5. El debate siempre pospuesto
Sirva esta ineludible exposición para explicar por qué habría sido imprescindible iniciar este debate en el XXXIV Congreso y, sin embargo, la sustitución de Felipe González se llevó por delante aquella inaplazable tarea. Joaquín Almunia, previamente designado por el máximo dirigente, fue elegido secretario general. Quienes asistieron a aquel Congreso trataron de que fuese posible una elección de los delegados entre Josep Borrell y Almunia. La autoridad del líder lo impidió. Se impuso el dedo de González pero inmediatamente se cuestionó la legitimidad de origen de Joaquín Almunia. Lo que supuso que en abril de 1998 se convocaran elecciones primarias para candidato a la presidencia de gobierno y Josep Borrell le ganara a Joaquín Almunia por un margen, en lo que sabemos, de 21.394 votos. Todo el mundo lo entendió como el triunfo de la militancia sobre el aparato y los más perspicaces lo leyeron como “una cierta reparación de una mala noche” en el XXXIV Congreso. El triunfo de Borrell logró romper el hielo entre el partido y los ciudadanos. Volvíamos a levantar el ánimo pero la alegría duró poco: en mayo de 1999 renunció como candidato debido, por una parte, al escándalo de fraude fiscal de dos colaboradores suyos cuando era Secretario de Estado de Hacienda y, por otra parte, a la falta de apoyo de la dirección del partido. Ciertamente Borrell y su equipo no supieron contrarrestar las zancadillas que les tendían desde el aparato.
En el año 2000 concurrimos a la cita electoral con Joaquín Almunia de candidato y, en un desesperado intento de que el derrumbe no fuese mayúsculo, fuimos cogidos de la mano de Francisco Frutos, líder de Izquierda Unida. La operación era rocambolesca: el ala social-liberal del partido unida a los viejos comunistas. ¿Quién daba crédito? Resultado: un aplastante fracaso, perdimos 16 escaños en el Congreso. La misma noche electoral (marzo de 2000), Almunia presentó la dimisión irrevocable. Justo es reconocer la elogiable actitud de Almunia. Se creó una gestora, presidida por Manuel Chaves, encargada de organizar el XXXV Congreso, en el que resultó elegido José Luis Rodríguez Zapatero.
Si con la renuncia de Felipe González no hubo debate, con la formación de la gestora aún más se imposibilitó la reflexión sobre la deriva del partido socialista. Una vez más, se aplazaba el debate por el acuciante quehacer de buscar un nuevo líder. Como sabemos, en aquel XXXV Congreso, celebrado en julio de 2000, se presentaron cuatro candidaturas, encabezadas por Matilde Fernández, Rosa Díez, José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero. Contra todo pronóstico ganó Zapatero, un joven de León, con mucha vida política en el interior del partido, con experiencia parlamentaria pero sin jugar ningún papel destacado en la institución, que no había ido a la manifestación de apoyo a Vera y Barrionuevo en la cárcel de Guadalajara.
Una nueva generación de jóvenes que no habían vivido directamente las inclemencias de la represión franquista, pero que se hacían cargo de la memoria de sus abuelos, tomaba el mando. La audacia de esa juventud la expresó sin complejos Rodríguez Zapatero cuando aseveró: “No estamos tan mal”. Tal vez ese optimismo no impostado atrajo el voto de los/as delegados/as de ese Congreso a la vez que la concepción del poder de José Bono produjo cierto espanto en algunas federaciones. No obstante, la cuestión que se nos plantea es si Rodríguez Zapatero había hecho la misma evaluación que hacemos nosotros de todo aquel período.
Con relación a la corrupción, en una entrevista que le hicieron Marco Calamai y Aldo Garzia (Zapatero, Ediciones Península, 2006, pág. 41), le preguntaron cuál de los errores de la vieja guardia no estaba dispuesto a asumir. En su opinión, el peor error era “no reconocer los errores”no reconocer los errores. Apenas llegó a la secretaría general, decidió dejar de pagar a los abogados de Vera y Barrionuevo por el caso del secuestro de Segundo Marey. Es el momento en el que tanto Joaquín Leguina como José Luis Corcuera lanzan furibundas descalificaciones contra la medida. Y, por si fuera poco, posteriormente nombró Fiscal General del Estado a Conde Pumpido, cuyo voto había sido decisivo para condenar al ex-ministro del Interior y al ex-secretario de Seguridad del Estado por el secuestro de Marey. Aquí no acaba el pleito con la generación anterior: en la etapa 2000-2004 se produce un doble giro desconcertante para la vieja guardia. Primero, en lo que respecta a la política mediática, concede una importante entrevista a Pedro J. Ramírez, entonces director del diario El Mundo, enemigo acérrimo de Felipe González. El mensaje era nítido: el Grupo Prisa, el periódico El País principalmente, dejaba de ser el buque insignia del PSOEEl País . Y, segundo, al producirse un cambio de ciclo en Cataluña con Joan Maragall a la cabeza, Zapatero entendió que había que variar la posición con relación al nacionalismo periférico. Convergencia i Unió ya no podría servir de sostén al gobierno nacional a cambio de obtener muy buenas contrapartidas por parte del gobierno central. Política que el perspicaz Jordi Pujol etiquetaba de “peix al cove”, que él mismo tiene a bien traducirla en sus Memorias como “aprovechar lo que puedas pescar, coger lo que se pueda” (Op. cit., pág. 85, Destino, 2013). Tal vez estas sean las razones por la que se acusó a Zapatero de haber hecho una “prejubilación masiva” en la organización. Imputación no se ajusta a los hechos: ¿no formaron parte de su primer gobierno Solbes y Bono?, ¿no fue Borrell candidato al Parlamento Europeo?, ¿no nombró a Almunia para la Comisión Europea?, etc.
A nuestro juicio, donde erró Rodríguez Zapatero fue en la estimación contemporizadora que realizó de la política económica de los gobiernos de Felipe González. Boyer, Solchaga y Solbes no fueron para él economistas discordantes con la tradición socialdemócrata. Ello explica que, una vez en el gobierno, nombrara a Pedro Solbes ministro de Economía y Miguel Sebastián, firme defensor de la desregularización económica, se convirtiera en su asesor áulico. Es cuanto menos llamativo observar que Rodríguez Zapatero pretendía superar la contradicción entre la ejecución de políticas económicas basadas en el dogma neoliberal y las reivindicaciones sindicales contra el desmantelamiento de los derechos laborales mediante la formulación del “republicanismo cívico” y su atractiva teoría de la libertad como “no dominación”. La obra del profesor Philip Pettit, Republicanismo, le había sido útil, según él, para ir “más allá de Felipe González”. Se trataba de ir más allá del concepto liberal de libertad como “no interferencia” y mostrar que las fuerzas que rigen el mercado no son ciegas sino que tienen los ojos bien abiertos y que para obtener grandes beneficios son capaces de poner en riesgo la salud de la gente y/o del planeta. Se ve que todo esto era “un decir” porque la práctica fue proporcionalmente inversa a la teoría de la libertad como no dominación. Probablemente el juicio más certero de la última etapa de Zapatero lo registró el novelista Juan José Millás en su artículo “El enigma”: “Sabemos que el destino de todos nuestros presidentes es salir mal de la Moncloa. Sabemos que Zapatero creía que escaparía a ese destino. Ya sabemos que no. Sabemos que dijo que no nos decepcionaría. Sabemos que nos decepcionó (quizá se decepcionó a sí mismo)” (El País, 03-04-2011) En efecto, Zapatero estuvo firmemente convencido de que a él los sindicatos no le harían una huelga.
