Parecía imposible pero esta vez sí. El fin al bloqueo judicial es el apretón de manos que parte de la ciudadanía necesitaba como señal de normalidad y tregua a una guerra entre los dos grandes partidos que genera desafección y deja exhausto a un votante con problemas reales más allá del choque de titanes. Dice el PP haber controlado los tiempos. Y es cierto. El precio han sido cinco años de incumplimiento inconstitucional, el desprestigio del Poder Judicial, un embudo de un centenar de puestos en la alta judicatura por cubrir, carreras profesionales frustradas y miles de sentencias con retraso. Si el PSOE hubiera hecho algo similar desde la oposición, el bloqueo habría acabado judicializado. Pero ya estamos aquí, ante el primer gran pacto de Estado que beneficia a PSOE y PP y reduce parte de la toxicidad del debate público. La responsabilidad es asimétrica, pero profundizar ahora en eso es volver atrás.
Pedro Sánchez sale reforzado con el pacto porque legitima su capacidad de gobernabilidad –tan puesta en cuestión por la derecha– y consolida la idea de continuidad de la legislatura. Le fortalece en Europa por la posición predominante del grupo socialista y elimina del Informe sobre el Estado de Derecho de 2023 (previsto para julio) el capítulo negro de la reforma del Poder Judicial. En una Europa convulsa y con fuerte viraje hacia la derecha y ultraderecha, el pacto es una muestra de estabilidad institucional. España se posiciona cuando más falta hace.
Llevar la negociación a Europa fue una excentricidad, pero en la foto final son dos grandes partidos de Estado dándose la mano. Y si Europa ha mediado para desatascar el CGPJ, Bruselas se convierte también en el termómetro final de la amnistía, donde no encontrará la resistencia de los tribunales nacionales. El PP eligió Bruselas para “garantizar la independencia judicial” y pasa a ser ahora el baremo final de la amnistía en lo judicial y en lo político.
El acuerdo rompe la dialéctica exagerada del PP. Por más que persistan, no es creíble cerrar pactos de Estado con el PSOE y mantener que asalta las instituciones
De haber persistido el bloqueo, la opción del PSOE de sacar adelante una ley orgánica con los socios de investidura, con una judicatura preeminentemente conservadora en contra, habría escorado a Sánchez. El ruido dentro de las altas instituciones, donde el PP agita a sus cuadros, habría sido mayor. Con el pacto, el Ejecutivo gana la imagen de abrir juego a izquierda y derecha, aunque sea puntual. El resto de renovaciones pendientes pueden venir en cascada. El Banco de España, la CNMC, la CNMV son órganos con menos tentación de ser utilizados. Dan menos juego político del que consiguió el PP con el bloqueo del CGPJ y cerrar los nombramientos garantizará la paz interna en las cúpulas de estos organismos.
El acuerdo rompe la dialéctica exagerada del PP. Por más que persistan, no es creíble cerrar pactos de Estado con el PSOE y mantener que asalta las instituciones. El Feijóo de hace siete días, “Sánchez es un peligro para nuestro sistema constitucional”, es incompatible con el acuerdo actual. En una dictadura, en palabras de Ayuso, el principal partido del gobierno no pacta reformar órganos de otros poderes con el principal partido de la oposición. El PP lo seguirá intentando, pero no está claro quién comprará esa moto.
Con el acuerdo también gana mucho el PP. Feijóo sale reforzado y cierra filas. El efecto Milei le ha servido de trampolín para una decisión difícil pero que deja a Ayuso descolocada en radicalidad del balcón madrileño-argentino. Es la primera decisión que ha tomado Feijóo en los dos años de presidencia. Su particular 155, cuando el PSOE arrimó el hombro. Pasa del antisanchismo como estrategia única a ser útil. Y la utilidad es la primera parada clave si quieres ser Gobierno. Feijóo está todavía en la construcción de su liderazgo. Ahora vuelve a hacer un guiño a la transferencia de voto, esa parte de la ciudadanía que pide normalidad y huye de los extremos. Se coloca en la centralidad y sale del rincón extremo derecho donde tantas veces se ha colocado. Esta es también la primera vez que pacta con un partido que no es Vox. Feijóo no controló la agenda de un pacto estructural para cerrar gobiernos con la ultraderecha. Fueron capitaneados por los dirigentes autonómicos y los avaló en silencio. Ahora asume la necesidad de salir de ahí aunque persista en la dialéctica contraria.
La pista de aterrizaje del Gobierno al PP ha sido amplia y generosa. Finalmente, habrá nuevos vocales y se dejará la reforma legal para más adelante, una línea roja para los populares que ya no lo es. La lista de logros es importante. Los jueces que den el salto a la política no podrán ir y venir de los órganos constitucionales, fiscal general incluido, medidas ajenas a la elección de los vocales pero reclamadas por el PP en su agenda de regeneración.
“Para usted la perra gorda”, remataba Sánchez ante un Feijóo de vuelta a la dureza en la sesión de control. El Ejecutivo no ha caído en la tentación de responder al PP con el tono del PP. Ahora Sánchez tiene un camino difícil hacia los presupuestos generales y Feijóo ha experimentado que la responsabilidad política puede ser más rentable que el incendio permanente. La primera señal del PP es mantener el tono de destrucción masiva del adversario. Pero ya no es creíble. O no tanto. Ambos, Sánchez y Feijóo, tienen sus propios caminos paralelos. Es un éxito a dos bandas. Quien las sepa caminar mejor a partir de ahora se impondrá sobre el otro.
Parecía imposible pero esta vez sí. El fin al bloqueo judicial es el apretón de manos que parte de la ciudadanía necesitaba como señal de normalidad y tregua a una guerra entre los dos grandes partidos que genera desafección y deja exhausto a un votante con problemas reales más allá del choque de titanes. Dice el PP haber controlado los tiempos. Y es cierto. El precio han sido cinco años de incumplimiento inconstitucional, el desprestigio del Poder Judicial, un embudo de un centenar de puestos en la alta judicatura por cubrir, carreras profesionales frustradas y miles de sentencias con retraso. Si el PSOE hubiera hecho algo similar desde la oposición, el bloqueo habría acabado judicializado. Pero ya estamos aquí, ante el primer gran pacto de Estado que beneficia a PSOE y PP y reduce parte de la toxicidad del debate público. La responsabilidad es asimétrica, pero profundizar ahora en eso es volver atrás.