A cinco días de las elecciones del 24-M, y con dos millones y medio de indecisos por medio, pido disculpas por contar una historia personal, y por tanto aún más subjetiva de lo habitual, aunque juraría que se trata de una experiencia (demasiado) común.
Un familiar cercano se pone muy enfermo. Lo llevamos a Urgencias del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, uno de los centros sanitarios públicos más modernos y avanzados de Madrid, de España y de Europa. El personal que lo atiende hace lo que es su obligación y con un trato profesional y humano intachable. Pero hay que estar nueve horas en Urgencias, el paciente dolorido y agotado en una silla y después en una camilla. “No hay camas. Estamos desbordados”. Y eso que ya ha pasado el pico de la gripe invernal que tenía colapsados los servicios de urgencias de todos los hospitales públicos madrileños. “Si hay algún alta o fallecimiento, le daremos habitación”.
Esa experiencia se repite tres veces en el plazo de un mes y medio. Horas interminables en Urgencias, ingreso en habitación, pruebas clínicas, mejoría provisional, alta a la espera de cita para operación quirúrgica y vuelta a ingresar por empeoramiento. El paciente necesita que se le extraiga la vesícula para evitar nuevas crisis de páncreas y de hígado. Pero hay hasta seis meses de lista de espera. Eso sí: “si usted quiere puede ser operado antes de treinta días en uno de estos siete hospitales”. Seis son de gestión privada.
No se le ocurre a uno la más mínima objeción que hacer al personal médico y clínico del Hospital Puerta de Hierro. Sí, desde luego, una enmienda a la totalidad de los dirigentes del Partido Popular que llevan más de veinte años gobernando en Madrid, trece de ellos con todas las competencias de Sanidad en sus manos. Y que siguen presumiendo de “la mejor sanidad del mundo”.
El paciente ha contribuido devotamente con sus impuestos y sus cuotas a la Seguridad Social convencido de que de este modo se garantizaba un servicio público de salud para sí mismo y para quienes lo necesitaran. El paciente, y sus familiares, hemos dado siempre por supuesto que la sanidad privada es una opción (de hecho muchos pagamos pólizas profesionales para recurrir a la sanidad privada y lo hacemos sin dejar de cotizar a la Seguridad Social y sin que nadie nos haga por ello descuentos fiscales). Utilizan la privada quienes quieren o pueden permitírselo, pero en ningún caso esa opción tiene por qué reducir la eficiencia de la sanidad pública.
Los mitos y los datos
El amable personal de Puerta de Hierro explica que adelantar la operación por la vía privada no supondrá coste al paciente. ¿Alguien conoce una sola memoria económica que explique qué ahorro exacto supone para los contribuyentes el desvío de operaciones y tratamientos desde la sanidad pública a hospitales privados? ¿Alguien ha visto un solo informe detallado sobre los ingresos que los hospitales privados reciben gracias a los recortes en los centros sanitarios de titularidad autonómica? De hecho existen datos en el sentido contrario al que proclaman quienes siempre defienden una mayor eficiencia y menores costes de la gestión privada respecto a la pública.
Bienvenidos al próximo Parlamento español (III)
Los hospitales públicos de Madrid cierran sus quirófanos por las tardes, están prácticamente bajo mínimos de personal desde el viernes hasta el lunes, de modo que en esos tres días no hay forma de ejecutar altas o ingresos salvo en pasillos o camino del tanatorio. Por no hablar de que cuando se dice que no hay camas disponibles, cabe la posibilidad de que estén cerradas una o dos plantas para ahorrar costes. Basta con preguntar a los profesionales de la sanidad pública, tanto en hospitales como en centros de salud, que llevan años advirtiendo del galopante empeoramiento de sus condiciones de trabajo y, por tanto, del subsiguiente deterioro de la atención a los enfermos.
Cuando uno observa que todas las encuestas contemplan a día de hoy entre un 30 y un 45% de electores indecisos y escucha a Mariano Rajoy proclamar en un mitin que “lo que va a pasar es que al final no pasa nada y el PP va a ganar las elecciones autonómicas y municipales”, uno prefiere pensar que la indecisión no supone que el llamado voto oculto sea exclusivo de quienes ya gobiernan en diez de las trece comunidades que van a las urnas. Y que es difícil que en cualquier familia no exista alguna experiencia similar a la relatada.
La duda es sabia, y conviene abrir un debate riguroso sobre las reformas necesarias para sostener el Estado del Bienestar, incluido el modelo fiscal pertinente. Las fuerzas políticas que se proclaman progresistas están obligadas a plantear soluciones que garanticen el derecho a la salud (o a la educación) sin claudicar al puro negocio que esconden los planteamientos neoliberales. Puede hacerse si se escucha atentamente a los profesionales de la sanidad pública, los investigadores, las asociaciones de especialistas que, junto a la Marea Blanca, consiguieron frenar en la calle y en los tribunales el proceso de privatizaciones que se había iniciado en Madrid. Pero que nadie se engañe. Fue un simple freno. El Tribunal Constitucional ha dejado abierta la puerta a la mal llamada “externalización”. Y quienes se juegan en esa apuesta un negocio de miles de millones de euros confían mucho en los indecisos.
A cinco días de las elecciones del 24-M, y con dos millones y medio de indecisos por medio, pido disculpas por contar una historia personal, y por tanto aún más subjetiva de lo habitual, aunque juraría que se trata de una experiencia (demasiado) común.