En el municipio de Reus, en Tarragona, tan sólo hay una residencia de mayores 100% pública, es decir, en la que la Generalitat es dueña del edificio y gestora de su interior. A finales del año pasado se anunció que los mayores que allí vivían serían trasladados a otros centros. Y los trabajadores también, claro. Sería algo temporal. Simplemente, hasta que se acabaran las obras de mejora de la infraestructura. Sin embargo, lo que a priori parece una noticia positiva ha provocado la oposición de los sindicatos y las familias de los residentes, que ven en la decisión una maniobra para, en realidad, privatizar el geriátrico.
No sería una sorpresa. Al menos, así lo entiende la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, María José Carcelén, quien denuncia que el modelo del sector en Cataluña se basa en una apuesta decidida por la colaboración público-privada. "Es lo que la Generalitat quiere. Tiene una visión neoliberal en la que lo público, directamente, les molesta", lamenta.
La última prueba es lo que sucedió el pasado mes de febrero, hace apenas dos meses. Fue entonces cuando el Parlament aprobó, con los votos de ERC, Junts y PSC, las conclusiones definitivas del informe que intentó dar respuesta a lo sucedido en los geriátricos durante la pandemia. En estos centros murieron, entre marzo y abril de 2020, 3.891 usuarios con covid o síntomas compatibles con la infección. El 72% de ellos lo hicieron, además, sin ser trasladados al hospital. Pero el documento que salió de la Cámara no entró a señalar culpables. Ni a proponer un cambio de modelo, algo que las familias de los residentes consideraban necesario. El documento se limitó a reconocer "todos los aspectos mejorables del sistema". Y a, también, incidir en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada. Sin embargo, y según los datos, el control privado en los geriátricos catalanes ya alcanza el 90% de todas las plazas. "Tenemos el sector más privatizado de todo el Estado", lamenta Carcelén.
Los números le dan la razón. Concretamente, los expuestos en el análisis estadístico que la semana pasada publicó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y elaboró, durante dos años, el Imserso. Del documento se extrae que la presencia de las administraciones es mínima en toda España —en concreto, tan sólo hay un 14,2% de plazas en centros de titularidad y gestión pública—, pero todavía menor en Cataluña. Allí, tan sólo el 10% de las plazas en los geriátricos son completamente públicas. Son, en concreto, 5.089 de un total de 50.722 repartidas en 74 centros de este tipo (que representan, a su vez, el 9,4% de los que hay en la comunidad).
¿En manos de quién están el resto? El análisis publicado por el departamento de Pablo Bustinduy agrupa los geriátricos en cinco categorías: de titularidad pública y gestión privada con lucro —de sociedades mercantiles—, de titularidad pública y gestión privada sin lucro —controladas por entidades religiosas u ONG, por ejemplo—, de titularidad y gestión pública, de titularidad y gestión privada con lucro, y de titularidad y gestión privada sin lucro. Pues bien, más de la mitad de las plazas (el 54,6%) pertenecen al cuarto modelo, el que está completamente en manos privadas. En concreto, tienen en su poder 27.723 camas.
"Hace quince años que la Generalitat no construye una residencia pública. Y lo que es peor: muchas de las que siguen en sus manos se han ido privatizando poco a poco", lamenta Carcelén, que advierte de las consecuencias que ha traído —y seguirá trayendo— esta estrategia. "Si no hay una gestión desde la Generalitat, la presión que pueden ejercer las empresas es bestial", señala.
Un 25% de sus centros son macrorresidencias
Pero además de la titularidad y la gestión, el quid de la cuestión está en el tamaño de los centros. Por muy privado que sea, no es lo mismo un geriátrico privado con espacio para 20 mayores, que uno que alberga entre sus muros a más de 200 ancianos. Este de hecho fue un elemento determinante en plena crisis sanitaria. Y más en Cataluña, donde un estudio científico certificó que fueron las consideradas macrorresidencias las que más mortalidad por covid acumularon durante la primera ola de la pandemia. Los datos, publicados en la revista Epidemiología, no dejan lugar a dudas: mientras que en los centros de entre 30 y 70 plazas fue del 6%, en los de más de 200 escaló hasta el 12%. Y en Cataluña, el 90% de las plazas ubicadas en centros de más de 200 camas están repartidas en ocho centros completamente privados. De este tamaño, tan sólo hay uno público.
