Hace mucho tiempo que en los congresos del PSOE no se discute en torno a la viabilidad del proyecto socialdemócrata, a su capacidad o incapacidad de atraer a la gran mayoría de la población. La deliberación sobre ideas y proyectos fue sustituida por la búsqueda de liderazgos que nos condujeran al gobierno. Desde que Felipe González dejó de ser secretario general (1997), el PSOE se centró sobre todo en encontrar, cuanto antes, un líder nacional que hiciese real el apotegma: “somos un partido de gobierno”. De tanto poner énfasis en conquistar gobierno soslayamos la tarea política primordial de un partido: definir y delimitar el ideario del campo socialista para, de esa manera, fomentar un sentimiento de pertenencia que fuera más allá de los intereses territoriales de cada una de las federaciones que integran el partido. Es decir, se sobrepusieron las aspiraciones territoriales –y algunas veces, las estrictamente locales, para mayor carga de inconsistencia– en debates que deberían haber tenido un sentido transfronterizo, hasta llegar al extremo de adoptar decisiones “verticales” en virtud de los intereses de cada una de las regiones y de sus respectivas “baronías”. Cobró cuerpo la verticalidad y perdió la horizontalidad en los posicionamientos políticos. La oligarquización en la toma de decisiones sustituyó a la democracia deliberativa y, con ello, la vida interna del partido fue volviéndose cada vez más líquida o, si se quiere, más silenciosa compensada, la mayoría de las veces, por la acumulación de cargos institucionales a nivel local y regional. Así pues, el debate ideológico llegó a convertirse en un actor secundario y la escena crucial la protagonizó la elección de quién sería cabeza de cartel en el siguiente concurso electoral.
Lo importante, recargar la batería ideológica y abonar el terreno de las emociones para que la sequía del desencanto no agudizara la sensación de irrelevancia, enmudeció a favor de la incorporación de un modelo presidencialista o cesarista que acabaría por laminar cualquier intento de fortalecer la democracia interna. Lamentablemente, el procedimiento de primarias no ha coadyuvado a extender la democracia deliberativa en los órganos de toma de decisión ni tampoco ha servido para integrar a las minorías discrepantes en las distintas ejecutivas y en las instituciones. Por el contrario, las primarias han sido utilizadas para afianzar el modelo bonapartista y zafar al líder de turno de debates trascendentales a costa de renunciar al sentido último de la socialdemocracia. Quede claro, no estamos en contra de las primarias. Estamos en contra de legitimar las primarias como un proceso en el que “el que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo”. El sentido de las primarias no puede ser el de sacralizar al líder y convertir a la militancia en monaguillos. No basta con decir “un militante, un voto”; es necesario pero insuficiente para democratizar realmente al partido. Hace falta establecer mecanismos que garanticen mayores cotas de inclusión en las distintas esferas de la vida orgánica e institucional del partido. En anteriores artículos publicados en infoLibre, expusimos algunas propuestas para evitar los efectos perniciosos del sistema de primarias.
Las preguntas que subyacen aquí son: ¿por qué los ciudadanos ya no conectan con nosotros?, ¿por qué el PSOE ha dejado de ser visto como partido impulsor de los cambios sociales?, ¿por qué el PSOE ha perdido el tono vital hasta el punto de ser percibido como una fuerza complementaria del sistema? Hay quienes, con poca memoria, sitúan el momento del gran desapego en el final de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, para la denominada “vieja guardia”, para quienes prefirieron abandonar el marxismo y deificar a Felipe González, la etapa de Rodríguez Zapatero es un “paréntesis” en la historia del socialismo español. Una época, afirman, para olvidar. Puede que esta lectura del pasado les reconforte pero no responde totalmente a la realidad. El PSOE lleva desfondándose políticamente desde hace mucho tiempo atrás.
Sin duda alguna, el primer trauma post-electoral sobrevino cuando Felipe González perdió las elecciones en marzo de 1996 y no pudo revalidar su mandato como presidente de gobierno. Se perdió por poco, es cierto (el PP obtuvo 9.716.006 votos mientras que el PSOE 9.425.678 votos). Con todo lo que había ocurrido desde 1993 a 1996 apenas hubo una diferencia de 290.328 votos. Quizá ese hecho, haber perdido por tan poco, facilitó que no se debatieran en profundidad las causas del declive socialista y que en el decisivo XXXIV Congreso Federal (junio de 1997), en el que González anunció que no optaría a la secretaría general con el fin de propiciar la renovación del partido y, de paso, arrastrar a Alfonso Guerra a abandonar la ejecutiva, no se trataran las razones de peso por las cuales el PSOE se había desplomado en las urnas y dejado de ser el partido de referencia para amplias capas de la población.
