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El aumento de las emisiones de CO2 de combustibles fósiles de España evidencia un círculo vicioso sequía-contaminación

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La Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat, ha publicado este viernes los datos relativos a las emisiones de CO2 en la Unión Europea de combustión de combustibles fósiles en 2017. Este dato incluye tanto el transporte alimentado por gasolina, diésel u otras fuentes no limpias como el de la generación de electricidad, que en todos los países funciona gracias a la quema de carbón, de gas natural y otros combustibles fósiles, aparte de la generación renovable. El dato de la UE al completo es desalentador, con un 1,8% de incremento con respecto al año anterior, 2016. Pero asusta especialmente la cifra de España, que con un 7,4% se convierte en el cuarto país en el que más han crecido estas emisiones en concreto. Solo por detrás de Bulgaria, Estonia y Malta. Países como Finlandia, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, han logrado reducirlas, pese a la tendencia alcista general del club comunitario.

La metodología de Eurostat puede inducir a confusión. Estos datos no son los referentes a todas las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores y actividades. Son los referentes al uso de energía, ya que a la hora de cuantificar estas emisiones contaminantes, la oficina divide en tres los criterios: por actividades económicas, por el uso final de los productos y por los procesos técnicos. De estos últimos son las cifras que se han publicado hoy, ese 7% de España. Incluyen el transporte y la generación de electricidad, dos grandes contaminantes, pero no el resto de la industria o, por ejemplo, la agricultura. Tampoco tiene en cuenta todas las emisiones, solo las de CO2, que aunque son mayoría en el conjunto de gases de efecto invernadero (80%, según la misma Eurostat), no son todas. Se quedan fuera, por ejemplo, gases como el metano, que se escapa a la atmósfera cuando se extrae, se distribuye o se consume gas natural.

Aclarados estos conceptos, la noticia de la Oficina Europea de Estadística no deja de ser inquietante, habida cuenta de la urgencia de la acción climática y de los avisos que se vienen sucediendo estos últimos meses desde todos los frentes y que avisan que cumplir los objetivos del Acuerdo de París es complicado con el ritmo de descarbonización actual, y que incluso cumpliendo lo que establece, no será suficiente para parar los efectos más devastadores del cambio climático. España ha crecido en sus emisiones de combustión de combustibles fósiles un 7% y, además, sus niveles de contaminación de este tipo son de un 7,7% del total de la UE. En este ranking, es el sexto país, lo que ayuda a entender el contexto pero tampoco tranquiliza. Por ejemplo, Alemania, inmersa en una pelea por reducir su descomunal dependencia del carbón, redujo un 0,2% sus emisiones en 2017 pero representa un 23% del total de la UE, por lo que tiene mucho más trabajo por delante.

A pesar de que España aún no cuente con la prometida Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la alarmante cifra no es fruto de una inacción directa sobre los sectores implicados. La gran industria, entre la que se incluye la de generación de electricidad, está sujeta al sistema de comercio de emisiones, donde no pueden intervenir los Estados, aunque sí que pueden planificar su política energética. El transporte, incluido en esa cifra, sí que está dentro de los llamados sectores difusos, cuyos objetivos de reducción de emisiones deben cumplir los Estados miembros. Las razones del aumento, en todo caso, hay que encontrarlas en la sequía, que según datos del mes pasado de Red Eléctrica Española (REE), hizo aumentar un 17,8% en 2017 las emisiones de CO2 del sector eléctrico.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ya reconoció en el Congreso que la sequía registrada en España a lo largo de 2017 "complicará la senda de decrecimiento" que, en materia de emisiones de gases invernadero, venía registrando el país en los últimos años, fruto, entre otros factores, del menor consumo energético causado por la crisis, apuntan los expertos. La sequía influye en las emisiones del sector eléctrico porque la producción hidráulica, una fuente renovable y que no contamina en términos de polución atmosférica, cae en picado. En concreto, cayó un 48,4% con respecto al año anterior y solo cubrió el 7% de la demanda en este año, frente al 14,2% del ejercicio anterior, afirmó REE. Y cuando cae tan bruscamente la generación de electricidad de una fuente, hay que compensarla con otras, y dado el mix energético que disfrutamos –o sufrimos– en la actualidad, ese papel lo cumplen los combustibles fósiles. Así, el carbón representó el 17% del total de la generación, frente al 13,9% de 2016, y las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas natural, llegaron al 13,9% cuando en 2016 solo representaron un 10,2%.

