Eclipsada por la pandemia y sus efectos, la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia Nacional investiga el seguimiento y espionaje a políticos, empresarios y periodistas por encargo del BBVA acaba de dar una inesperada vuelta de tuerca. Documentos incorporados al sumario revelan ahora que, tres meses antes de que el comisario fuese detenido el 3 de noviembre de 2017, el banco ya sabía que se le investigaba por blanqueo de capitales. Y lo sabía porque el 27 de julio de 2017 el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le envió un requerimiento sobre las cuentas abiertas en la entidad por Villarejo, sus socios y algunas de sus principales empresas así como sobre los datos que la entidad poseía en relación a todo ello.
El BBVA respondió el 16 de agosto con un escrito que ya desvelaba su conocimiento de que Villarejo era el titular real de la empresa Cenyt SL, la empresa a la que entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2017 pagó 10,28 millones de euros. Una vez respondido el requerimiento de la unidad de inteligencia financiera del país, la entidad que entonces presidía Francisco González mantuvo el contrato con Cenyt hasta que el policía ingresó en prisión.
Pese a lo anterior, la entidad no emprendió ninguna investigación interna sobre sus relaciones con Villarejo hasta junio de 2018, después de que publico.es destapase que el BBVA había contratado a Cenyt para investigar a Luis Pineda, fundador de la asociación Ausbanc, a la que atribuía una operación de chantaje sostenido.
En su respuesta al Sepblac, el BBVA hacía constar Villarejo era el titular real de Cenyt SL a través de otra de sus mercantiles, Global Sinapsis. No figura en el recuadro sombreado bajo el epígrafe "titulares reales", casilla en la que se lee el nombre de su socio Rafael Redondo, sino debajo, como se observa en la imagen bajo estas líneas
El sábado, infoLibre preguntó sin éxito a los portavoces del BBVA si tras recibir el requerimiento del Sepblac el banco adoptó alguna medida en relación a Cenyt SL antes de que su entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano, preguntase a los servicios jurídicos si una relación contractual debía finalizar en caso de que su propietario ingresara en prisión. Esa, la de que el contrato quedó roto tras la pregunta que Corrochano hizo a los servicios jurídicos tras el arresto y encarcelamiento de Villarejo, fue la versión que ofreció al juez el representante legal del BBVA, Adolfo Fraguas.
El BBVA ocultó a la máxima unidad de inteligencia contra el blanqueo información sobre la empresa de Villarejo
En su declaración ante el titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Fraguas reconoció que en 2014 el departamento de blanqueo de capitales supo quién era "el titular real" de Cenyt porque así figuraba en la "declaración de actividades económicas". Y añadió aquí un pero: "En ningún sitio consta que sea policía. Blanqueo no sabía que fuera policía". Como el banco levanta "murallas chinas" como medida de protección de datos –siguió argumentando el representante del BBVA– tampoco el departamento interno de prevención del blanqueo comunicó a ningún otro la identidad del propietario de Cenyt.
En resumen, la versión oficial sostiene que el entonces director de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, conocía la doble trayectoria profesional de Villarejo pero el banco como tal, no. En cuando a Corrochano, Fraguas no descartó que recibiese instrucciones aunque no precisó de quién o quiénes.
Al igual que ocurrió con el requerimiento lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) al BBVA en enero de 2019, el del Sepblac de julio de 2017 llegó a manos de Eduardo Arbizu. Es decir, al directivo que desde 2003 había dirigido el área legal, luego también la de cumplimiento normativo y finalmente, la de control y regulación interna. Arbizu acabó imputado el pasado mes de noviembre.
Eclipsada por la pandemia y sus efectos, la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia Nacional investiga el seguimiento y espionaje a políticos, empresarios y periodistas por encargo del BBVA acaba de dar una inesperada vuelta de tuerca. Documentos incorporados al sumario revelan ahora que, tres meses antes de que el comisario fuese detenido el 3 de noviembre de 2017, el banco ya sabía que se le investigaba por blanqueo de capitales. Y lo sabía porque el 27 de julio de 2017 el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le envió un requerimiento sobre las cuentas abiertas en la entidad por Villarejo, sus socios y algunas de sus principales empresas así como sobre los datos que la entidad poseía en relación a todo ello.