Tres eran los temas que estaban en el tapete y que, por desgracia, la sucesión del liderazgo de Felipe González los evaporó por completo: lo relativo a la tensión entre Estado de Derecho y razón de Estado, lo que incumbe a la economía social de corte socialdemócrata frente a prácticas económicas social-liberales y lo referente al modelo de organización del partido.
1. La zona oscura: razón de Estado
Frente al terrorismo de ETA fueron apareciendo distintos grupos ilegales que pretendían combatir con las armas aquella organización criminal: los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco-Español, la Triple A y los Grupos Armados de Liberación (GAL). Todos estos grupos armados tuvieron algún tipo de permisividad, consentimiento o complicidad por parte de algunos altos servidores del Estado. Su existencia ponía en entredicho los propios principios básicos y fundamentales del Estado de Derecho. Por entonces, se hablaba de las “cloacas” del Estado dando a entender que son inevitables y que no hay Estado de Derecho sin esa “zona oscura” del uso de la violencia ilegítima. No obstante, en lo que nos afecta, no debemos eludir la pregunta: ¿por qué con el tema de los GAL se adoptó una actitud abstencionista de dejar hacer, dejar pasar? Desde una óptica de izquierda la pregunta que se nos impone es qué se hizo para transformar determinadas estructuras del Estado. No podíamos ni podemos justificar que en el aparato represor del Estado no se hubiera limpiado a tiempo el lastre dejado por la herencia del franquismo, ni tampoco que la democracia haya entrado tan tarde en una de las zonas más sensibles del aparato estatal. No puede haber razón de Estado ni patriotismo de partido para justificar la existencia de hábitos perversos, tramas político-policiales heredadas de la dictadura en los cuerpos de seguridad del Estado.
El aplazamiento casi indefinido de la reforma de las fuerzas de seguridad del Estado probablemente fue una de las razones que contribuyeron a la derrota electoral.
2. Sintonía con las políticas neoliberales
Sobre la política económica de los gobiernos de Felipe González cabe hacer una interpretación específica española frente al resto de los países europeos. España tenía pendiente no sólo la incorporación a la Unión Europea, sino también de manera especial la construcción de un Estado de Bienestar. Ambas misiones se identificaron, en el sentir colectivo, como logros de Felipe González. En efecto, suponían un claro avance en temas como la universalización de la sanidad, la universalización de la educación hasta los dieciséis años, el acceso generalizado a la universidad fomentado por una política de becas hasta entonces desconocida, la implantación de las pensiones no contributivas, la superación de una política de beneficencia por un pilar incipiente de servicios sociales y un impulso muy importante en una red de infraestructuras públicas, etc.
Unos cambios profundos en nuestro país que tuvieron su principal reflejo en nuestros municipios. Los socialistas gobernábamos en las principales ciudades de España y lo hacíamos acompañados de un impulso ciudadano de cambio ante un hábitat muy desolador: había que superar las ciudades o barrios “dormitorios”, carentes de todo tipo de servicios. Y no hay duda de que las ciudades comenzaron a cambiar. Así nacían hospitales y centros de salud, colegios y escuelas infantiles, universidades, viviendas públicas y rehabilitación de entornos urbanos, complejos deportivos y culturales, etc. Una micro política que sin duda contribuyó al bienestar social y que sedimentaba fuertes redes de solidaridad a través de unos nuevos servicios sociales.
Pero, paradójicamente, serían estos logros y una cierta autocomplacencia los que frenaron el verdadero debate que se cernía sobre el auge de las políticas neoliberales en Europa. En el ámbito nacional, el problema con que se enfrentó el gobierno socialista era cómo gestionar la crisis económica de los años ochenta del siglo pasado, cuya característica principal era la pérdida de rentabilidad del capital a largo plazo. Los efectos de aquella crisis fueron: el decrecimiento de la inversión productiva, la aparición del paro estructural, el desequilibrio entre consumo y producción y, sobre todo, el nacimiento de la economía especulativa. Si queremos ser justos en la valoración, no perdamos de vista el contexto internacional: la economía neoliberal se consolidó como paradigma dominante a partir de los gobiernos de Reagan y Thatcher. Dichos parámetros neoliberales tuvieron, en efecto, un claro influjo en la economía política española. Ecos de estos planteamientos neoliberales fueron lo que en la segunda mitad de los ochenta se propuso como “saneamiento económico”: la primacía del control de la inflación sobre la creación de empleo, una política macroeconómica dirigida hacia el control de la oferta monetaria y de los tipos de interés, una política fiscal que favorecía a la renta del capital sobre la renta del trabajo y todo ello se aderezaba con una retórica que elogiaba las virtudes del mercado. Fue la época en la que imperó un uso funesto del concepto de “modernidad”: era utilizado para convertir al mercado en el agente fundamental de la eficacia económica, para eliminar las normas reguladoras de las relaciones laborales, para justificar el abaratamiento del coste salarial y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, para promover la precarización del empleo con el objetivo de ser competitivos, etc. Y en paralelo se daba a entender que los sindicatos de clase eran una rémora para la modernización y el progreso.
En este período también se produjo una gran concentración de la riqueza, lo que por entonces se calificó “socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios”. Ni siquiera el más sano de los “posibilismos” o “gradualismos” podía justificar la dualización social que provocaba la aplicación de las premisas neoliberales. Y sostener que aquella política económica era la única posible constituye un verdadero desatino del pensamiento socialista, ya que implica reconocer explícitamente que había y hay que salvar los privilegios de quienes se benefician del statu quostatu quo. Triste noticia: defender la estabilidad no es sino defender el orden constituido. Y si ese orden es injusto, como ocurre en la sociedad capitalista, significa renunciar a la justicia social. Estamos convencidos de que la solución al desempleo no pasa necesariamente por la precarización del trabajo, de que la única vía para incrementar la demanda no es el recorte salarial y, en fin, de que el crecimiento económico es compatible con la justicia social, es decir, con el reparto de la riqueza y de las oportunidades. Para ello hubiera sido necesario que: 1) las grandes compañías transfiriesen anualmente un porcentaje mínimo de sus beneficios a los fondos de los asalariados, de tal manera que se hubiese garantizado el destino de los excedentes hacia el empleo; 2) se incrementara la influencia de los trabajadores en el proceso económico con el fin de avanzar hacia la economía social de mercado; 3) que existiera una mayor proporcionalidad en la presión fiscal entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades; 4) interpretásemos en sus justos términos el artículo 128 de nuestra Carta Magna: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Es evidente que en materia económica se habían adoptado medidas que nos alejaban extraordinariamente de las señas de identidad de la socialdemocracia clásica. El caso más notorio fue la reforma del mercado laboral de 1994, siendo catalogada por los sindicatos como auténtica “contrarreforma”. No menos significativo fue que aquella ley contó con el respaldo de la derecha y causó desconcierto en las bases sociales de izquierdas y un profundo rechazo de los sindicatos. Paradójicamente, la ley se presentó como un instrumento para la creación de empleo y no tan paradójicamente como un mecanismo para flexibilizar la rigidez del mercado de trabajo. ¡¿Cuánto tiempo llevamos con el mantra de la rigidez del mercado de trabajo?!
Sin duda alguna, toda esta sintonía con las políticas neoliberales incidió en el desgaste del gobierno socialista y ha tenido efectos sociales y electorales negativos.
3. El precio de la cohesión interna
Uno de los rasgos inherentes del proyecto socialista es la participación en la toma de decisiones y en los resultados económicos, sociales y culturales. Entendemos como un derecho inalienable intervenir en la toma de decisiones. Sin embargo, la situación del PSOE era a todas luces preocupante: se había convertido en un instrumento devaluado ya que la relación partido-gobierno, desde 1982, daba sobradas pruebas de sumisión, sucursalismo y seguidismo acrítico y acéfalo del partido respecto al gobierno. En aquellos años regía la máxima “se gobierna desde la Moncloa y no desde Ferraz”.
Asimismo, se aplicaba la tan manida “cohesión interna” como disolvente de la pluralidad. Es decir, se confundía cohesión interna con amordazamiento de la disidencia, con hacer de la disciplina un instrumento de control hasta el extremo de convertir el partido en una marioneta movida por muy pocos hilos y, en el peor de los casos, por uno solo. En la vida interna del PSOE se tendía fragmentar el debate alrededor de las zonas de influencia de los líderes regionales en vez de auspiciar el mismo en torno a posicionamientos políticos e ideológicos globales. Es el momento en que aparecen con intensidad las baronías territoriales como contrapeso a eso que se denominó “guerrismo”. Iniciamos el camino hacia un modelo de partido y de debate que consagraba el peso de cada federación, la fuerza de cada líder regional y, en consecuencia, se iba territorializando el discurso hasta llegar a perder el sentido global del pensamiento socialdemócrata. De forma que el discurso socialista ya no lo vertebraban las distintas corrientes o alas de pensamiento sino que los acuerdos o desacuerdos dependían de la región a la que se pertenecía y, por consiguiente, de lo que mantuviera el líder regional de turno.
