El enésimo intento del PP de buscar el apoyo de la Comisión Europea para forzar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a renunciar al modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se topó este miércoles en Estrasburgo, una vez más, con el criterio del comisario de Justicia, Didier Reynders. El representante de la Comisión dejó claro al Partido Popular, otra vez, que la prioridad es que los de Alberto Núñez Feijóo pongan fin al bloqueo al que somete la renovación de este organismo desde hace cuatro años y que después, y sólo después, será el momento de abrir el debate sobre la reforma del modelo de elección de sus vocales.
Feijóo había ordenado a sus representantes en el Parlamento Europeo denunciar públicamente que España no está cumpliendo las normas que regulan el estado de derecho. Su objetivo era que la Comisión anunciase la adopción de medidas contra el Gobierno de España que no sólo habrían desbaratado loa credibilidad de la presidencia de turno de la Unión Europea que Pedro Sánchez asumirá en julio sino que hubiesen puesto en peligro la llegada de los fondos europeos que todavía están pendientes.
Reynders, sin embargo, no se dejó llevar por un debate bronco que conoce bien porque lo presenció durante la visita que realizó a Madrid hace tres meses y medio. El comisario ignoró la durísima intervención de la portavoz del PP, Dolors Montserrat, según la cual España sufre “una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno”.
En un discurso en el que apuntó en el del Estado de derecho español el CGPJ, el Tribunal Constitucional, la reforma del Código Penal y la ley del sólo sí es sí, Montserrat aseguró que el Gobierno “ha entregado el Código Penal a los condenados por atentar contra la Constitución, modificándolo a la carta para así lograr que sus delitos desaparezcan”.
La respuesta de Bruselas
El comisario le respondió que está al tanto de las últimas medidas aprobadas en España, peor no asumió ni uno solo de los argumentos del PP. En cambio elogió los esfuerzos del Gobierno para adoptar la mayoría de las recomendaciones que Bruselas le trasladó en su informe de 2022 sobre el Estado de derecho y recordó que una de ellas exige la renovación del CGPJ —que el PP bloquea— antes de abrir el debate sobre el cambio de modelo que la Comisión apoya.
Primero, insistió, debe llevarse a cabo la renovación “con carácter de urgencia”. E, “inmediatamente después”, el inicio del proceso de reforma del sistema de elección de los vocales. Justo lo contrario de lo que pretende el PP, que acaba de presentar una proposición de ley de reforma del modelo de elección mientras mantiene bloqueada la renovación del actual Consejo.
Por eso lamentó que el PP rompiese las negociaciones abiertas el pasado mes de octubre y pidió su reanudación: “Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación”.
Reynders tampoco atendió las críticas del PP a la renovación del Tribunal Constitucional, que los de Feijóo consideran ahora sometido al Gobierno porque dos de sus nuevos miembros ocuparon altos cargos en el Ejecutivo.
La renovación de cuatro de los puestos que integran el plenario del TC, llevada a cabo de acuerdo con lo que marcan las leyes —dos magistrados fueron designados por el Gobierno y los otros dos por el CGPJ— es “importante”, subrayó el comisario de Justicia, en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un “elemento esencial del Estado de derecho”.
El Ejecutivo comunitario, añadió, está al tanto de que el Constitucional intervino la tramitación de la reforma del CGPJ y del TC que había aprobado el Congreso pero evitó opinar sobre el fondo de la cuestión.
Reynders tampoco vio motivo de escándalo en la reforma del delito de sedición a pesar de las furibundas intervenciones del PP, Ciudadanos y Vox denunciando la medida. El comisario de Justicia dejó claro que esta modificación del Código Penal no es contraria al derecho comunitario, por lo que Bruselas lo considera una decisión del Estado español sobre la que no tiene nada que decir. España es “libre” de introducir cualquier cambio al respecto porque se trata de una “competencia exclusiva” de los Estados miembros, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales.
Sobre lo que sí tiene dudas Bruselas es sobre la reforma de la malversación, que ha reducido las penas a las que pueden ser condenados los responsables públicos que utilicen el dinero de las instituciones para fines distintos de los establecidos originalmente.
La Comisión, explicó Reynders, está “analizando” si esta modificación del Código Penal encaja en las reglas de la Unión Europea, en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere. “La reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la UE, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE, detalló.
Apoyo de la derecha y de los ultras
El debate suscitado por el Partido Popular en el pleno del Parlamento Europeo no logró el eco que buscaba en la Comisión, pero sí movilizó a favor de los de Feijóo a Ciudadanos y Vox, que también se esforzaron en denunciar el incumplimiento del Estado de derecho en España y reclamaron a Bruselas que tomase medidas para corregir esta situación, así como a las formaciones ultras de toda Europa, en especial de Polonia y Hungría.
Los parlamentarios de estos dos países creen que la Comisión aplica un doble rasero porque castiga a sus estados por incumplir la legalidad comunitaria y las normas democráticas, pero no a España, que a la vista de las afirmaciones de PP, Ciudadanos y Vox, aseguran que está en la misma situación.
El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas denunció que el Gobierno español comete “abusos del Estado de derecho” y su compañera Maite Pagazaurtundúa acusó a Sánchez de “otorgar impunidad total o parcial a los autores de graves delitos”.
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Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé definió España como un “espacio de impunidad en donde el delincuente recibe recompensa y la víctima humillación”.
En nombre de los Socialistas y Demócratas (S&D), el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar acusó al PP de “secuestrar” el CGPJ bloqueando su renovación para “perpetuar” así la mayoría que perdió en las elecciones. “En la idea europea de democracia es más importante saber perder reconociendo los resultados”, remarcó.
Por Los Verdes europeos, Ernest Urtasun (En Comú-Podem), criticó la “deslealtad” del PP con su país y defendió el “buen trabajo” del Gobierno de coalición en la Unión Europea. La eurodiputada de Unidas Podemos y vicepresidenta de la Izquierda Europea, Sira Rego, enumeró los casos de corrupción de los últimos años que afectan al PP y acusó a esta formación de situarse “fuera de la Constitución bloqueando la renovación” del CGPJ.
El enésimo intento del PP de buscar el apoyo de la Comisión Europea para forzar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a renunciar al modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se topó este miércoles en Estrasburgo, una vez más, con el criterio del comisario de Justicia, Didier Reynders. El representante de la Comisión dejó claro al Partido Popular, otra vez, que la prioridad es que los de Alberto Núñez Feijóo pongan fin al bloqueo al que somete la renovación de este organismo desde hace cuatro años y que después, y sólo después, será el momento de abrir el debate sobre la reforma del modelo de elección de sus vocales.