Los datos ahora ofrecidos por Eurostat, sin embargo, contextualizan el problema con el resto de la Unión Europea. Simplificando, les pasa a todos pero a muy pocos les pasa más que a nosotros. Se plantea el riesgo de entrar en un círculo vicioso. El cambio climático no solo aumenta la temperatura media y reduce las precipitaciones, sino que también aumenta la frecuencia de los fenómenos extremos, como las sequías. España, por su situación geográfica, es el país de la Unión Europea más susceptible a estos cambios. Y, si por la composición del mix energético, si cada vez que sufrimos una sequía tan severa como esta aumentan las emisiones, el cambio climático no se frenará, aumentando a su vez la frecuencia y la intensidad de las sequías. Episodios como los vividos a principios de 2018, de auténtica emergencia en algunas cuencas, se repetirán, afirman todas las previsiones. A pesar de que el buen estado actual de los embalses tras las últimas lluvias invite a la calma.

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¿Es inevitable?

La respuesta corta: no, pero hace falta voluntad política real. Como en casi cualquier cuestión relacionada con el cambio climático. Así lo defiende Sergio de Otto, de la Fundación Renovables. "Obviamente, lo que hay que hacer es prescindir del carbón", defiende, como ya se han planteado la mayoría de países de Europa Occidental, con España como poco honrosa excepción. "Y apostar más por las renovables. La hidráulica es solo una energía renovable", afirma. Explica el experto que nunca sucede que todas las formas de generar electricidad de forma renovable no funcionen a la vez. Y, como afirma el experto en el sistema eléctrico Javier García Breva, las tecnologías de almacenamiento de electricidad –baterías– han crecido exponencialmente durante estos últimos años.

Para De Otto, la solución pasa por aumentar, de manera urgente pero planificada, la proporción de producción eólica y fotovoltaica en el país, puesto que "evidentemente, ya no vamos a hacer más presas" en un sistema masificado y agotado, y en buena parte en desuso, como denunció la semana pasada Ecologistas en Acción. Un sistema eléctrico con una presencia mayor de estas tecnologías evitaría tener que recurrir al carbón para mantener el suministro. La Fundación Renovables apuesta por un 80% de la electricidad generada por renovables en 2030, eso sí, con las centrales de ciclo combinado de gas natural como respaldo del sistema. La apuesta por el gas natural como "combustible de transición", dado que emite muchísimo menos que el carbón, es ya bien conocida y muy poco disimulada por la Comisión Europea. Sin embargo, De Otto matiza: "Pero sin gaseoductos. No hacen falta. La mayoría de las centrales de ciclo combinado en España están paradas". Bruselas no opina lo mismo.

La Oficina Europea de Estadística, más conocida como Eurostat, ha publicado este viernes los datos relativos a las emisiones de CO2 en la Unión Europea de combustión de combustibles fósiles en 2017. Este dato incluye tanto el transporte alimentado por gasolina, diésel u otras fuentes no limpias como el de la generación de electricidad, que en todos los países funciona gracias a la quema de carbón, de gas natural y otros combustibles fósiles, aparte de la generación renovable. El dato de la UE al completo es desalentador, con un 1,8% de incremento con respecto al año anterior, 2016. Pero asusta especialmente la cifra de España, que con un 7,4% se convierte en el cuarto país en el que más han crecido estas emisiones en concreto. Solo por detrás de Bulgaria, Estonia y Malta. Países como Finlandia, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, han logrado reducirlas, pese a la tendencia alcista general del club comunitario.

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