Al menos 1.717 personas perdieron la vida intentando llegar a España en 2020, la cifra más alta desde que existen registros, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). En su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, la organización denuncia “la legitimidad de estas políticas criminales que provocan estas muertes”, y advierte de que “se han establecido parámetros judiciales, sociales y políticos que responsabilizan a quienes huyen de la persecución, de la guerra, de la miseria o de los desastres climáticos, porque simplemente intentan encontrar una vida digna.”
Según el documento, la llegada de migrantes a través de la frontera sur se ha incrementado en un 29% –41.861 personas– respecto a 2019, que registró la entrada de 32.513 personas. APDHA crítica que, pese a que esta cifra apenas supone el 4,3% del total de migrantes que entran en nuestro país, “todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en la expulsión de ese 4,3% de las personas que entran en España jugándose la vida porque se les impide desde los Gobiernos que puedan hacerlo de forma segura”.
La organización insiste en las “partidas millonarias” que hace el Estado en la implementación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que cifra en 300 millones, o en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros repartidos en Andalucía. “Grandes partidas millonarias entre las que no se encontrarán recursos para la acogida digna de la pequeña cantidad de personas migrantes que logran atravesar el foso de cadáveres en el que han convertido el Atlántico y el Mediterráneo”, argumenta APDHA.
Una solución, que según critica la organización, muestra el fracaso de las políticas migratorias de España, que “no responden a criterios humanitarios”. “Las políticas migratorias responden y están fundamentadas en el dogma del cierre de fronteras y sus efectos son cada vez más mortíferos en términos de vidas humana”, incide la organización, que recuerda que el impacto de la crisis del coronavirus no ha hecho más que profundizar en la brecha entre el primer y el tercer mundo.
“Las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan nuestro planeta. Fracturas entre el Norte y el Sur global, las emergencias climáticas, las guerras interminables y este año la pandemia de la covid-19”, argumenta APDHA. “Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado a fracasar”.
Respecto a la crisis migratoria vivida en Canarias a lo largo de este 2020, la organización advierte de que, según cifras del Ministerio del Interior, llegaron 23.023 personas a las islas, un aumento del 756% frente a las 2.768 de 2019. Un incremento que, según denuncia APDHA, tiene su raíz en el bloqueo pagado a Marruecos por la Unión Europea para evitar las corrientes migratorias de la zona mediterránea y el Estrecho .
“En 2020, pese a los avisos en este sentido, tampoco se prepararon los recursos adecuados y dignos para la llegada de migrantes a Canarias”, critica la organización, que recuerda que los episodios vividos en el muelle de Arguineguín y Barranco Seco “ha demostrado una vez más la incapacidad de este Gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.
“La respuesta del Gobierno ante esta situación crítica se ha destacado no por abordar esas violaciones de derechos humanos, planteándose una acogida generosa y digna, sino por volver a intentar intensificar la implicación en la represión de las migraciones en países de origen y tránsito, no sólo Marruecos, pero también Mauritania, Guinea, Senegal o Malí”, detalla la organización, que recuerda que la falta de asistencia legal ha impedido a muchos migrantes a que se vean reconocidos sus derechos y pudieran presentar solicitudes de asilo.
Finalmente, sobre la situación en las ciudades autónomas, la organización señala que el endurecimiento de las medidas en la frontera española y marroquí ha reducido el número de personas que cruzan la valla. Pero, mientras que en Ceuta no ha producido ningún salto a la valla en la ciudad, APDHA recuerda que el CETI de Melilla “se ha encontrado todo el año saturado, con una ocupación de 1.600 personas, cuando su capacidad es de 780”.
“La situación de pandemia ha servido de excusa para que el bloqueo en la ciudad para los migrantes se convierta en intolerable”, argumenta la organización, que recuerda que en Melilla si se han producido intentos de saltar la valla, el más reciente en enero de 2021.
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“Vistas las cosas con perspectiva, los procesos migratorios son inevitables, es imposible acabar con ellos y bloquearlos, lo que hay que hacer es poner en marcha una gestión de las migraciones que garantice rutas legales y seguras, respetuosas con los derechos humanos; y no continuar como en los últimos 30 años con las actuales políticas de muerte y sufrimiento”, concluye APDHA. “No sabemos cuántos Aylan, Samuel o Sephora tienen que seguir muriendo de forma horrible para que los gobernantes europeos pongan en el centro de las políticas migratorias el derecho a la vida”.
Aquí puedes consultar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021:
Al menos 1.717 personas perdieron la vida intentando llegar a España en 2020, la cifra más alta desde que existen registros, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). En su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, la organización denuncia “la legitimidad de estas políticas criminales que provocan estas muertes”, y advierte de que “se han establecido parámetros judiciales, sociales y políticos que responsabilizan a quienes huyen de la persecución, de la guerra, de la miseria o de los desastres climáticos, porque simplemente intentan encontrar una vida digna.”