La lentitud de la justicia español es sobradamente conocida. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha superado sus límites al condenar, 21 años después de cometer el delito, a tres de los integrantes de una banda de estafadores a penas muy leves. El pasado 28 de abril tres personas pudieron ser culpados de estafa y falsedad en documento mercantil, por unos hechos cometidos en 1993.
Fuentes de la Audiencia Nacional rechazan el funcionamiento de la Audiencia Nacional, y consideran que este caso no es una excepción, pues en todo momento los jueces tienen que afrontar en solitario sumarios de gran complejidad que son muy difíciles de dominar. Las mismas fuentes abogan por la puesta en marcha de unos criterios internos de calidad para controlar la acción de la justicia, sin que esto pueda considerarse una censura previa a las decisiones de los jueces.
Precisamente, la justicia ha considerado que la lentitud del tribunal en este caso debe ser considerado un atenuante. Por lo que al final los tres acusados han mostrado su conformidad a una condena de solo tres meses de prisión, que incluye una multa.
Paradero desconocido
Pero además los estafadores condenados, según explican a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional, no fueron los principales protagonistas del delito. El más importante, Phillippe Gubay se encuentra en paradero desconocido. El segundo, Tomás Martínez, falleció antes de celebrarse el juicio.
Los primeros indicios de la estafa se remontan a 1993. Pero no fue hasta 1996, tres años después, cuando la Guardia Civil descubrió las primeras pruebas. Al principal acusado, Phillippe Gubbay, los agentes le detuvieron con un pasaporte falso. También le intervinieron varios ordenadores. El arrestado permaneció en prisión de forma preventiva varios meses, siendo posteriormente excarcelado.
Sin acusación
Al principio, la investigación de los hechos no fue fácil, pues los estafados no reconocían haber sido perjudicados. Según fuentes de la Audiencia Nacional esto podría deberse a que el dinero invertido podría tener un origen ilícito. De esta forma, aunque se sintieron estafados, no podían reclamar.
Fue tras la intervención de la Guardia Civil cuando algunas personas comenzaron a reconocer que habían sido estafados. De hecho, los acusadores ni tan siquiera acudieron al juicio, pues su interés decayó tras ser conscientes de que los principales acusados no iban a sentarse en el banquillo.
Carta falsificada
La investigación de la Guardia Civil confirma que Gubbay, de nacionalidad australiana, intentó estafar a una entidad financiera ya desaparecida en Tui (Pontevedra). Para ello utilizó una carta de recomendación de una oficina de Marbella, que había sido falsificada.
En concreto, Gubbay quería que el banco financiara con 3 millones de euros (500 millones de pesetas) un proyecto para construir un puerto deportivo. Pero la realidad fue ese proyecto nunca llegó a existir.
Málaga
A raíz de la denuncia del director de la sucursal bancaria de Tui, la operación policial se extendió a la provincia de Málaga, en dónde fue arrestado Gubbay, que portaba un pasaporte falso. Entre la documentación intervenida se encontraban archivos informáticos que probaban que la estafa se remontaba al año 93. En concreto, Gubbay comercializaba unos productos financieros, que realmente no existían, con lo que captaba un dinero, que no devolvía.
En un primer momento, las defensas recurrieron las decisiones judiciales alegando que los delitos habían prescrito. Y estos recursos acabaron por provocar mayores retrasos en el procedimiento judicial.
Tomás Martínez
Si todo se hubiera desarrollado como estaba previsto, el juicio podría haberse celebrado en 2007, explican a infoLibre fuentes del caso, que reconocen que en ese año ya hacía 14 años que se había producido la estafa. Pero en ese momento, las acusaciones tomaron otra decisión: solicitaron que al caso de Gubbay se acumulara otra causa, en la que había sido detenido el ciudadano español Tomás Martínez.
Pero la decisión de concentrar las dos causos fue recurrida al Tribunal Supremo, que finalmente acabó por ordenar que las dos estafas se integraran en un solo sumario. De esta forma, el Alto Tribunal evitaba que el delito de estafa de Tomás Martínez prescribiera, pues ya habían pasado más de 10 años sin que ni tan siquiera hubiera sido llamado a declarar como imputado. El delito de estafa continuada, al estar concertado, eliminaba la prescripción. De esta forma, la justicia evitaba que los delitos quedaran impunes. Pero a costa de una nueva dilación en el sumario.
Otro retraso
Asimismo, la acusación particular pidió una comisión rogatoria a Suiza. en un primero momento, las autoridades de esta pís contestaron que no disponían de los que se solicitaban. Y después se pidió nueva información.
El último fallo del Tribunal Supremo se produjo en 2010, por lo que la causa volvió a acumular un retardo de tres años. Con el paso de los años, muchas de las personas implicadas en la presunta estafa han fallecido, como por ejemplo es el caso de al menos seis testigos, e incluso el acusado Tomás Martínez, pues Gubbay no ha podido ser localizado al estar en paradero desconocido.
Cónsul africano
El principal acusado, Phillippe Gubbay, era conocido por llevar un gran tren de vida. Utilizaba coches de alta gama, y por supuesto trajes caros. Además, se presentaba como el cónsul de un país africano. Pero la Policía comprobó que no era cierto, pues no estaba habilitado en ningún consulado. Y el análisis de los archivos de su ordenador permitió comprobar que todos los productos financieros que comercializaba eran falsos.
Para lograr que las personas invirtieran su dinero en los productos financieros, Gubbay contactaba con los denominados comisionistas. Que eran personas que a cambio de un porcentaje, que superaba hasta el 10% de la operación total, convencían a los inversores para que adquirieran los productos.
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10% de beneficio
Gubbay se ponía en contacto con directores de sucursales bancarias, así como con abogados de toda España. Y les ofrecía hasta un 10% del beneficio. Y en todo momento había una apariencia de legalidad, pues los productos financieros estaban certificados en depósitos de oro, que en realidad no existían.
Sí que se pudo comprobar que la red de estafadores disponía de una cuenta en el banco Merril Lynch, en el que depositaban las cantidades aportadas por los clientes. Gubbay también utilizaba la sociedad Ventura limited para sacar el dinero de España, pues la firma estaba radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
La lentitud de la justicia español es sobradamente conocida. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha superado sus límites al condenar, 21 años después de cometer el delito, a tres de los integrantes de una banda de estafadores a penas muy leves. El pasado 28 de abril tres personas pudieron ser culpados de estafa y falsedad en documento mercantil, por unos hechos cometidos en 1993.