En cualquier caso, para que un centro se considere macrorresidencia bastaría con superar las 126 camas. Y si atendemos a ese criterio —según otra vez los datos publicados por Derechos Sociales—, el 25% de los geriátricos catalanes pertenece a esta categoría. En proporción con los datos a nivel nacional, el 10% de las macrorresidencias están en Cataluña. La mayoría, una vez más, son de titularidad y gestión privada.
No es casualidad para Carcelén. "A los fondos de inversión les interesan las residencias muy grandes, con habitaciones dobles, porque son infinitamente más rentables", lamenta. E insiste: "La privatización sólo conlleva que primen los intereses economicistas de las empresas". Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, los geriátricos completamente privados tan sólo tienen un 32,1% de habitaciones individuales, un porcentaje que se eleva hasta el 50,6% en el caso de los centros de titularidad y gestión pública.
La peor ratio, en los totalmente privados
En cualquier caso, lo que realmente preocupa a las familias, y así lo indica Carcelén desde el otro lado del teléfono, es la atención que se da. Porque la consecuencia más importante de la alta privatización del sector es la calidad de la atención a los mayores. Y ésta, con el tiempo, no ha hecho otra cosa que no sea empeorar. "Estamos incluso peor que antes de la pandemia", sentencia la presidenta de la Coordinadora 5+1.
Luchan sobre todo por las ratios que, según el análisis elaborado por el Imserso, tiene peores datos en las residencias de mayores completamente privadas. En concreto, en este tipo de centros es de 36 trabajadoras —la mayoría son mujeres— de atención directa de primer nivel —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes, una cifra que en el caso de los geriátricos totalmente públicos asciende hasta las 53 empleadas por cada 100 mayores.
Las macrorresidencias suman el 38% de las plazas de mayores, un modelo que se demostró letal en el covid
La cifra, según denuncian las familias, es claramente insuficiente. Y eso que, a priori, se ajusta al Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en junio de 2022 con el objetivo de sentar las bases sobre las cuales construir un nuevo modelo de residencias, una vez visto que el que había tenía fallos estructurales que provocaron que los efectos del coronavirus fueran tan devastadores. Lo que firmaron el entonces ministerio dirigido por Ione Belarra y las comunidades autónomas fue un mínimo de 39 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes en 2024 y 43 en 2030.
Cataluña fue una de las autonomías que votó en contra de este documento, aunque aun así, a preguntas de infoLibre, su Departament de Drets Socials aseguró hace ahora un año que el Gobierno estaba "analizando las diferencias entre los criterios" del Acuerdo del Ministerio y las normas vigentes en su autonomía. "La información recabada permitirá determinar el alcance de las medidas a adoptar. En cualquier caso, ya se está avanzado de manera decidida en el refuerzo de los procesos de desintitucionalización y, también, en la prevención de la institucionalización de las persones dependientes y con discapacidad", aseguraron. infoLibre se puso en contacto este lunes con las mismas fuentes para conocer si había habido avances en este sentido, pero a la hora de cierre de esta edición todavía no había obtenido respuesta.
En cualquier caso, Carcelén asegura que no ha habido ninguna nueva normativa. "No hemos visto absolutamente ningún cambio", sentencia Carcelén, que une a la privatización y a la falta de ratios adecuadas la ausencia de vigilancia de cumplimiento de la ley. "Sólo hay 29 inspectores en toda Cataluña. Y las inspecciones son mínimas. Si por incumplir la ratio las empresas consiguen ganar más dinero y o bien no las sancionan o lo hacen con una cantidad irrisoria, ¿qué van a hacer?", se pregunta.
En el municipio de Reus, en Tarragona, tan sólo hay una residencia de mayores 100% pública, es decir, en la que la Generalitat es dueña del edificio y gestora de su interior. A finales del año pasado se anunció que los mayores que allí vivían serían trasladados a otros centros. Y los trabajadores también, claro. Sería algo temporal. Simplemente, hasta que se acabaran las obras de mejora de la infraestructura. Sin embargo, lo que a priori parece una noticia positiva ha provocado la oposición de los sindicatos y las familias de los residentes, que ven en la decisión una maniobra para, en realidad, privatizar el geriátrico.