Es verdad que Zapatero cumplió con su palabra cuando sacó a las tropas españolas del territorio iraquí. No nos falló, lo que le acarreó severas críticas del entorno felipista y de la derecha española, además de ocasionarle un distanciamiento en el contexto internacional. Frenó también de inmediato la aplicación de la Ley Orgánica de Educación promulgada por el gobierno de Aznar, con el voto en contra de la oposición parlamentaria. Es obvio que en sus gobiernos se tomaron en serio la consecución de los valores postmateriales: matrimonio entre personas del mismo sexo, ley contra la violencia de género, etc. No menos importante fue promover el cuarto pilar del Estado del bienestar: la atención a la dependencia, aunque no se dotó de un sistema de financiación nacional para hacerla realmente efectiva. Asimismo, demostró una gran altura de miras cuando reorientó la política geoestratégica de Aznar, completamente subordinada a los intereses de los neocons estadounidenses. España volvió a mirar a Europa, a eso que los neoconservadores calificaron con desprecio “la vieja Europa”: Francia y Alemaniala vieja Europa. Estas medidas supusieron un verdadero avance social y cultural pero todo comenzó a venirse abajo a partir de los ajustes realizados en mayo de 2010 con el objetivo de recortar el déficit público en torno a unos 15.000 millones de euros. La necesidad de atajar el déficit se impuso en la eurozona. La disciplina de la austeridad fue implacable: se trataba de salvar la economía a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. El dictamen neoliberal hacía que los costes de la crisis recayeran sobre los ciudadanos. El giro de 180 grados que dio la política de Zapatero generó un gran desconcierto en la ciudadanía. Y ese amoldamiento a los patrones neoliberales difuminó el perfil de izquierda del gobierno. Si en mayo propuso un plan durísimo para reducir el déficit, en el debate sobre el estado de la Nación del 14 de julio reconoció sin ambages que lo único que podía hacer era “cambiar de rumbo”: “Donde antes se necesitaba gasto público e inversión, hoy se necesita austeridad y reformas […] Voy a ejercer al máximo el principio de responsabilidad de un gobernante, que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste” (Diario de Sesiones del congreso de los Diputados, Nº 178, pág. 20, Año 2010).
Fue responsable, es verdad; pero ¿con quién?, ¿con los mercados o con los ciudadanos? Asumió, de golpe y porrazo, la ortodoxia neoliberal: prioridad absoluta a la reducción del gasto y al recorte del déficit sin el más mínimo gesto de repartir las cargas de la crisis entre las grandes fortunas. ¿Era la única política posible? Pensamos que no y no somos unos irresponsables. Otra política económica hubiese requerido otro equipo económico, es decir, romper la hebra social-liberal que se venía tejiendo desde los años ochenta en el modelo económico de la socialdemocracia española.
Aún hoy estamos pagando las consecuencias del “cueste lo que cueste”. La izquierda giró hacia la derecha apelando a lo “inevitable”, esto es, resignándose a una suerte de fatalidad cuando, en realidad, los hechos no respondían a otra cosa que a un dictado incuestionable y absolutamente político. Las exigencias de una nación, Alemania, y de su brazo económico, el BCE, cayeron en suelo español como una catástrofe. Y, paradójicamente, el deber patriótico se mutó en salvar a la banca financiera.
6. Fallamos a la ciudadanía
Esta es la triste historia de por qué fallamos a la ciudadanía. Para mayor desasosiego falta la coda final: el 27 de septiembre de 2011 el PSOE y el PP votaron conjuntamente la reforma del artículo 135 de la Constitución con el fin de establecer la prioridad absoluta del control del déficit sobre otras medidas económicas. Mandamos a Keynes al cuarto oscuro y nos sentamos en el porche a la espera de que amainase la tormenta. Pero de camino al cuarto oscuro tropezamos con una hoja del Diario de Sesiones antes citado en la que Rodríguez Zapatero le decía a Rajoy: “Es verdad que había una medida original, la había, fue la que más eco tuvo, que era reformar la Constitución para impedir el déficit. Una reforma que, como saben, es rápida, dado cómo es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y que sería muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis económica. Esa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad” (pág.22). Lo que el 14 de julio de 2010 no tenía “ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad” el 27 de septiembre de 2011 tiene sustento, es efectivo y es competente. Cambio de rumbo a toda marcha y sin airbag. El trastazo electoral estaba de sobra anunciado. Ni siquiera el hecho de que ETA, vencida, dejara las armas pudo ser puesto en valor. Un triunfo de la democracia sin precedentes en la historia de España en la lucha contra la violencia terrorista pasó de largo durante la campaña electoral. La envestida económica pesó como una losa y había que salvar los muebles con urgencia. Cómo, buscando un nuevo liderazgo.
