Si tuviéramos la presión fiscal europea no habría apenas paro

Presión tributaria o presión fiscal es un término económico que se usa para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación al producto interior bruto (PIB).

En España, la presión fiscal estaba en 2018 en el 35.4%, mientras que en la zona euro es 41,7%. Es decir, España recauda impuestos por debajo de la media de la eurozona. La diferencia tiene un valor equivalente a un 6,3% del PIB, es decir, unos 75.000 millones de euros menos que lo que se debería ingresar si “confluyéramos con la eurozona”, que es lo que se nos exige cumplir en otros parámetros.

¿Por qué hay esa diferencia? Por diversas razones que se entrecruzan:

Principalmente porque se defrauda a Hacienda unos 60.000 millones de euros. Si confluyéramos con la eurozona, el fraude debería reducirse al menos a la mitad, o sea a unos 30.000 millones de euros.

Por otro lado hay unas bonificaciones y exenciones fiscales que se estiman en torno a los 30.000 millones de euros al año y que no deberían superar los 10.000 millones de euros.

Asimismo, las reducciones de los tipos en el Impuesto de Sociedades y la planificación fiscal agresiva que muchas de las empresas llevan a cabo hacen que la recaudación por el Impuesto de Sociedades de 2018 sea 20.000 millones de euros menos que en 2007, antes de la crisis económica.

Además, el fraude laboral y la economía sumergida alcanzan el 24,6% del PIB, lo que equivale a unos 30.000 millones de euros. Si confluyéramos con la eurozona, este fraude laboral y la economía sumergida deberían reducirse a la mitad, unos 15.000 millones de euros.

Sin entrar en otros detalles, como puede ser el incremento de los impuestos en las personas con mayores ingresos –ya que España está a la cola en los impuestos a las rentas más altas– o la aplicación de fiscalidad al sector financiero, en total, solo con estos capítulos mencionados, “confluyendo con la eurozona” habríamos recaudado unos 75.000 millones de euros.

Es evidente que para ello es necesario un esfuerzo de años, pero con este dinero recaudado se podría retomar la contratación de muchos de los puestos de trabajo que se recortaron en estos años pasados y se podría poner en marcha un plan de choque de reducción del desempleo.

En España en este mes de octubre hay unos 3.200.000 parados. Veamos qué efecto podría tener en la creación de empleo el hecho de recaudar 75.000 millones de euros más: el sueldo medio en España está en 24.000 euros de media, pero con el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social pasa a unos 32.000 euros.

Si hacemos un ejercicio teórico –que ciertamente requeriría muchas matizaciones–, y dividimos los 75.000 millones que tendríamos que ingresar confluyendo con la eurozona entre los 32.000 euros de coste medio de cada empleo, esto nos permitiría cubrir unos de 2,3 millones de salarios, quedando el paro al nivel de los países de la eurozona.

El paro aumentó en 20.525 personas en noviembre, su mayor alza en este mes desde 2016

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O nos ponemos a trabajar para reducir el fraude fiscal, el fraude laboral, las bonificaciones y exenciones, especialmente en el Impuesto de Sociedades, a la vez que se suben los tipos impositivos a quienes tienen mayores ingresos, o nunca conseguiremos confluir con la eurozona en el paro, ni en el fraude, ni en la presión fiscal, ni en el fraude laboral. ¿Será posible semejante normalización con Europa?

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Miguel Gorospe es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal