El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto sobre la función social de la vivienda. Por primera vez, la Administración podrá expropiar a una entidad financiera el derecho de uso de una vivienda que previamente haya embargado. La medida permitirá que las familias obtengan un plazo extra de hasta tres años antes de abandonar su domicilio.
Sin embargo, deberán cumplir varios requisitos para poder beneficiarse de la norma. En primer lugar, los afectados deberán demostrar un deterioro de su situación económica, de tal forma que el esfuerzo para pagar su crédito hipotecario haya aumentado al menos un 50% y suponga más de un tercio de sus rentas. Además, no podrán superar en más de tres veces los ingresos fijados por el IPREM –cuyo valor actual es de 532,51 euros mensuales–. En segundo lugar, su Ayuntamiento deberá acreditar que son potenciales víctimas de una situación de "exclusión social" en caso de perder la vivienda. Por último, es indispensable que el crédito impagado tenga como único objetivo el pago de la residencia habitual y permanente.
Si se cumplen todas las condiciones, la Administración pagará a la entidad financiera el 2% del justiprecio que se establezca, y a cambio expropiará durante tres años el derecho de uso del inmueble. El decreto no evita que las familias pierdan la propiedad de su primera residencia, pero sí les otorga un plazo extra para abandonarla. Mientras se beneficien de esta prórroga, deberán abonar a la Junta el 25% de su renta mensual.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, de Izquierda Unida, ha asegurado que la normativa supone un "cambio radical" en el significado de la vivienda. La norma será tramitada ahora como proyecto de ley en el Parlamento andaluz
Hasta 9.000 euros por cada vivienda vacía
El decreto también introduce sanciones a las personas jurídicas –bancos e inmobiliarias, principalmente–, que tengan viviendas desocupadas, una situación que el decreto tipifica en su régimen sancionador como "muy grave". Las entidades deberán abonar una multa de 9.000 euros por cada inmueble que mantengan desocupado. El objetivo, dicen desde el Gobierno regional, es dar salida al "enorme stock" de viviendas que estas empresas mantienen "ociosas".
La Junta, que cogobiernan PSOE e IU, creará para ello un registro de viviendas vacías en el plazo de un mes. Posteriormente, analizará los consumos de agua, electricidad y los datos del padrón de habitantes, entre otros elementos, para determinar qué inmuebles se encuentran desocupados. En esta categoría no se incluirán las viviendas secundarias, las destinadas al recreo o las de uso turístico. Si tras un plazo de seis meses se confirma la no habitación, se impondrá la calificación de vivienda desocupada.
El Gobierno regional calcula que en la comunidad hay entre 700.000 y 1.000.000 de viviendas en esta situación actualmente. La mitad de ellas pertenecen a particulares, que no se verán afectados por las sanciones. El resto, está en el poder de bancos, inmobiliarias, y demás personas jurídicas.
Fomento del alquiler
La consejera andaluza de IU defiende una quita de la deuda a los hipotecados
Por último, y según indican fuentes de la Junta de Andalucía, antes de final de año se aprobará el Plan de Vivienda de la comunidad, que impulsará el alquiler "a precios adecuados". En este caso, la administración tratará de ofrecer incentivos para que los propietarios de inmuebles deshabitados los ofrezcan en el mercado libre. Y aunque no intervendrá directamente en la regulación de los precios, asegura que éstos se reducirán a medida que se incremente la oferta.
Para fomentar el aumento, se pondrá fin a las ayudas directas al alquiler. "Los incentivos a inquilinos no sirven", reconocen estas fuentes. "El propietario las conoce y sube los precios en esa misma cuantía", añaden. Por ello, la nueva estrategia consiste ofrecer ventajas fiscales a los potenciales arrendadores, que contarán además con un seguro contra impagos y desperfectos. La administración también mediará entre inquilinos y propietarios para facilitar la celebración de los contratos.
Tras la aprobación del decreto en materia de vivienda, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, ha expresado su satisfacción: "Humildemente, hoy toca felicitarnos", ha expresado en un comunicado. "Sólo faltaba la voluntad política y hoy el Gobierno andaluz ha demostrado tenerla", ha añadido. Por su parte, el vicesecretario general del PSOE en la comunidad, Mario Jiménez, ha asegurado que la medida pone a la región "a la cabeza de la defensa de la ciudadanía", y que hará que el Ejecutivo autonómico esté "al lado de los más desprotegidos por la crisis".
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto sobre la función social de la vivienda. Por primera vez, la Administración podrá expropiar a una entidad financiera el derecho de uso de una vivienda que previamente haya embargado. La medida permitirá que las familias obtengan un plazo extra de hasta tres años antes de abandonar su domicilio.