Vaya por delante una primera convicción: la elección de candidatos a la presidencia del Gobierno en primarias abiertas debería ser obligatoria para todos los partidos. Y aunque hoy no lo sea, el clamor por una renovación de las formas y del fondo del funcionamiento democrático terminará pasando factura a quienes sigan instalados en el liderazgo 'digital' y en el conchabeo de las camarillas y los aparatos de las organizaciones políticas.
El comité federal del PSOE se ha reunido este sábado para acordar los detalles de la convocatoria de primarias abiertas que decidirán su próximo candidato o candidata a la presidencia del Gobierno. Se ha fijado como fecha finales de noviembre, y en ese proceso se jugarán sin duda los socialistas la posibilidad de recuperar credibilidad o el riesgo de que el PSOE se quede en unas siglas con mucha historia y poco futuro. Los detalles de la ejecución de esas primarias (censo, forma y plazos de votación, etcétera) son los que pueden despejar cualquier duda acerca de si hay una verdadera ambición de regeneración o bien se trata sólo de un paso saludable, poco menos que obligado por las circunstancias, y condicionado por el intento de mantener las riendas del poder real en las mismas manos.
Credibilidad en juego
Las primarias abiertas constituyen un termómetro clave para comprobar si un partido que aspira a volver al Gobierno recoge o no la exigencia de regeneración que se percibe en las encuestas, en las mareas ciudadanas, en las influyentes redes sociales. Por muchas propuestas que los socialistas hagan en defensa del sostenimiento del Estado del Bienestar, en pro del laicismo o de un Estado federal, todos los sondeos de los últimos dos años demuestran que su mayor problema es de credibilidad. Y sin un renovado liderazgo no tendrán forma de reilusionar a un electorado decepcionado ya en demasiadas ocasiones y cada vez más alejado de la política.
Al margen de las legítimas disputas internas entre posibles candidatos, lo trascendente de esta convocatoria de primarias es si representa o no esa búsqueda sincera de la apertura a la ciudadanía y la ruptura de un modelo de partidos repletos de gente apegada al sillón y movida por sus prioridades personales más que por el servicio público. La 'ley' de las primarias ya estaba hecha, desde el Congreso de Sevilla y refrendada por la Conferencia Política del pasado otoño. Lo importante es el reglamento, como sostenía el Conde de Romanones, referente del liberalismo y protagonista estelar, hace un siglo, del sistema corrupto y turnista de la Restauración.
¿Máxima participación?
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El reglamento de las primarias, aprobado por amplísima mayoría, no despeja todas las dudas previas sobre los objetivos últimos del proceso. Que las futuras primarias no sean abiertas para las elecciones autonómicas salvo que lo pida expresamente la dirección territorial del partido da alas a la tentación de los aparatos de bloquear su propia renovación. Que no se permita en las primarias abiertas para las generales votar hasta el último día desincentiva la participación ciudadana. Los miedos expresados a que desde fuera se intentara torcer la decisión interna no tienen mucho sentido. La compra de votos a la que tan aficionado era el conde de Romanones es inimaginable ahora; como lo es pensar que, a escala nacional, millones de personas alejadas de la sensibilidad de la izquierda firmen un documento público asumiendo principios y valores socialistas y paguen dos euros por participar y votar en unas primarias sólo para fastidiar al PSOE. Es bastante sencillo garantizar una limpieza total, y así lo confirman las experiencias de Francia o Italia, sin ir más lejos. El PSC, de hecho, sí permitirá en sus primarias inscribirse y votar hasta el último día.
Lo explicaba en estas mismas páginas el impulsor de las primarias abiertas en el Partido Democrático italiano, el senador Stefano Ceccanti: las primarias deben buscar y facilitar la máxima participación ciudadana o pierden parte de su sentido como impulso democrático. Una baja participación, que alcance sólo a los militantes y sus entornos inmediatos, podría ser un fracaso como motor de esa proclamada renovación.
Algunos de los máximos referentes del PSOE, desde Felipez González o Alfonso Guerra hasta el propio Rubalcaba, no han ocultado nunca su resistencia al sistema de primarias, ya desde aquella inesperada victoria de José Borrell sobre Joaquín Almunia que tanto disgustó a los popes del socialismo y a los poderes mediáticos y económicos que lo condicionan, más acostumbrados al manejo de los acuerdos y componendas internas. Que algunos hayan dado este paso más por obligación que por convicción no resta mérito al hecho de que se trata de un paso histórico. Ni tampoco oculta los riesgos de que el uso del reglamento aprobado pueda desinflar las expectativas que despierta.
Vaya por delante una primera convicción: la elección de candidatos a la presidencia del Gobierno en primarias abiertas debería ser obligatoria para todos los partidos. Y aunque hoy no lo sea, el clamor por una renovación de las formas y del fondo del funcionamiento democrático terminará pasando factura a quienes sigan instalados en el liderazgo 'digital' y en el conchabeo de las camarillas y los aparatos de las organizaciones políticas.