Y nuevamente el PSOE diluye el debate, no quiere hacer un balance. Vuelve a persistir en el error
. El 27 de mayo de 2011 el Comité Federal propone que Alfredo Pérez Rubalcaba sea el candidato del partido a la presidencia de gobierno. Pérez Rubalcaba, pupilo de Felipe González y afín al grupo Prisa (ahora forma parte del consejo editorial de El País), se hizo cargo de afrontar las elecciones sabiendo que estaban perdidas. Al tiempo, se propuso suceder a Zapatero en la secretaría general del partido. Se empeñó en liderar la travesía del PSOE. ¿Cómo interpretarlo? Volvía el pasado para solventar el futuro. Dicho mejor, el futuro era el pasado. Carmen Chacón, que había sido ministra de Urbanismo y Vivienda y ministra de Defensa en el gobierno de Zapatero, fue su contrincante en el XXXVIII Congreso Federal. Chacón perdió por veintidós votos y, entre otras razones, no sólo porque fuera de otro partido, el PSC, sino por ser catalana.
En un acto celebrado en Madrid, Pérez Rubalcaba enérgicamente afirmó: “El PSOE ha vuelto, compañeras y compañeros. Ha vuelto…” No es que el PSOE se hubiera ido de viaje, no; lo que volvía era el felipismo. El PSOE volvía a ser el PSOE, es decir, las riendas estaban otra vez bajo la influencia de Felipe González. Había que borrar cuanto antes la etapa de Rodríguez Zapatero. Se trataba de eliminar la huella de Zapatero: su aventura en Cataluña, en la política internacional con el diálogo de civilizaciones, en rehabilitar al republicanismo a través de la memoria histórica, etc. Había que pasar la página cuanto antes pero sin hacer un debate, ni sopesar los aciertos y las sombras. El PSOE marchaba hacia adelante con la vista puesta en el retrovisor. Y así nos fue en las elecciones europeas. Tras la severa derrota electoral, Pérez Rubalcaba tomó la decisión acertada: el 25 de mayo de 2014 anunció su futura salida como secretario general en el siguiente Congreso Federal, convocado para el mes de julio. No obstante, antes de despedirse definitivamente del Congreso de los Diputados culminó su labor parlamentaria avalando la continuidad de uno de los ejes capitales de la Transición española: la Monarquía. En la toma de posición sobre el proyecto de ley orgánica para hacer efectiva la abdicación del Rey Juan Carlos I, Pérez Rubalcaba puso de manifiesto la entera fidelidad de los socialistas al acuerdo constitucional de 1978 y, después de precisar que en dicha sesión parlamentaria no se estaba votando la sucesión del Rey Juan Carlos I en su hijo el Príncipe de Asturias porque eso ya se había votado en 1978, esgrimió con contundencia los argumentos por los que el PSOE votaría a favor de esa ley orgánica. Hizo una consideración definitiva para fijar la posición sin titubeos: “Permítanme que me haga retóricamente algunas preguntas. ¿Podría esta Cámara no hacer esta ley? No, no podría. Tiene que hacerla porque así lo establece la Constitución. Y una segunda pregunta. ¿Puede esta Cámara votar no a una ley que recoge la voluntad expresada libremente por el Rey? O, dicho de otra manera, ¿qué significaría un voto negativo a esta ley? Pues que o bien esta Cámara entiende que la abdicación no está bien formulada por parte del Rey, lo que no es el caso, o que este Congreso no autoriza la abdicación del Rey, lo que, entre otras cosas, comportaría el dislate de que esta Cámara le dijera al Rey que debe seguir siéndolo aunque él no quiera. En resumen, la Constitución nos mandata para hacer esta ley y, a mi juicio, no cabe otra posibilidad que votarla afirmativamente si la voluntad libre del Rey de abdicar está correctamente acreditada, como es el caso” (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Nº 204, pág. 9, 11-06-2014).
