Cientos de colectivos sociales, decenas de sindicatos y varios partidos políticos se han manifestado en la tarde de este sábado en una multitudinaria concentración frente a la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, y en otras ciudades españolas, como Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid o Vitoria. Desde las seis de la tarde y con los hashtag#YoVoy10N, #EscándaloSupremo y #TimoSupremo, en torno a 4.000 personas han protestado contra la decisión del Alto Tribunal de descargar el gravamen de las hipotecas sobre cliente, y no sobre la banca.
La plaza de la Villa de París, junto al Alto Tribunal, ha albergado en la tarde de este sábado una multitudinaria concentración en la que se han escuchado consignas como "Fuera fascistas de las instituciones", "Luego diréis que vosotros sois la ley" o "Banqueros robando y jueces ayudando". Entre los asistentes se han podido ver pancartas y banderas de diferente adscripción política, sindical y social. Podemos e Izquierda Unida han sido los principales convocantes, si bien también ha asistido el Partido Comunista, y colectivos como los Yay@flautas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha encabezado la concentración con una serie de pancartas con imágenes de políticos, jueces y banqueros.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asistido a la convocatoria junto al coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, para reclamar la retroactividad de la devolución del impuesto de las hipotecas y para denunciar, según ha indicado, las presiones ejercidas por el sector bancario sobre los jueces. Iglesias ha tildado de "vergüenza" la decisión del Supremo y ha adjudicado a su partido la aprobación del real decreto que, a partir del próximo lunes, obligará a la banca a hacerse cargo del impuesto de las hipotecas. Para el líder de Podemos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció este decreto una vez que su partido informó de concentraciones para este sábado.
"Defender España no es poner una bandera grande en el balcón, sino defender a las familias trabajadoras", ha añadido, y ha apuntado que han sido las familias españolas las que, con su indignación, han presionado a todos los partidos a posicionarse en contra de la doctrina final del Supremo. Ya que, según ha recordado, el PSOE se abstuvo, y PP y Ciudadanos votaron en contra de una propuesta llevada por la formación morada al Congreso de los Diputados.
Este sábado, además, se han producido concentraciones en casi todas las principales ciudades españolas: Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Málaga, Oviedo, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vitoria. Las protestas, que se están sucediendo en todo el territorio estatal, comenzaron este jueves en Galicia, País Vasco y algunas zonas de Cataluña y Andalucía. Y el viernes también hubo convocatorias en Barcelona, València y Castellón.
Rectificación sin precedentes
La Sala Tercera del Supremo, experta en materia tributaria, había fallado a favor de los clientes el pasado 18 de octubre. Pero sólo veinticuatro horas después, el presidente de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, elevó la cuestión al Pleno del Alto Tribunal, que se pronunció el pasado martes -con 15 votos a favor y 13 en contra- del lado de las entidades bancarias y en contra de los prestatarios.
Ante el enorme revuelo social provocado por un Supremo en plena crisis de confianza, el Gobierno tuvo que mover ficha. Así, este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentó la "gran alarma social e inseguridad jurídica" provocada por el Alto Tribunal y anunció la aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y se establece que será la banca -y no el cliente- quien deba pagar este gravamen.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a partir de este sábado -cuando el cambio normativo entra en vigor-, el adquiriente del bien o derecho será sujeto pasivo (y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellas en cuyo interés se expidan). Con este movimiento, el Ejecutivo puso fin a dos semanas de bandazos e inseguridad jurídica.
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"Hay otros gastos en el proceso que siguen sin resolverse"
El martes, tras conocerse la marcha atrás del Supremo, Unidos Podemos decidió convocar estas manifestaciones con motivo de la decisión "en favor de la banca". Según manifestó la formación morada en un comunicado, esta es "una decisión sin precedentes" que coloca a la Justicia española "del lado de la banca y contra los intereses de los ciudadanos y de la democracia". El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, según Podemos es una "solución parche" que "no es suficiente", ya que "tan solo afecta a uno de los gastos de constitución de una hipoteca, pero hay otros gastos en el proceso que siguen sin resolverse".
En el escrito, el partido morado ha recordado que ya se mostró favorable de que todos los gastos de constitución de una hipoteca corran a cargo del banco, y que en febrero ya presentaron en el Congreso un texto alternativo al "proyecto de ley Guindos" de contratos de crédito inmobiliario, que fue rechazado en la votación por el PP, el PSOE y Ciudadanos. "Es hora de defender una justicia independiente de políticos y de presiones de poderes económicos, que la población recupere cuanto antes todo lo cobrado de forma indebida por las entidades financieras, que no se permita más el abuso de las cláusulas de los contratos y se articulen mecanismos de protección a la población", reclama el partido liderado por Iglesias.
Cientos de colectivos sociales, decenas de sindicatos y varios partidos políticos se han manifestado en la tarde de este sábado en una multitudinaria concentración frente a la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, y en otras ciudades españolas, como Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid o Vitoria. Desde las seis de la tarde y con los hashtag#YoVoy10N, #EscándaloSupremo y #TimoSupremo, en torno a 4.000 personas han protestado contra la decisión del Alto Tribunal de descargar el gravamen de las hipotecas sobre cliente, y no sobre la banca.