El Gobierno debe ampliarla y mejorarla antes del 15 de mayo: están en juego más de 30.000 hogares
En la estafa de la crisis del 2008, se hizo recaer toda la responsabilidad en las familias. Los bancos –con la connivencia de los gobiernos que permitieron usar cláusulas abusivas– instaron procedimientos de ejecución por el el impago de las cuotas hipotecarias, y se quedaron con la propiedad jurídica de centenares de miles de viviendas de la clase trabajadora, autónomos y pequeños empresarios. Miles de desahucios, pérdidas de viviendas, atentado contra la salud, suicidios... en fin, terrorismo de sistema contra la población.
Para parar la tremenda conflictividad social, se puso en marcha, entre otras, una medida consistente en la posibilidad de suspender los desahucios de su vivienda habitual a las personas que estuvieran en vulnerabilidad social y cumplieran también un montón de requisitos imposibles, nunca requeridos a la banca; te dejaban, les damos las gracias, vivir en ella por dos años, conservando la posesión de la misma. Salir del paso de manera provisional y muy restrictiva. Era el Decreto 27/2012. Pero la ausencia de vivienda pública y la nueva cascada de desahucios no hizo más que aumentar la cifra de quienes accedían a la moratoria hipotecaria.
La Ley 1/2013 amplió a cuatro años; pero el capital es insaciable y los desahucios seguían aumentando sin límite. Se obligó a su ampliación temporal hasta cuatro veces, once años que finalizan ahora, el 15 de mayo de 2024. Seguimos sin vivienda pública. Esta moratoria no sólo debe ampliarse, sino mejorarse. Llevamos meses intentando saber qué número de familias están en esta situación; ni el Ministerio de Economía –quien dio las últimas cifras de que disponemos: 27.600 familias en septiembre de 2017– ni el Ministerio de Justicia, y tampoco la Secretaría de Estado de la Vivienda lo han aclarado.
Este tema se planteó por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la reunión con la ministra de Vivienda el 22-12-2023 dentro de un Plan de Choque frente a la emergencia habitacional. El ministerio vio con buenos ojos la propuesta de ampliación y mejora de la moratoria. El tema se ha quedado ahí y gracias a la iniciativa de Podemos –de exigir que se incorpore a los decretos anticrisis– se va a debatir específicamente en el Congreso. La PAH hemos puesto en marcha una campaña, y estamos hablando con los partidos que dieron apoyo al Gobierno, al objeto de ampliar y mejorar la normativa actual, de manera que se supere la provisionalidad, la exclusión y el acoso a muchas familias.
Entre las medidas que se deben tomar, hay que empezar publicando la norma urgentemente que evite decenas de miles de desahucios más; pero debe concederse automáticamente a quienes ya la disfrutan sin aumentar la burocratización, y ampliarse a todas las personas vulnerables que hayan perdido o pierdan su vivienda habitual –independientemente del tipo de procedimiento instado o de la finalidad del préstamo–. Por otra parte, ante las vergonzosas prácticas de acoso inmobiliario por parte de la propiedad –o nuevos adquirientes– se debe garantizar el disfrute pacífico de la vivienda siendo una medida adecuada el que figure en el Registro de la Propiedad el disfrute de esta moratoria, como si de una carga más se tratase.
Ahora bien, para la PAH ahora es el momento para dar una solución definitiva a esta problemática, tal como se decidió en la reciente Asamblea Estatal, pudiéndose utilizar estas dos medidas: bien facilitando que las familias opten a la propiedad definitiva de las viviendas –con el derecho de tanteo y retracto y créditos blandos–, bien que las administraciones, asumiendo su responsabilidad, conviertan estas viviendas en parque público exigiendo la cesión de las mismas a la banca rescatada y fondos buitre que no pagan impuestos, bien negociando un precio nunca superior por el que se adquirió, y ante esta situación y la emergencia habitacional.
Esto le pedimos al Gobierno, que lo haga antes del próximo 15 de mayo, fecha en que caduca la actual moratoria. Si el PSOE sólo se limita a ampliar su duración, la PAH seguirá la lucha para una solución definitiva, en el ámbito que sea.
La Sra. ministra, tras su metedura de pata inicial recién nombrada, en la que aseguró que también se preocupaba por los pequeños rentistas, ahora sale diciendo que “hay negocio” en la vivienda. ¿No se dan Vds. cuenta de que es esa visión la que nos ha traído hasta aquí generando el mayor problema social de la historia en materia de vivienda?
El ex ministro Ábalos categorizó la vivienda como un "bien de inversión”. Es esa visión la que ha convertido la vivienda en un simple objeto de consumo y especulación más. Ahora debería tocar remar en beneficio colectivo
Sr. presidente, ¿por qué se resiste a recibir a la PAH, pese a que venimos solicitándolo casi desde la moción de censura que le llevó a la Moncloa? Hay mucho sufrimiento, injusticia y desencanto en juego. Vds. conocen de sobra los argumentarios y propuestas de la banca, los fondos buitre, los grandes rentistas y las constructoras. Escuchen en directo a la PAH y a otros movimientos sociales de vivienda.
¿Le preocupa a Vd. que le vean con quienes luchamos cada día por el Derecho a Vivienda? O ¿es que le preocupa que la sociedad compruebe que no está dispuesto a escucharnos? Sras. y Sres. del PSOE, Vds. siguen en la línea que inauguró el ex ministro Ábalos en el sentido de que la vivienda “es un bien de inversión”. Es esa visión la que ha convertido la vivienda en un simple objeto de consumo y especulación más. Ya basta de remar en favor de la avaricia de los fondos y rentistas, ahora debería tocar hacerlo en beneficio colectivo y de la gente. Nos ignoraron a la hora de elaborar la ley por el derecho a la vivienda, ignoraron también a los relatores de vivienda y de pobreza de la ONU, mientras escuchaban a especuladores.
Sabrán Vds., como sabemos nosotros, que garantizar el derecho a la vivienda debería haber sido prioritario hace años; desde la PAH hemos insistido hasta la saciedad. No puede esperar ni un minuto más la adopción de medidas que resuelvan realmente la emergencia habitacional, que deberán completarse con nuevas construcciones, pero posponer el derecho a la vivienda hasta que las constructoras hagan el agosto es otro ataque que pone en cuestión la misma convivencia democrática. Ahora toca priorizar estas medidas ante esa emergencia, para lo que tendrían que contar de una vez con la PAH y con los demás movimientos sociales de vivienda.
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José Luis González Meseguer y Paco Morote son activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).