Satisfechas y a la espera de que los compromisos cristalicen. Son, en esencia, las conclusiones de las organizaciones feministas que este lunes se han reunido con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para abordar las necesidades en materia de igualdad. La responsable de la cartera ha anunciado un aumento del 8,75% del presupuesto que se dedicará a estas partidas, una mejora acorde a lo dictado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En total, el Gobierno destinará 220 millones a las políticas previstas en el acuerdo estatal, de los cuales 64 millones serán gestionados por Justicia.
Durante el encuentro, en el que han participado nueve asociaciones de mujeres, se han abordado algunas de las demandas clásicas de las organizaciones, como la formación de los jueces y fiscales o las necesarias mejoras en la investigación judicial de la violencia machista. "Se han abordado muchos puntos que hemos propuesto, los han contemplado y las recomendaciones también", asegura Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp). Queda ahora, puntualiza, esperar a que los compromisos se cumplan. "Si se llega a plasmar, vamos por buen camino", reitera.
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, coincide en apreciar una clara unanimidad entre las mujeres asistentes a la cita. "Ha sido una reunión muy afable, nos ha recordado el altísimo compromiso con la igualdad" por parte del Gobierno y todo parece indicar, celebra la experta, que el Ministerio de Justicia "no se va a quedar atrás". Por parte de las organizaciones, relata, es importante recordar que el interés en reunirse con Dolores Delgado se explica por el peso del ministerio en el Pacto de Estado. "Le hemos trasladado nuestra preocupación por el cumplimiento del Pacto y la necesidad de reforzar la formación", continúa, pero además "hemos recordado que se trata también de una mejora de la calidad" en cuestiones como "la investigación y las respuestas judiciales".
Pero si algo ponen en valor las feministas es el contacto entre Gobierno y organizaciones. "Lo que hemos hecho hoy se puede llamar trabajar", subraya Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. "Lo que ella [la ministra] nos ha expuesto y lo que nosotras hemos pedido, coincidía" porque "Justicia pretende hacer un trabajo principalmente social y atender a las víctimas mujeres y a los menores", afirma la activista.
Para Pérez del Campo, lo importante es haber transmitido a la ministra "la necesidad de que quienes gobiernen se relacionen con quienes estamos trabajando por los intereses de las mujeres y por la igualdad". Un factor que entiende fundamental "para que un sistema sea auténticamente democrático". Por el momento, el partido que ahora gobierna parece "mostrar un interés por la ciudadanía, por la igualdad y por las reclamaciones que las mujeres" han realizado como "fuerza social y política".
Formación y mejora de la calidad
Con esta declaración de intenciones por parte del equipo socialista, opina Pérez del Campo, parece que existe cierta "predisposición a tener en cuenta las reclamaciones y las propuestas que se hacen desde las organizaciones sociales y el propio feminismo". Algunas de esas reclamaciones, que según explica Soleto forman parte de la "batería clásica" de demandas, tienen que ver con la formación de los jueces, fiscales y todos los agentes que de una manera u otra participan en el proceso judicial relativo a la violencia de género. En ese sentido, Soleto apunta que la clave es no sólo mirar "la cantidad de recursos, sino también la calidad".
El Ministerio de Justicia ha prometido aumentar en un 59,04% las dotaciones presupuestarias destinadas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, lo que se traduce en 2,24 millones de euros, mientras que el presupuesto dirigido a las Unidades de Valoración Forense Integral –reclamación tradicional en el seno de las organizaciones especializadas en violencia de género por su importancia a la hora de detectar el riesgo– aumentará un 57,48%, es decir, recibirán más de 9,6 millones. También, dicen, se incrementarán "las medidas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer, que recibirán un 2,08% más que el pasado año y las fiscalías especializadas en violencia de género".
La ministra ha insistido además en una "mayor formación de jueces, fiscales y el resto de operadores jurídicos en materia de violencia de género", demanda del movimiento feminista y mandato expreso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ha recordado que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada el pasado mes de diciembre incluye una materia de igualdad y lucha contra la violencia "en todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción de jueces y fiscales". Para este año se prevé convocar 500 plazas para el ingreso de jueces y fiscales. Finalmente, se incrementará un 20% la partida destinada al Centro de Estudios Jurídicos, que recibirá 12 millones de euros, siendo precisamente el centro que se encargue de la formación inicial y continuada en género e igualdad de todos los operadores jurídicos.
Proyectos legislativos
Pérez del Campo dice haber percibido en la ministra "una comprensión enorme" acerca de las propuestas planteadas y "por supuesto" respecto a las reformas legislativas que afectan a la vida de las mujeres. En ese sentido, ha ofrecido a las representantes de las organizaciones documentos relativos a anteproyectos como la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Un asunto, añade la activista y experta, "muy importante porque las mujeres feministas siempre" han dicho que "la violencia se aprende y por lo tanto la educación en igualdad haría que ésta se alcanzara antes".
Respecto a la futura ley de protección de la infancia, Soleto recuerda que la principal inquietud feminista tiene que ver con la ausencia de determinadas medidas contenidas en el pacto estatal. "Hemos estado revisando los elementos de preocupación identificados y vamos a pedir mejoras", relata.
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Otro de los proyectos donde no han sido "incorporados enteramente los compromisos del pacto", aprecia Soleto, es la futura ley de mediación. Su preocupación, explica, tiene que ver con que "el mecanismo de la mediación pueda apuntar a bajas tasas de litigiosidad", de manera que las organizaciones feministas temen "que una aplicación estereotipada acabe en perjuicio de las mujeres". En este punto observa con preocupación la figura del coordinador parental, presente ya en algunas comunidades y un instrumento que para las expertas en género "proviene de entornos ideológicos y sociales que están discutiendo la igualdad de derechos".
Durante la reunión, confirman las asistentes, también se han estado revisando calendarios legislativos y abordando otros proyectos como la reforma de los delitos sexuales, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la futura ley integral contra la trata de seres humanos.
Sobre si el encuentro ha marcado un antes y un después, Nieto cree que "el después está por ver", pero advierte interés en la ministra. Dolores Delgado "parece interesada en resolverlo y contar con nuestras recomendaciones", admite, algo que todas las expertas consultadas suscriben. Las expectativas, dicen, son altas. Queda ahora "ver si se cumplen".
Satisfechas y a la espera de que los compromisos cristalicen. Son, en esencia, las conclusiones de las organizaciones feministas que este lunes se han reunido con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para abordar las necesidades en materia de igualdad. La responsable de la cartera ha anunciado un aumento del 8,75% del presupuesto que se dedicará a estas partidas, una mejora acorde a lo dictado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En total, el Gobierno destinará 220 millones a las políticas previstas en el acuerdo estatal, de los cuales 64 millones serán gestionados por Justicia.