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La desinformación, concepto ambiguo y acción no recogida en el Código Penal, se traduce en una información verificable como falsa o engañosa que a modo de campañas se crea y divulga para confundir deliberadamente a la opinión pública y que puede causar un perjuicio grave que incluye las amenazas a los procesos democráticos, a bienes públicos como la salud, el medio ambiente, la seguridad o la soberanía nacional.
Las campañas de desinformación se apoyan en fake news de envergadura, en el marco de una actuación intensiva dirigida a desestabilizar un país y socavar la confianza ciudadana en la democracia. En la era de internet, la desinformación se ha convertido en objeto de preocupación por la Unión Europea que, tras la aprobación de su Plan de Acción en 2018, ha requerido la cooperación de los Estados miembros y la puesta en marcha de procedimientos estratégicos para actuar con respuestas políticas contra campañas orquestadas desde el extranjero o desde el interior por agentes a su servicio.
De ahí que el Gobierno de España publicara en el BOE, el 5 de noviembre, una Orden de redacción farragosa sobre el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en favor de una estrategia propia que monitorice, detecte, rastree y evalúe noticias falsas de calado para poner en marcha respuestas de comunicación veraz que permitan rebatir y contrarrestar las campañas de desinformación.
La Orden ministerial hace referencia explícita al artículo 20 de la Constitución que consagra el derecho a la libertad de expresión y opinión. También recoge el derecho a recibir una información veraz; de modo que un Estado de Derecho debe proteger la libertad y pluralidad de los medios y el derecho a una información veraz. En realidad, la libertad de expresión e información nunca es absoluta, por cuanto que dicho artículo 20 señala que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.
Queda claro que el Gobierno defiende la libertad de expresión y no pretende controlar ni censurar ni sancionar a los medios ni a las redes por difundir informaciones críticas contra el Gobierno o comentarios extremos de la oposición. La Orden no va a formar parte de la lucha partidista, por más que la derecha liberticida lo denunciara en caliente y sin datos. Sin embargo, Alemania, Francia o Reino Unido sí han aprobado normas y leyes polémicas para eliminar por una vía rápida determinadas fake news en las redes sociales, obligando a intervenir a los operadores de redes, en especial en procesos electorales. Así mismo, en 2018 a instancias de la Comisión Europea las plataformas de redes sociales firmaron un Código de Buenas Prácticas sobre desinformación para ayudar a detectar noticias falsas de gravedad y adoptar medidas.
Algunos Estados han aprobado que se puedan presentar denuncias ante una instancia judicial especial que, en un proceso ágil, puede decidir suprimir contenidos escritos o audiovisuales, cerrar la cuenta que los difunda o vetar su acceso a internet. El Parlamento de Italia está ahora estudiando cómo actuar, en medio de una pandemia, sobre mensajes en redes que inciten al odio, la discriminación o la violencia.
En España se ha creado un Comité Permanente, coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, a quien corresponde la compleja tarea de concretar el alcance de la desinformación. Se contempla un órgano cívico abierto al sector privado y a la sociedad civil para la colaboración en la lucha contra la desinformación.
Porque este objetivo democrático es un tema de Estado que requiere una respuesta multidisciplinar, por lo que tendrá que implicar y articular en la tarea al poder legislativo, al judicial —que dispusiera de un nuevo mecanismo exprés— y a organizaciones de la sociedad civil como las agencias independientes de verificación, asociaciones de periodistas, investigadores universitarios, sector tecnológico, plataformas de redes sociales y observatorios de medios digitales.
La Comisión Europea avala el proyecto del Gobierno de Sánchez contra la desinformación
Por último, no debe olvidarse que es necesario fomentar la alfabetización mediática para formar a la ciudadanía, de modo que sepa discernir las noticias falsas, intoxicaciones y bulos. Es una tarea educativa que permita concienciar sobre la desinformación, formar en la conciencia crítica, enseñar a identificar el origen de la información y saber cómo contrastarla.
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Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa
La desinformación, concepto ambiguo y acción no recogida en el Código Penal, se traduce en una información verificable como falsa o engañosa que a modo de campañas se crea y divulga para confundir deliberadamente a la opinión pública y que puede causar un perjuicio grave que incluye las amenazas a los procesos democráticos, a bienes públicos como la salud, el medio ambiente, la seguridad o la soberanía nacional.