El arzobispo de Granada, Javier Martínez Fernández, vuelve a estar en el centro de la diana muy a su pesar. La denuncia contra diez sacerdotes de su diócesis y dos seglares, supuestamente, autores o encubridores de abusos sexuales contra menores, han dejado en evidencia una forma de actuar alejada de las políticas de tolerancia cero que viene pregonando el Vaticano. Martínez conoció la denuncia de la presunta víctima por el propio joven, que se reunió con él poco después de informar al papa. Pero incumplió el mandato de la Santa Sede de acudir a la justicia ordinaria para denunciar los hechos. Dicen en la diócesis granadina que actuó con medidas tintas, tarde y mal, que quiso “tapar” lo ocurrido y que sólo acudió a la Fiscalía después de que lo hiciera la supuesta víctima. La realidad es que el prelado suspendió a divinisa tres de los sacerdotes bajo sospecha, pero colocó en esas responsabilidades pastorales a otros curas investigados como presuntos encubridores.
El escándalo de los supuestos abusos sexuales es un episodio más de la inacabable historia de desatinos del arzobispo de Granada, que ha colocado a la diócesis en el ojo del huracán de la Iglesia católica. Su gestión al frente del arzobispado granadino ha sido tan controvertida como desastrosa. Desde que llegó a la archidiócesis de Granada, Martínez ha ido encadenando una polémica tras otra, fruto, en buena parte, de una intransigencia excesiva que le ha llevado a romper el diálogo con casi todos y a enfrentarse con buena parte del clero.
Este arzobispo, madrileño de nacimiento, que pronto cumplirá los 67 años, llegó a Granada en el año 2003 procedente del Obispado de Córdoba, donde también fueron muy sonados sus desencuentros con el por entonces presidente de CajaSur, el cura Miguel Castillejo, que logró deshacerse de él con su nombramiento como arzobispo de Granada. Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas, estudió también Filología Semítica en la Universidad Católica de América, en Washington, DC, donde fue profesor adjunto a la cátedra de siríaco. Perteneciente al movimiento ultracatólico Comunión y Liberación, Martínez fue el primer prelado español juzgado por los tribunales ordinarios por acoso moral a un sacerdote. Condenado por la justicia 'terrenal', consiguió salir absuelto tras recurrir la sentencia que lo condenaba.
Cuando Martínez se sentó en el banquillo, ya acumulaba todo un historial de enfrentamientos internos que él mismo había provocado. Una de las primeras decisiones que tomó al llegar a Granada fue romper las relaciones con los jesuitas de la Facultad de Teología, un centro de prestigio al que el arzobispo acusó públicamente de impartir enseñanzas que no estaban de acuerdo con “la cultura actual de la Iglesia”. Lo hizo de manera unilateral, retirando a los seminaristas de la diócesis de Granada que estudiaban en la Facultad. Después abrió otro frente con la Escuela de Magisterio La Inmaculada, dependiente de la archidiócesis, donde despidió a profesores para contratar a miembros de Comunión y Liberación. Pero su mayor calvario fue la rebelión de los curas. Cuatro años después de la llegada de Martínez a Granada, 132 curas se conjuraron contra él y suscribieron un documento muy crítico con su gestión que remitieron al propio arzobispo, a los vicarios del Arzobispado, a los ocho obispos andaluces, al nuncio del Vaticano en España, y hasta el mismísimo papa, que por entonces era Benedicto XVI.
La rebelión de los curas no fue cualquier cosa. El documento fue apoyado casi por la mitad de los sacerdotes de la diócesis (unos 280 curas), que criticaban los gastos excesivos del Arzobispado, la crisis abierta en la Facultad de Teología, y la marginación de varios religiosos por parte del prelado. Aquella denuncia pública terminó en carpetazo y los curas críticos han optado por pasar de su arzobispo, cansados de sus desmanes.
Agencias de viajes, editoriales, centros culturales...
Lo más cuestionado de su gestión son los gastos del arzobispado. Martínez ha ido tejiendo una red de sociedades y organismos altamente deficitarios que utiliza como agencia de colocación de militantes del movimiento Comunión y Liberación y que han endeudado a la diócesis hasta la médula. Ha creado una agencia de viajes (Viajes San Cecilio), que organiza peregrinaciones a Roma, Tierra Santa, Armenia, Georgia, Turquía, Rumanía, Etiopía, destinos por los que el prelado parece sentir devoción.