Nunca mejor dicho que todo lo que estaba diciendo era pura retórica, es decir, presentaba un falso dilema al modo de una disputa teológica para terminar concluyendo no que había otra vía: votar sí o sí la ley orgánica. Lo que para el PSOE había sido producto de la “convención” en 1978, termina siendo, en 2014, resultado de la “convicción”. Antes asumimos la monarquía por conveniencia, ahora la cristalizábamos por convicción. Prueba de este salto cualitativo lo revela el mismo Pérez Rubalcaba al referirse a la intervención de Luis Gómez Llorente en el debate constitucional. Curiosamente rememoró sólo una parte del discurso de Gómez Llorente, aquella en la que señala que la monarquía no es incompatible con el socialismo, pero se le “olvidó” traer a la memoria un apartado esencial de su alocución: “Por otra parte, es un axioma que ningún demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas. Nosotros agregaríamos que se debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras” (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Nº 64, pág. 2195, 11-05-1978) Esto es, Pérez Rubalcaba, en plena crisis de la institución monárquica, cerró la puerta a que se abriera un referéndum sobre la continuidad de la monarquía. No sólo estaba legitimando el consenso de 1978 sino también estaba apuntalando el sistema. Un gran servicio a la institución, un flaco favor a la causa republicana.
7. No caigamos en la farsa
Tampoco sobre esta cuestión se pudo discutir en el XXXIX Congreso celebrado en julio de 2014. Ahora todo se centraba en quién ganaría las primarias. Así se desvanecía toda esperanza en que el partido iniciara una profunda reflexión sobre sus aciertos y sus errores. Concurrieron tres compañeros: Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. La personalización de la campaña y la individualización del liderazgo impidió que realizáramos una evaluación acerca de la crisis de la socialdemocracia que fuera más allá de la coyuntura. Todo el debate se sustanció en una puesta en escena en Ferraz con los tres candidatos dirigiéndose a unos pocos militantes y, sobre todo, a las cámaras de televisión. El mismo formato del debate imposibilitaba que se tratara con mesura la encrucijada en la que nos encontrábamos. Fue un acto electoral, no una jornada donde se pusiera sobre la mesa qué había que rectificar y hacia dónde tenía que ir el partido. Como sabemos, Pedro Sánchez obtuvo más apoyos y, en el Congreso Federal, formó una ejecutiva sin contar para nada con Eduardo Madina ni con Pérez Tapias. Interpretó que el ganador “se lo lleva todo” y que el perdedor “pierde todo”. Un lamentable comienzo, pues pretendía retrotraerse al modelo de organización bonapartista, aunque sin carisma alguno. Incluso su secretario de organización, César Luena, tuvo posteriormente la osadía de hablar de “El PSOE de Pedro Sánchez”. Todo un despropósito o, si se quiere, un partido que empezaba a ser estrafalario. Lo que mal empieza, asevera Aristóteles, mal acaba.
En El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx matiza una afirmación de su maestro: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra como farsa” (Op. cit., pág. 241, Espasa Calpe, 1985). En efecto, mal asunto sería caer nuevamente en el error. Demasiado mal lo hemos hecho en los últimos meses. No caigamos en la farsa de que el estancamiento en que se halla el PSOE se arregla con unas simples primarias. Y menos aún corregirán este desatino quienes han sido los máximos responsables de situar al PSOE al borde del precipicio. _________________
Mario Salvatierra, miembro del comité federal del PSOE;
Militantes del PSOE de Sevilla constituyen una plataforma para reclamar la convocatoria urgente del congreso federal
Enrique Cascallana, ex alcalde de Alcorcón y ex senador;
Juan Antonio Barrio, ex diputado nacional
y José Quintana, ex alcalde de Fuenlabrada y actualmente diputado en la Asamblea de Madrid.
5. El debate siempre pospuesto