Mientras escribo estas líneas, está a punto de producirse la tensa votación de la reforma laboral. Dos diputados de UPN, traicionando el acuerdo de su partido, votaron “no” y estuvieron a punto de tumbar la reforma, ante las caras atónitas de los aliados habituales del Gobierno. Finalmente, un voto por error de un diputado del PP enderezó el revés y salvó la aprobación de la ley. Escaramuzas aparte, el mayor desgaste sin duda para la ministra Yolanda Díaz resulta de no haber logrado el apoyo de sus aliados habituales del bloque de investidura, ERC, PNV y EH Bildu, y haberse visto obligada a contar con Ciudadanos en su lugar.
ERC y EH Bildu han asegurado que el bloque no se romperá por este tropiezo, porque son conscientes de cuál es la alternativa: hay que “cerrar el paso a la derecha” y la posibilidad de un gobierno del PP e incluso Vox. BNG y la CUP, por su parte, han esgrimido los argumentos de que no se ha revertido íntegramente la reforma del PP y que se ha permitido un peso excesivo a la patronal en las negociaciones y en el resultado.
El bloque de la investidura confiesa así, a mi juicio, dos debilidades que le impiden aprovechar plenamente la oportunidad y la potencia de sostener y ostentar el Gobierno. En primer lugar, asumir que la función de un Gobierno progresista es “cerrar el paso a la derecha” . ¿Cuántas veces hay que repetir que la “alerta antifascista” es contraproducente, no aspira a la hegemonía sino a la lógica de la polarización en dos bloques, y, lo más importante, que yerra en su propósito porque no permite desactivar los afectos e inquietudes que abonan el campo para el auge de los nuevos reaccionarios?
Es indudable que esta reforma laboral es mejorable o podría ser más ambiciosa en algunos puntos, decepción en parte causada por las ardorosas expectativas que generó el Gobierno.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, no parece lo más acertado dar un peso excesivo a la conexión inmediata de fuerzas, incluso por delante del nivel de asentimiento social que una reforma puede lograr. Como afirmaba Jorge Moruno , no hay que sacralizar el consenso como fin último ni, mucho menos, como garantía de estabilidad en el futuro : el consenso logrado en un momento dado puede deshacerse tan pronto como cambien las fuerzas de gobierno y deroguen leyes o se aprueben nuevas normas. No debemos convertir la aritmética parlamentaria en el ídolo definitivo. Sí importa, en cambio, el calado que dicha reforma logre en la sociedad. Es indudable que esta reforma laboral es mejorable o podría ser más ambiciosa en algunos puntos, decepción en parte causada por las ardorosas expectativas que generó el Gobierno. También lo es que toda reforma de este tipo, en un contexto de tejido productivo estructuralmente terciarizado y precario como es el de nuestro país, juega el papel más bien de un recurso de emergencia o un control de daños. No se puede esperar, pues, que ocurra de una vez el vuelco radical que requeriría un replanteamiento sustancial de nuestro modelo productivo y que solucionaría estructuralmente sus problemas de dependencia, temporalidad o terciarización. Ojalá sea, en todo caso, y aprovechando también el estímulo de los fondos europeos, el primer paso para tener esa conversación.
El problema, por formularlo en una frase, es que si tuvieran que cumplirse las condiciones que han expuesto en esta ocasión los socios del Gobierno, ninguna reforma sería posible. Sí pueden darse pasos, y, por supuesto, incluso grandes pasos cuando la ventana de oportunidad lo permite, y así lo hemos visto con el daño severo infligido al bipartidismo tras el ciclo 2011 o la existencia misma de este gobierno de coalicion. Los mayores triunfos progresistas recientes no vinieron cuando hablaron en contra de la derecha o cuando pusieron condiciones maximalistas, sino cuando articularon nuevas premisas que son tan innegociables que incluso el adversario se ve obligado a defenderlas. Así pasó con derechos conquistados como la lucha contra la violencia machista o el matrimonio igualitario. Desde esa base, hoy día, “la derecha” tiene muy difícil oponerse frontalmente a tales cuestiones. El objetivo es lograr que la lucha contra la precariedad o la temporalidad sean igual de innegociables.
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Clara Ramas es doctora Europea en Filosofía (UCM) y profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora en Albert-Ludwigs-Universität Freiburg y HTW Berlin y profesora invitada en universidades europeas y latinoamericanas. Fue Diputada en la XI Legislatura en la Asamblea de Madrid.
Mientras escribo estas líneas, está a punto de producirse la tensa votación de la reforma laboral. Dos diputados de UPN, traicionando el acuerdo de su partido, votaron “no” y estuvieron a punto de tumbar la reforma, ante las caras atónitas de los aliados habituales del Gobierno. Finalmente, un voto por error de un diputado del PP enderezó el revés y salvó la aprobación de la ley. Escaramuzas aparte, el mayor desgaste sin duda para la ministra Yolanda Díaz resulta de no haber logrado el apoyo de sus aliados habituales del bloque de investidura, ERC, PNV y EH Bildu, y haberse visto obligada a contar con Ciudadanos en su lugar.