Todo puede cambiar de un día para otro. Para empezar, porque las manifestaciones del sector agroalimentario que estamos viendo desafían la influencia y representatividad de las grandes asociaciones del sector. En el conjunto de España hablamos de Asaja (su líder, el histórico Pedro Barato, está en la cuerda floja), COAG y UPA, las que llevan muchos años siendo enlace con las administraciones públicas (aquí una buena explicación de Daniel Lara con el quién es quién).
Todas ellas se han visto desbordadas y arrastradas por iniciativas espontáneas, en el mejor de los casos, o directamente patrocinadas por la extrema derecha en otro gran ejercicio de patriotismo de hojalata.
Lo cierto es que en Galicia apenas ha habido concentraciones que pongan en guardia al Gobierno, que sigue muy de cerca las de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Cataluña o Aragón. Desde el Ejecutivo central ven un patrón similar a las movilizaciones del sector del transporte, aunque de momento el impacto haya sido menor.
En 2022, el abastecimiento de combustible y alimentos llegó a estar en riesgo. Ahora, no. Sólo hay que fijarse en si hay puertos o grandes centros neurálgicos de la distribución afectados. De momento, no es el caso a pesar del impacto mediático y de la utilización por parte de PP y Vox, indistinguibles en su crítica a Bruselas y el “dogmagismo ambiental” (ver aquí la crónica de Antonio Ruiz Valdivia) de Sánchez que denuncian Feijóo y Abascal pero a cargo de buena parte de las competencias en las comunidades.
Esta semana hubo una concentración en Ourense, de medio centenar de tractores, pero se desconvocó de inmediato y literalmente… ¡porque llega el Carnaval! Y en Ourense, “co Antroido non se xoga’. El plan, en este momento, es posponer las reivindicaciones a después de la cita con las urnas, el 18 de febrero. Hasta entonces, “tacón, punta, tacón”, que cantarían Os Resentidos en su mítico “Galicia, sitio distinto”, que viene al caso, como siempre.
Un estudio del Instituto Galego de Estatística (IGE) publicado días antes del estallido de la pandemia, en 2020, aseguraba que el sector agroalimentario generaba en Galicia un total de 103.521 empleos, un 9,3% del trabajo total, y aportaba un 6,9% del PIB autonómico, aunque los datos databan de varios años atrás y, desde hace décadas, el sector vive un claro declive, muy desigual por sectores.
El sector agrario y ganadero es clave en Galicia. Cualquiera se preguntaría qué colectivo con retos y dificultades evidentes (no de ahora sino de hace tiempo) perdería la oportunidad de presionar en época electoral, con unos vientos europeos a favor y la posibilidad de recabar promesas electorales a izquierda y derecha.
Nadie sabe a ciencia cierta a quién beneficiarían y perjudicarían. Podrían revivir a un Vox que parece transitar por la campaña como alma en pena. La ultraderecha, allá donde es más relevante que en Galicia, ha sembrado tempestades durante años en el sector frente a un PP que reconoce en privado haber subestimado la estrategia de la ultraderecha y lamenta haberle dado buena parte de las consejerías de Agricultura, que son de las que más le gustan a Abascal, curiosamente junto a las de Cultura. Como hemos comentado en esta sección en estos días, el PP busca una campaña de perfil bajo y una movilización a la baja, consciente de su alto suelo electoral y del riesgo de que cualquier imprevisto pueda, aunque sea de rebote, movilizar a la izquierda. Sorpresas, las justas. Que ya hay suficientes nervios.
Desde la izquierda, con notable influencia en algunas asociaciones, se agradece la responsabilidad. Ni el Sindicato Labrego Galego, ni Unións Agrarias, ni Asociación Agraria de Galicia han desenterrado aún el hacha de guerra. Los problemas no son de hoy, pero están ahí. Reclaman mejorar los precios a los que venden los productores (aunque los de la leche, clave en Galicia, se han recuperado recientemente, y otros sectores presumen de producción récord), rechazan tratados como Mercosur y denuncian en general la competencia desleal de países extracomunitarios, creen excesiva la burocracia y piden reformular la Política Agraria Común (PAC).
Las tractoradas en Galicia se han desconvocado por el Carnaval. Nadie sabe a ciencia cierta a quién podrían beneficiar en las urnas y el PP no quiere sorpresas
Eso sí, el PP gallego y la Xunta ya han coqueteado en varias ocasiones con un discurso que ataca tanto al ecologismo, como a Bruselas, al Gobierno o incluso a los urbanitas, como explica aquí o aquí David Reinero, de Praza Pública. Balones fuera y huevos en todas las cestas.
España es el cuarto país exportador de la UE en productos agroalimentarios y el séptimo del mundo. Es de los más beneficiados por la Política Agraria Común (PAC), que destina más de un 30% de su presupuesto global a esta partida, con 4.875 millones de euros en ayudas directas en 2023 para España. Comprensiblemente refuerza la eficacia de sus ayudas y las liga a la sostenibilidad climática, aunque eso conlleve más burocracia e incomprensión en ocasiones (aunque no en general, porque los agricultores son conscientes, como casi todos, de la amenaza del calentamiento global).
El problema es complejo y la tentación de utilizarlo contra el Gobierno es obvia. Feijóo y Abascal no han dudado en coquetear con el euroescepticismo más allá de atizar a Pedro Sánchez y mezclarlo, ¡cómo no!, con la amnistía. “El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su Gobierno”, dijo el líder del PP en unas declaraciones sin precedentes.
Aunque la ley de la cadena alimentaria respondió a un buen número de reivindicaciones del sector, como la prohibición de la venta a pérdidas, no se cumple adecuadamente (hay pocas sanciones) y por eso Sánchez ha prometido reforzarla (que no reformarla), lo que sugiere más controles ante la falta de denuncias suficientes del sector concernido pese a la garantía de confidencialidad.
Aunque plataformas supuestamente espontáneas como 6F dicen representar a todo el sector frente a las grandes asociaciones, piden a sus tractores que se manifiesten ante la sede de Ferraz, que no es una sede del Gobierno, de ninguna autonomía ni de la Unión Europea. Y su principal estandarte, Lola Guzmán, hace apología de Franco y la dictadura, como explica en este artículo Alicia Gutiérrez.
Aunque las comunidades pueden iniciar sus propias investigaciones e implicarse, algunas han optado por hacer como que la cosa no va con ellas (aquí un artículo ilustrativo de Fernando Varela) y llamar a la movilización, lo cual es una enorme irresponsabilidad.
El problema es complejo y en Galicia, tirando del tópico, el sector ha decidido ni subir ni bajar. Pero sólo de momento.
Todo puede cambiar de un día para otro. Para empezar, porque las manifestaciones del sector agroalimentario que estamos viendo desafían la influencia y representatividad de las grandes asociaciones del sector. En el conjunto de España hablamos de Asaja (su líder, el histórico Pedro Barato, está en la cuerda floja), COAG y UPA, las que llevan muchos años siendo enlace con las administraciones públicas (aquí una buena explicación de Daniel Lara con el quién es quién).