datos, documentos oficiales y testimonios estremecedores (ver aquí), Isabel Díaz Ayuso y sus palmeros intentaban lavarse las manos o desviar la atención mediante las técnicas de desinformación más habituales: primero negaban, después decían que el Protocolo era un borrador, más tarde que había sido enviado “por error”, luego que todo era decidido “por los médicos” o que se ha hecho “lo mismo que en todas partes”, etcétera. Ya quedó aún más en evidencia ese serial de falsedades cuando el propio consejero de Políticas Sociales del gobierno madrileño, Alberto Reyero (de Ciudadanos), explicó que el Protocolo efectivamente era un Protocolo, que él se negó a asumirlo y que además advirtió por escrito que esa instrucción era rechazable desde el punto de vista ético y “posiblemente no es legal” (ver aquí).
Pero el PP y sus altavoces mediáticos no descansan en el intento de instalar un relato que distorsione la realidad de lo ocurrido en las residencias y la responsabilidad sobre la misma. Se basan en tres elementos que repiten machaconamente:
1.- "El responsable máximo de la gestión de las residencias durante el estado de alarma era el Gobierno central, y concretamente su vicepresidente Pablo Iglesias". Basta con leer los artículos 4 y 6 del real decreto del 14 de marzo o la orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo referida específicamente a las residencias de mayores (ver aquí) para comprobar que los gobiernos autonómicos mantuvieron todas sus competencias sociosanitarias e incluso las vieron reforzadas. Eso sí, recibieron 300 millones de euros desde el ministerio de Iglesias como fondo de emergencia que algunas comunidades como Madrid y Cataluña prefirieron utilizar en gran parte para comprar equipos de protección y no para reforzar los recursos sanitarios en los geriátricos (ver aquí). La Unidad Militar de Emergencias del Ejército acudió a miles de residencias para realizar labores de apoyo y desinfección (y para descubrir cadáveres prácticamente abandonados o residentes sanos que compartían salas con mayores enfermos).
2.- "Protocolos ha habido en todas las comunidades y países, son habituales y necesarios y los dictan los propios médicos". Esta segunda clave a la que se aferran en su relato parte de una manipulación descarada. El problema no es la existencia (no sólo conveniente sino obligatoria) de Protocolos de actuación, sino el contenido de los mismos: lo que dicen y quién lo dice. El Protocolo clave que desveló infoLibre establecía “CRITERIOS DE EXCLUSIÓN”, así, en mayúsculas, relacionados con la discapacidad física o mental de los ancianos, y estaba firmado por un alto cargo del gobierno de Ayuso (ver aquí). Pretenden confundir una orden administrativa con la práctica médica del triaje que lícitamente los profesionales de centros sanitarios se ven obligados a ejercer para volcar sus esfuerzos y recursos en los pacientes con más posibilidades de vivir. ¿Otras comunidades han hecho exactamente lo mismo? Para sostener eso hay que mostrar documentos que prueben “criterios de exclusión” similares a los impuestos en Madrid.
3.- Cuando la distorsión de las palabras no resulta suficiente, entonces se opta por manipular las estadísticas. Hacen circular unos gráficos en los que aparece Aragón, y no Madrid, como la comunidad “con más muertes en residencias” si se examina la proporción con las muertes totales en cada comunidad (ver aquí). Ese dato, que es correcto, se saca de contexto y pretende ignorar que Madrid tiene el 13% de las plazas de residentes en España y el 30% de fallecidos. O que ha sido la comunidad que menos centros asistenciales intervino –apenas el 2%– en proporción a la cifra de muertes registrada en los mismos (ver aquí). Para evitar cualquier intento de distorsión con la intencionalidad que sea, la receta es muy sencilla: transparencia absoluta. Hagan públicos todos los datos que se solicitan. Por ejemplo: el gobierno madrileño y otros ocho ejecutivos autonómicos y dos forales siguen ocultando el desglose de fallecidos por cada residencia (ver aquí), lo cual además permitiría conocer por ejemplo si esos “criterios de exclusión” han afectado por igual a todos los geriátricos, si se han salvado de la discriminación quienes tenían seguros privados o vivían en centros de alto standing, si los centros no pertenecientes a grandes grupos multinacionales han tenido una menor tasa de contagios y de mortalidad, etcétera.
Los especialistas en la confrontación, el ruido y la desinformación actúan siempre como si todos los demás fuéramos igualmente sectarios. Les resulta eficaz la vieja técnica del ventilador, de modo que si ellos se dedican a defender a cualquier precio lo que sea con tal de favorecer a unas siglas políticas (especialmente si riegan de publicidad institucional a sus pregoneros) dan por hecho que otros funcionamos del mismo modo. Confunden independencia con neutralidad, y enfangan el periodismo con la misma irresponsabilidad que quienes generalizan acusando a “la clase política” de corrupta. No todos son/somos iguales.
Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, deberíamos compartir de forma abrumadora una misma vergüenza colectiva: la de haber abandonado a nuestros mayores en la mayor crisis de salud pública que hemos afrontado. Esa losa pesa sobre nuestra conciencia colectiva, y debería llevarnos a compartir también unas mínimas conclusiones mirando al futuro:
- Son necesarias comisiones de investigación en todas las comunidades autónomas, independientemente de quién las gobierne, para esclarecer la actuación sobre las residencias de mayores durante estos meses. Cada Ejecutivo está obligado a facilitar toda la información exigible, porque es la única forma de conocer la verdad y actuar en consecuencia.
- Las competencias sobre las residencias son indiscutiblemente de las comunidades autónomas, pero esa realidad legal, administrativa y normativa no exime al Gobierno central de tomar la iniciativa para legislar urgentemente con el fin de cubrir las dramáticas debilidades del modelo sociosanitario evidenciadas por la pandemia.
- A través incluso de modificaciones en leyes ya existentes como la Ley General de Sanidad o la Ley de Dependencia es posible y deseable introducir criterios o condiciones mínimas de carácter estatal sobre los recursos humanos y técnicos exigibles a las empresas que gestionan los cuidados. Porque es injusto pensar que todas las residencias funcionan con la misma voracidad mercantil. Hay muchas, gestionadas por profesionales bien formados y equipos cualificados, cuya prioridad no es engordar el margen de beneficio a costa de la desatención de los residentes (ver aquí algún ejemplo).
- No debería ofrecer tampoco mayor discusión una medida factible a través de la Ley de Contratos del Sector Público: ni un solo euro de los contribuyentes puede llegar a empresas dedicadas al negocio asistencial y controladas desde sociedades radicadas en paraísos fiscales (ver aquí).
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Cuidar a las personas mayores vulnerables (que no son todas, ojo con los prejuicios y el edadismo), ya sea en geriátricos o en sus casas, tendría que ser considerado un mimbre fundamental del Estado del bienestar. Los miles de muertos en residencias son el mayor aldabonazo que repica en nuestras conciencias. No basta con trasladar todas las responsabilidades a los políticos, por mucho que algunos pretendan escabullirse y hasta tomarnos por imbéciles a la hora de explicar su gestión. Mirémonos hacia dentro. Durante demasiado tiempo, y en muchos casos con pocos escrúpulos, hemos concebido las residencias como una especie de aparcamientos para personas, lugares más o menos preparados que nos permiten seguir con nuestras vidas mientras aquéllas a las que debemos casi todo van concluyendo la suya. El coronavirus nos ha impuesto mascarillas, pero también hace caer ciertas máscaras que servían para disfrazar crudas realidades que quizás no queríamos ver.
Sí, #VamosASalir, como reza el hashtag de la iniciativa cívica que un montón de gente hemos empezado a compartir este jueves a través de las redes, los medios y el boca a oreja (ver aquí). Quien no quiera sumar, ayudar, cooperar "desde la concordia", que se aparte y grite o golpee cacerolas, pero que no nos estorbe para avanzar y mejorar. Es la hora de lo común, del fortalecimiento de lo público bien gestionado, de invertir en el sistema sanitario, en la investigación y las ciencias, en los cuidados. Es el momento de revisar todos los fallos y prepararnos para un futuro (ya presente) muy complejo. Nadie vio venir ni estaba preparado para este horror. Lo imperdonable sería no aprender nada de lo ocurrido. No lo merecen nuestros mayores ni nuestros hijos. No lo merecemos.
P.D. ¿Recuerdan que hace sólo una semana la letanía monocorde consistía en que la autorización en Madrid de la manifestación feminista del 8-M era la causa fundamental de la explosión del covid en España? Carpetazo judicial a una causa que nunca debió abrirse (ver aquí). A otra cosa. A buscar una nueva trampa para no centrar el debate público en lo que más importa. Atentos, porque la próxima pretende nada menos que condicionar las ayudas europeas a España bajo la excusa de que “el socialcomunismo” va a malgastarlas (ver aquí). El diablo nos libre de tanto ‘patriota’.