En concomitancia con lo anterior, las Agrupaciones Locales fueron perdiendo entusiasmo, afán por el debate, y los militantes redujeron su capacidad política a cotizar, a realizar tareas puntuales en las campañas electorales y a apoyar pasivamente decisiones que no le habían sido consultadas. Con esta dinámica de funcionamiento, lógicamente los militantes carecían de recursos formativos para contrarrestar los ataques dirigidos tanto por el neoconservadurismo como por el neoliberalismo contra el socialismo.
Esta falta de respuesta del partido también contribuyó a la pérdida progresiva del voto entre la juventud y el respaldo social en las poblaciones de más de cincuenta mil habitantes.
4. No solo la corrupción
Es incuestionable que tanto los casos de corrupción como la financiación ilegal fueron la causa primordial de la pérdida de las elecciones. Pero, como decimos, sería erróneo atribuir tal pérdida sólo a la corrupción. La apropiación indebida de fondos reservados y la instrumentalización de la política como plataforma económica personal contribuyeron a deteriorar aceleradamente nuestra credibilidad. Comenzó a ser una broma de mal gusto hablar de “cien años de honradez”. Esas conductas delictivas e inmorales minaron el ánimo de muchos militantes y también alcanzaron de lleno en nuestros votantes y simpatizantes, pues desmoralizados perdieron la confianza en el PSOE.
Como vemos, todas estas cuestiones estaban sobre la mesa y eran ineludibles abordarlas y, sin embargo, en aquel XXXIV Congreso de 1997 de lo único que nos ocupamos fue de la sucesión del líder carismático. Para colmo de males el “dedo” de Felipe González impuso que su sucesor fuese Joaquín Almunia. La elección de Almunia significaba, desde la perspectiva de los procedimientos, el triunfo de la “dedocracia” sobre la democracia y, desde un punto de vista político, la victoria del ala liberal del partido. Añadamos que nada de lo que hizo González en ese Congreso fue censurado o criticado por el periódico de referencia de los progresistas españoles; al contrario, su línea editorial era la pauta-guía del proyecto socialista.
Ahora bien, ¿en qué centraron las causas de la derrota electoral aquellos que se vivieron implicados en los gobiernos de Felipe González? Podríamos hacer la pregunta de otra forma: ¿cómo se perciben a sí mismos quienes vincularon su vida política al proyecto de Felipe González? Según ellos, el derrumbe electoral se debía únicamente a dos causas: la corrupción y el enfrentamiento con los sindicatos. Ello puede verse en el balance que hacen de la época en el libro de María Antonia Iglesias, La memoria recuperada, Aguilar, Madrid, 2003. Ninguno de los próximos a Felipe González puso el acento en la política neoliberal que venía practicando el gobierno como causa de la desafección al proyecto socialista.
El eje de la política económica se resumía en la ecuación neoliberal: “menos regulación = más modernización = más crecimiento y empleo”. Contra ella se levantaron los sindicatos de izquierdas. Paradójicamente corrobora dicho balance el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al valorar dicha época: “Dentro de cincuenta años, cuando los historiadores describan la política económica de los gobiernos de la democracia (UCD, PSOE y PP) no apreciarán muchas diferencias entre la orientación de las mismas […] porque sus elementos esenciales fueron los mismos: la apertura de la economía española, las reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de los mercados y las políticas macroeconómicas ortodoxas. Cuando ahora, tan sólo siete años después de que los socialistas hayan dejado el gobierno, se nos pide resaltar algunas características de la política económica socialista, hay que sacar la lupa para encontrar algunas diferencias con las políticas de UCD y del PP…” (escrito para el libro de María A. Iglesias, Op.cit., pág. 903) Atendamos: Fernández Ordóñez nos recomienda “sacar la lupa” si queremos ver diferencias económicas entre la derecha y la izquierda. Quizá por esta razón Rodríguez Zapatero optó por él para que fuera la máxima autoridad del Banco de España.