Desde que aterrizó en la diócesis, el arzobispo ha ido ideando iniciativas, como la editorial Nuevo Inicio, en la que publicó los polémicos libros Cásate y sé sumisa y Cásate y da la vida por ella, de Constanza Miriano, una periodista vinculada también al movimiento Comunión y Liberación. Sus detractores afirman que la editorial es un negocio ruinoso que arroja pérdidas económicas y tiene dudosa rentabilidad apostólica.
Obsesionado por controlar la formación religiosa, ha montado además empresas y organismos que sólo han contribuido a aumentar el endeudamiento de la diócesis: el Centro Cultural Nuevo Inicio, el Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano, el Instituto de Filosofía Edith Stein o el Instituto Lumen Gentium.
Una deuda de 30 millones de euros
Cuando Martínez llegó a Granada, la diócesis tenía una deuda de 1,2 millones de euros. Ahora, ronda los 30 millones. Parte de la deuda procede de un préstamo 19,5 millones que solicitó para construir la nueva Escuela Universitaria de Magisterio La Inmaculada, un edificó que costó 23,5 millones de euros y que tuvo que ser reformado poco después de inaugurarse. Lo demás, se va en gastos de funcionamiento y personal de las estructuras que ha ido creando. Y es que el arzobispo dispara con pólvora de rey. Ha creado centros que tienen más profesores que alumnos y otros organizan exposiciones, conferencias y cinefórums sin reparar en gastos.
Los dispendios del arzobispo no tienen precedentes en la diócesis y son cuestionados por comunidades religiosas a las que Martínez les pide que hagan un ejercicio de caridad. El arzobispo se ha llegado a quejar de la escasa colaboración económica de los fieles de Granada. Ha pedido a las organizaciones eclesiásticas que recortaran dinero de las misiones para sostener la vida de la Iglesia diocesana mientras él se marchaba de viaje a Australia, a Etiopía o a Oriente Medio. Y ha tenido que pedir préstamos para pagar las nóminas de los curas mientras organizaba exposiciones, charlas o conferencias con cargo a los fondos de la diócesis.
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Sus homilías y declaraciones no han sido menos polémicas que su gestión. Martínez ha sido protagonista de infinitas historias por su visión intransigente y ultra de los matrimonios homosexuales, la píldora postcoital, la educación o el aborto. Comparó la reforma de la Ley del Aborto con el régimen de Hitler y justificó la violación a las mujeres que abortan. “Matar a un niño indefenso, y que lo haga su madre, da a los varones licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer”, afirmó en una homilía.
También se ha pronunciado en contra del uso de preservativos, afirmando que su uso “no ha detenido los contagios del virus del sida en África, sino que lo ha propagado”. Ha arremetido contra los políticos y hasta contra los funcionarios y consideró “una enfermedad social” que los jóvenes quisieran convertirse en empleados públicos.
Con afirmaciones de este tipo, Martínez se ha convertido en protagonista de muchas historias, a cada cual más mediática, que le han colocado en el centro de la diana.
El arzobispo de Granada, Javier Martínez Fernández, vuelve a estar en el centro de la diana muy a su pesar. La denuncia contra diez sacerdotes de su diócesis y dos seglares, supuestamente, autores o encubridores de abusos sexuales contra menores, han dejado en evidencia una forma de actuar alejada de las políticas de tolerancia cero que viene pregonando el Vaticano. Martínez conoció la denuncia de la presunta víctima por el propio joven, que se reunió con él poco después de informar al papa. Pero incumplió el mandato de la Santa Sede de acudir a la justicia ordinaria para denunciar los hechos. Dicen en la diócesis granadina que actuó con medidas tintas, tarde y mal, que quiso “tapar” lo ocurrido y que sólo acudió a la Fiscalía después de que lo hiciera la supuesta víctima. La realidad es que el prelado suspendió a divinisa tres de los sacerdotes bajo sospecha, pero colocó en esas responsabilidades pastorales a otros curas investigados como presuntos encubridores.