Ante la crítica situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, el malestar y la movilización de sanitarios y ciudadanos, incluso los medios de comunicación de la derecha se han visto obligados a hacerse eco de ella, más allá del hiperventilado relato sobre la mejor Comunidad con la mejor sanidad de España. Aunque inmediatamente se han apresurado a ponerle los paños calientes habituales, que van desde afirmar que el papel secundario de la atención primaria, más que un problema de Madrid, se trata de un problema general del sistema sanitario público, que además se ha visto tensionado y a veces desbordado como consecuencia de la pandemia, hasta el manido recurso de acusar a los profesionales, a los sindicatos y a la izquierda de utilizar la sanidad únicamente para hacer política. Tal y como si la sanidad pública no hubiera tenido su origen en una determinada orientación política como es su desarrollo dentro del Estado de bienestar de posguerra y por contra el desmantelamiento actual no formase parte de la hegemonía de las políticas neoliberales.
En todo caso, tanto el colapso de nuestro sistema sanitario, cuyas carencias se han puesto en evidencia en particular como consecuencia de la pandemia, como la deriva tecnológica y hospitalaria del sistema actual, con el consiguiente olvido de la atención primaria y de las urgencias extrahospitalarias, la salud mental, la salud pública y la laboral forman parte de los problemas de fondo que estaban ya latentes, dependiendo del modelo y de la mejor o peor gestión de cada Comunidad, desde hace una o dos décadas, con señales de aviso como las listas de espera excesivas de especialidades y cirugía o la saturación continuada de la atención primaria o la precariedad de la atención a la salud mental.
Por eso, ante la pandemia provocada por el coronavirus, los trabajadores de la sanidad pública se han visto ante la necesidad de contribuir a reducir la transmisión comunitaria con una salud pública precaria, así como a la tarea de paliar las consecuencias más graves del virus sobre la salud con una sanidad debilitada por la precariedad laboral, la falta de planificación, los recortes y las últimas privatizaciones. Y lo han hecho en una situación de gran fragilidad del sistema sanitario aquejado por las inercias pero sobre todo por las consecuencias de la política de austeridad del PP con el pretexto de hacer frente a la crisis financiera. A pesar de todo ello, el resultado de la gestión de la pandemia ha estado al nivel del resto de la sanidad europea, si no por encima, y ha contado con la valoración positiva y el apoyo de la opinión pública, que, a pesar de las carencias, se expresó activamente primero en los momentos más difíciles del confinamiento y más tarde en las posteriores encuestas de opinión.
Los datos son tozudos y muestran una sanidad pública madrileña con una financiación totalmente insuficiente, entre las más bajas del país, mientras que como consecuencia el volumen de ciudadanos impelidos a suscribir pólizas privadas no cesa de aumentar
En contraste, la gestión ultraliberal de la sanidad pública por parte de los sucesivos gobiernos de la derecha en la Comunidad de Madrid es algo sólo comparable a la de la Comunidad Valenciana y en el ámbito europeo a la privatización sufrida por las sanidades británica y holandesa. Desde el inicio de la pandemia, la política del gobierno madrileño se ha centrado en la confrontación con las restricciones de salud pública dictadas por el gobierno central para hacer frente a las sucesivas olas de la pandemia, ampliamente consensuadas en el marco del Consejo Interterritorial del SNS, anteponiendo la economía a la salud de los ciudadanos hasta el límite de un negacionismo vergonzante, el de la libertad de las terrazas. Por otra parte, ha continuado centrando su política sanitaria en la política de imagen de las grandes infraestructuras sanitarias como el Zendal, el denominado hospital monográfico de pandemias, siguiendo tanto el modelo de Esperanza Aguirre como el más reciente modelo chino. Para ello, ha aprovechado la excepcionalidad de la situación de pandemia para cerrar las urgencias del 112 y de una parte de la atención continuada con el pretexto de dotar de personal al nuevo hospital con el personal de la urgencia extrahospitalaria.
Por eso ahora, como si no hubiera pasado nada con el final de la pandemia, la política sanitaria del gobierno de Isabel Ayuso ha vuelto a los recortes y a la gestión privada hospitalaria como su principal bandera, muy en particular sobre los hombros de la baqueteada atención primaria. Por otra parte, desde su llegada al gobierno, la presidenta madrileña ha hecho también pública ostentación de sus rebajas y competencia fiscal con el resto de las comunidades autónomas, aunque a continuación ha negado que los recortes sociales y sanitarios tuvieran algo que ver ni que se pretendiera su deterioro progresivo con el objetivo de provocar el malestar de los ciudadanos y de justificar más tarde su privatización. Sin embargo, los datos son tozudos y muestran una sanidad pública madrileña con una financiación totalmente insuficiente, solo líder entre las más bajas del país, mientras que como consecuencia el volumen de ciudadanos que se ven impelidos a suscribir pólizas con seguros sanitarios privados no cesa de aumentar a niveles hasta ahora desconocidos.
El reciente intento por parte de la administración sanitaria de la Comunidad de Madrid de aprovechar la reapertura de los centros de atención continuada, que ella misma había cerrado durante la pandemia, para abocar a los profesionales obligados a atender al límite de la resistencia física al doble de centros o a deteriorar la calidad de la asistencia, dándole con ello el golpe de gracia a la atención primaria, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la mayor parte de los trabajadores de la atención extrahospitalaria madrileña al carecer del don de la ubicuidad, con la representación sindical y con la propia estructura de gestión de la atención primaria.
Porque en realidad la atención continuada y por extensión la primaria de salud sobra dentro del modelo de mercado sanitario o de competencia público-privada del gobierno ultraliberal de la Comunidad de Madrid, que sigue centrado en los hospitales y su gestión privada como complemento inevitable de una sanidad privada destinada a la clase media alta, su clase. En consecuencia, la única atención continuada que entienden es en última instancia las urgencias hospitalarias.
Pero no es sólo la atención primaria la que a día de hoy está en juego. Si Madrid logra desmantelar la atención primaria y su papel como puerta de entrada y de agencia para la atención integrada con el resto de los niveles e integral junto con la prevención y la promoción de salud, lo que estará en juego será el futuro del conjunto de la sanidad pública tal y como la conocemos. Y por tanto de sus oportunidades de mejora. Ahora empiezan por el eslabón más débil de la cadena. Por eso, el estar hoy con los profesionales de la atención primaria y continuada es estar con el futuro la sanidad pública.
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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
Ante la crítica situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, el malestar y la movilización de sanitarios y ciudadanos, incluso los medios de comunicación de la derecha se han visto obligados a hacerse eco de ella, más allá del hiperventilado relato sobre la mejor Comunidad con la mejor sanidad de España. Aunque inmediatamente se han apresurado a ponerle los paños calientes habituales, que van desde afirmar que el papel secundario de la atención primaria, más que un problema de Madrid, se trata de un problema general del sistema sanitario público, que además se ha visto tensionado y a veces desbordado como consecuencia de la pandemia, hasta el manido recurso de acusar a los profesionales, a los sindicatos y a la izquierda de utilizar la sanidad únicamente para hacer política. Tal y como si la sanidad pública no hubiera tenido su origen en una determinada orientación política como es su desarrollo dentro del Estado de bienestar de posguerra y por contra el desmantelamiento actual no formase parte de la hegemonía de las políticas neoliberales.