Hay más, si repasamos las distintas valoraciones que hicieron de la huelga general del 14 D de 1988 quienes se vivieron identificados con el proyecto felipista, observaremos que existe una apreciación común sobre las causas de la misma: todo queda resuelto en un problema personal y psicológico del líder de la UGT, Nicolás Redondo. Fue el exministro de economía, Carlos Solchaga, quien mejor relató la supuesta patología psicológica del líder sindical: “Donde, en el caso de González, destacaba la seguridad y confianza en sí mismo; en el caso de Redondo brillaba su inseguridad personal y su desconfianza hacia todo el mundo. Redondo no podía concebir el ejercicio del liderazgo sin el uso de una autoridad con frecuencia brutal que pretendía extender a todo el mundo: desde un secretario provincial de la UGT a un ministro de la Nación. Si González era capaz (en el caso de que los tuviera) de superar sus rencores personales en los debates internos, eran proverbiales los odios africanos de Redondo (particularmente el que fue incubando contra el propio Felipe González)” (C. Solchaga, El fin de la edad dorada, Taurus, 1997, pág. 146) A la saga de Solchaga van José María Maravall, Javier Solana, Joaquín Almunia, Rosa Conde y una larga lista de eso que se llamó “renovadores”. No se consideró lo que atinadamente señaló el historiador Manuel Tuñón de Lara: que los sindicatos, si no se manifestaban contra la deriva socioliberal de la socialdemocracia española, corrían el riesgo de terminar por deslegitimar su propia figura de representantes efectivos de los intereses obreros.
La simplificación de los renovadores no pudo ser más estrambótica: todo el problema del PSOE se reducía a dos sujetos, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo. A partir de aquí, concluyeron que el declive del PSOE se debía fundamentalmente a la corrupción y desligaron de las causas el haberse abrazado alegremente al neoliberalismo económico. Es indudable que la infección de la corrupción había corroído las entrañas del PSOE (caso Filesa, Juan Guerra, Aida Álvarez, etc.), había anidado en el Banco de España (caso Mariano Rubio, Gescartera, etc.), había inoculado en el Ministerio del Interior (caso Mario Conde y Perote) y, lo que era más grave, había contaminado a las Fuerzas de Seguridad del Estado (caso Roldán, Amedo, Domínguez, etc.). El panorama, no nos engañemos, era pestilente. Los renovadores pusieron el ojo pura y exclusivamente en la corrupción obviando las consecuencias del significativo abandono de las políticas económicas propias de la socialdemocracia, convencidos de que la adopción de los postulados neoliberales no produjo un alejamiento significativo de la base social. Los socialistas españoles fueron quienes realmente inauguraron la Tercera Vía aunque no tuvieron, como Tony Blair, un teórico de referencia: Anthony Giddens. En España primero fue la praxis, luego la teoría, esto es, la acomodación de las ideas a los hechos.
(Mañana, Parte II)
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Mario Salvatierra, miembro del comité federal del PSOE;
Ver másPSOE, balance de una época (parte II)
Enrique Cascallana, ex alcalde de Alcorcón y ex senador;
Juan Antonio Barrio, ex diputado nacional,
y José Quintana, ex alcalde de Fuenlabrada y actualmente diputado en la Asamblea de Madrid.
Hace mucho tiempo que en los congresos del PSOE no se discute en torno a la viabilidad del proyecto socialdemócrata, a su capacidad o incapacidad de atraer a la gran mayoría de la población. La deliberación sobre ideas y proyectos fue sustituida por la búsqueda de liderazgos que nos condujeran al gobierno. Desde que Felipe González dejó de ser secretario general (1997), el PSOE se centró sobre todo en encontrar, cuanto antes, un líder nacional que hiciese real el apotegma: “somos un partido de gobierno”. De tanto poner énfasis en conquistar gobierno soslayamos la tarea política primordial de un partido: definir y delimitar el ideario del campo socialista para, de esa manera, fomentar un sentimiento de pertenencia que fuera más allá de los intereses territoriales de cada una de las federaciones que integran el partido. Es decir, se sobrepusieron las aspiraciones territoriales –y algunas veces, las estrictamente locales, para mayor carga de inconsistencia– en debates que deberían haber tenido un sentido transfronterizo, hasta llegar al extremo de adoptar decisiones “verticales” en virtud de los intereses de cada una de las regiones y de sus respectivas “baronías”. Cobró cuerpo la verticalidad y perdió la horizontalidad en los posicionamientos políticos. La oligarquización en la toma de decisiones sustituyó a la democracia deliberativa y, con ello, la vida interna del partido fue volviéndose cada vez más líquida o, si se quiere, más silenciosa compensada, la mayoría de las veces, por la acumulación de cargos institucionales a nivel local y regional. Así pues, el debate ideológico llegó a convertirse en un actor secundario y la escena crucial la protagonizó la elección de quién sería cabeza de cartel en el siguiente concurso electoral.