Adelante Andalucía ha registrado una proposición no de Ley en la que pide que el Parlamento andaluz repruebe tras la sentencia de la pieza política de los ERE a los gobiernos socialistas presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán por haber "ideado y aplicado un sistema reputado ilegal de concesión de dinero público" y a Susana Díaz y a su Ejecutivo por "abandonar la causa de la pieza política de los ERE, decisión que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley".
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se debatirá en un Pleno posterior al que se celebra esta semana, se produce tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a 19 exaltos cargos de la Junta, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial y a Chaves a nueve años de inhabitación especial.
La formación que dirige Teresa Rodríguez defiende que "la actuación política de los gobiernos cuyos presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ya han sido condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Sevilla junto a consejeros y otros cargos públicos es reprobable", pero advierte de que "no lo es menos la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Susana Díaz, que con su decisión de retirar a la Junta de la causa judicial que contaba con inequívocos visos de resultar condenatoria, hizo dejación de la defensa del interés general al que se debía y a la recuperación de los fondos ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar".
"Enorme responsabilidad" de Susana Díaz En este sentido, Adelante Andalucía subraya la "enorme responsabilidad" de Susana Díaz porque "fue durante su mandato en la legislatura anterior cuando decidió que la Junta de Andalucía debía retirarse como acusación particular en el proceso judicial del caso ERE, llegando incluso a pedir al juez el archivo de la causa". En su opinión, "si la Junta de Andalucía hubiera hecho entonces su trabajo, si hubiera representado a toda la ciudadanía, podría haber tenido la legitimidad para exigir la devolución de hasta el último euro defraudado", mientras que "ahora, para recuperar todo ese dinero malversado la Junta de Andalucía tiene que iniciar, uno a uno, los expedientes de devolución, en un proceso que puede dilatarse durante muchos años".
La petición de reprobación subraya la "gravedad" de la sentencia de la pieza política del caso ERE, que cifra en torno a 680 millones de euros "el montante total defraudado de un dinero que no estaba sometido a ningún tipo de control público, para cuya utilización fraudulenta se introdujeron cambios que dificultaran o imposibilitaran su control, y con el que se financiaron ERE en empresas elegidas sin criterios objetivos, se incorporaron personas ajenas a sus plantillas que resultaron beneficiarias de prejubilaciones que en modo alguno les correspondían, se abonaron comisiones exorbitantes y se otorgaron ayudas directas, todo ello obviando reiterados reparos legales que advertían de la ilegalidad manifiesta de las decisiones políticas adoptadas y de su ejecución". Adelante subraya que, "más allá de los hechos juzgados y de las personas condenadas por la justicia, y con independencia de los recursos ante el Supremo", el "trasfondo político" de la sentencia "retrata una época y una manera de operar desde lo público por sucesivos gobiernos del PSOE-A, años en los que la arbitrariedad y el perjuicio al interés general fueron evidentes y que, de un lado, permitieron al PSOE tejer una red clientelar por toda Andalucía, el partido que abría o cerraba el grifo de las ayudas públicas y que con esas prácticas 'fidelizaba' apoyos sociales y electorales en zonas deprimidas, en las que el desmantelamiento de sus estructuras productivas dejaba a sus habitantes pendientes de la tabla de salvación que el PSOE les lanzaba desde las instituciones autonómicas que por aquel entonces hegemonizaba".
Junto a ello, la formación morada critica que "este proceder con el que se regaba de dinero público algunas zonas a las que volvía la paz social, quedaban desprovistas de inversiones que las hicieran recuperar su pujanza económica de antaño tras las deslocalizaciones y los cierres de empresas", por lo que advierte de que mientras "los gobiernos socialistas y sus terminales provinciales y comarcales con una mano resolvieron el presente, con la otra taponaron el futuro de los hijos de aquella generación de trabajadores esforzados, que a partir de entonces sólo contaron con sus pensiones para asegurar el porvenir de sus familias a cambio de su desarraigo, ya que los y las más jóvenes engrosan buena parte de las listas deprimentes de nuestra Andalucía vaciada".
Sin medidas para evitar que vuelva a repetirse
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"Más allá del duro golpe que provoca la reciente sentencia, también resulta preocupante que a día de hoy no se haya puesto en marcha ningún tipo de medida para evitar que esta situación vuelva a repetirse", añade Adelante, que censura "la inacción tanto del actual Gobierno como del anterior, que no han tomado decisiones adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir" y considera "indignante que tampoco exista un mecanismo eficaz para recuperar todo el dinero malversado".
En este sentido, la iniciativa también insta a la Junta a "adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar procedimientos limpios y transparentes en la adjudicación de ayudas públicas y la absoluta imparcialidad de los criterios para su otorgación y cálculo de sus cuantías", para lo que reclama que presente antes de tres meses en el Parlamento "un informe detallado de los cambios operados en cumplimiento de los informes de la Cámara de Cuentas emitidos a tales efectos, y de todos aquellos cambios adoptados o previstos para mejorar los procedimientos ilegales y opacos identificados en estos años de corrupción, que garanticen la salvaguarda del interés general y el uso debido de los recursos públicos".
Por último, Adelante también insta a la Junta a reclamar al Gobierno de la Nación que impulse "las reformas legislativas necesarias para garantizar la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos cuyos miembros hayan sido condenados en firme por delitos relacionados con la corrupción, en los casos en los que el partido político en cuestión se haya beneficiado".
Adelante Andalucía ha registrado una proposición no de Ley en la que pide que el Parlamento andaluz repruebe tras la sentencia de la pieza política de los ERE a los gobiernos socialistas presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán por haber "ideado y aplicado un sistema reputado ilegal de concesión de dinero público" y a Susana Díaz y a su Ejecutivo por "abandonar la causa de la pieza política de los ERE, decisión que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley".