La magistrada Glòria Poyatos Matas es una de las doce fundadoras de la primera asociación de juezas de España, de la que ejerce como presidenta. El colectivo –integrado en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas– nació a finales del pasado año con el objetivo de poner el prestigio social, los conocimientos y la formación de estas profesionales al servicio de la mujer en general, así como de la lucha por implantar la igualdad y contra la violencia de género. Precisamente en la lucha contra esta lacra, Poyatos reclama que hace falta una formación "transversal, sistemática y obligatoria" para todos los operadores jurídicos que tratan con las víctimas.
Aunque la vocación del colectivo es la de no ceñirse a una defensa profesional, lo cierto es que de puertas para adentro también las juezas tienen su propio "techo de cristal", según denuncia. De hecho, casi medio siglo después de que se aprobara la ley que derogó la prohibición del acceso de las mujeres a la carrera judicial, ellas son mayoría en el conjunto de la judicatura –donde se entra por oposición– pero apenas llegan a las cúpulas donde los nombramientos son discrecionales. Por ello, el colectivo pretende que haya un cambio en la valoración de objetivos a efectos profesionales que de valor al tiempo que tanto hombres como mujeres invierten en cuidar a hijos y a familiares.
PREGUNTA: ¿Cómo surgió la idea de crear una asociación de mujeres juezas?
RESPUESTA: En un viaje a Australia por razones personales conocí a tres magistradas de la Corte del Tribunal Supremo del Estado de Queensland que me hablaron de la existencia de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), que es una potente organización fundada en 1991 con 4.700 juezas asociadas en un total de 75 países, desde Afganistán hasta Zimbabue. Este colectivo pretende abordar el problema de la discriminación y sobre todo de la violencia de género desde un punto de vista global e internacional, así como apoyar la capacitación de las mujeres juezas y promover su acceso a la carrera judicial especialmente en los países más degradados. Creí que era importante que esta organización tuviera también representación territorial en España.
P.: El movimiento asociativo en el ámbito judicial no es algo nuevo, pero hasta ahora no existía ningún colectivo integrado únicamente por juezas. ¿Le costó convencer a sus colegas de profesión?
R.: Para iniciar el proceso conté con la ayuda de la magistrada Vanessa Ruiz, que forma parte de la IAWJ, y que es la la primera persona hispana que llega a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (Washington DC). Acudió a Lanzarote a unas jornadas sobre derecho laboral en las que aprovechamos para mover a nivel mediático la existencia de la organización internacional. A partir de ahí empecé a contactar con otras mujeres juezas que sintonizan con mis valores y con las que tengo empatía y buena sintonía. Hubo un debate inicial sobre qué pretendíamos, si un colectivo en defensa de la mujer jueza o de la mujer en general.
P.: ¿Cómo acabó esa discusión?
R.: Hubo un par de personas que estaban en el proyecto y se apartaron porque pretendían que se ciñese a la defensa profesional. Yo capitanee una defensa a ultranza de la mujer en general, no sólo de la mujer jueza. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotras tenemos un prestigio social y unos conocimientos y una formación que podemos poner al servicio de la mujer en general y de esta lucha contra la violencia de género y por implantar la igualdad. Es verdad que la mayoría coincidieron en que no nos teníamos que ceñir a una defensa profesional. No somos endogámicas. Somos transversales. Nuestro proyecto pasa por defender a la mujer jueza por el simple hecho de ser mujer y porque dentro de la carrera tenemos nuestro propio techo de cristal.
P.: En el conjunto de la judicatura –donde se entra por oposición– hay más mujeres que hombres. Sin embargo, hay una única mujer presidenta de un Tribunal Superior de Justicia. De las 50 Audiencias Provinciales sólo 9 están presididas por mujeres. No mandan en ninguna sala del Supremo. Y son minoría en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el desfase se produce en las cúpulas donde los nombramientos son discrecionales. ¿A qué atribuye estos datos?
R.: El diagnóstico está en los propios datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial. Yo a esos datos siempre añado otro, que es mi propia estadística personal que he cotejado y contrastado. Yo soy jueza decana y en la última reunión de jueces decanos que se hace anualmente, de 43 jueces decanos sólo estábamos 11 mujeres. Incluso en los cargos de elección democrática como es el decanato en que uno se presenta y los compañeros te votan, la representación femenina es menor.
P.: ¿Por qué ocurre esto?
R.: Las licencias por permisos familiares y cuidados de hijos en el ámbito de la carrera judicial están monopolizadas por el sector femenino. Igual que en todas las profesiones nosotras, las mujeres juezas, como las mujeres ingenieras y mineras, priorizamos como valores preferentes los cuidados de familiares. Eso quiere decir que la distribución y la inversión de nuestro tiempo la hacemos en los cuidados. Mientras tanto, ellos, que tienen otros valores masculinos –compatibles con los femeninos pero divergentes– priorizan la formación en un sentido clásico. Es decir, dar clases en la universidad, hacer doctorados, abultar el currículo a efectos formativos... ¿Qué pasa luego? Que para acceder a los puestos discrecionales se asciende de una forma absolutamente conservadora e históricamente implantada que es una valoración aséptica en la que cuenta la formación y nada más.
P.: ¿Tiene la asociación alguna propuesta al respecto?
R.: Entre nuestros proyectos está cambiar socialmente el concepto de lo que es una valoración curricular profesional. Entendemos que los cuidados y la inversión que uno hace en cuidar a hijos o a familiares es algo que va a hacer a esa persona más habilidosa a la hora de tomar decisiones. Por tanto, pretendemos que se cambien los roles de valoración objetivos a efectos profesionales y se dé un valor al tiempo que tanto hombres como mujeres inviertan en cuidar a hijos y a familiares. También tenemos otra propuesta pro conciliación que pasa por una pequeña disminución de las cargas judiciales de trabajo tanto a jueces hombres como a juezas mujeres que tengan a su cargo hijos menores de 12 años, personas con discapacidad o dependientes. Esto lo trasladamos a las asociaciones para que lo peleen y lo reivindiquen ante el CGPJ.
P.: ¿Sigue existiendo machismo en el sentido de que, como mujer, ha sentido que tiene que añadir un plus de autoridad al desempeñar su profesión?
R.: A la cara no te lo dicen, pero es muy posible que no se diga directamente. La carrera judicial no es un lugar estanco de la sociedad, no es impermeable a las brechas de género, que nos afectan como afectan a cualquier otra profesión o carrera. Por ello nosotras, desde la asociación internacional, estamos abanderando otro proyecto que es la impartición de la justicia con perspectiva de género. Es decir, lo que pretendemos es que en esta profesión en la que también existen algunas prácticas machistas se trabaje desde una perspectiva crítica del derecho, con visión de género, que nos lleve a erradicar los prejuicios sexistas que puedan tenerse.
P.: ¿Cómo se consigue eso?
R.: Con formación, investigación, diagnóstico, creación de políticas internas… El objetivo es que tengamos en cuenta que hay una situación de partida que es desigual y que nosotros tenemos que equilibrar a la hora de hacer justicia aplicando las normas con perspectiva de género. Esta es la clave.
P.: En relación a la lucha contra la violencia machista existe un cierto consenso de que la ley integral es un buen instrumento, pero que hay lagunas en su aplicación. ¿Qué echa de menos desde el ámbito de la judicatura?
R.: La violencia de género es un problema estructural, endémico... Atajarlo no es fácil pero se tiene que hacer desde la formación. Cuando digo formación me refiero a que tiene que ser transversal. Todos los operadores jurídicos que participan en la persecución del delito de la violencia de género –cuerpos y fuerzas de seguridad, abogados, equipos psicosociales, funcionarios, fiscales, jueces, secretarios judiciales...– tienen que tener una formación que ha de ser sistemática y obligatoria. Sólo así podremos formar realmente a un colectivo de personas de cuya eficacia a la hora de tratar a la presunta víctima puede depender que se evite otro asesinato más. Si una víctima se acerca al sistema, y se constata que corre peligro, no puede ir sin haber pasado un procedimiento para que se la proteja. Por otra parte, la educación también es esencial. Ya hemos tenido alguna experiencia en ese sentido y queremos seguir acercándonos a los colegios para aportar nuestro granito de arena.
P.: Las memorias del CGPJ de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 evidencian que en 17 partidos judiciales –en los que se integran 141 juzgados de instrucción– vienen denegando el 70% de las peticiones de órdenes de protección de las víctimas. Colectivos feministas lo atribuyen a la falta sensibilización y a la persistencia entre algunos jueces de estereotipos que cuestionan a las víctimas. ¿Está de acuerdo?denegando el 70% de las peticiones de órdenes de protección de las víctimas
R.: No se puede hacer una apreciación genérica sin tener más conocimiento de por qué se denegaron esas órdenes. A lo mejor fue casualidad que en esos casos no se reunían los requisitos. No puedo ahora cuestionar una decisión judicial que además se basan en los medios probatorios que tenemos. La sensibilización es importante, pero no sé qué ha pasado en esos casos. Sí creo que, genéricamente, falta formación transversal. No lo digo yo, lo hicieron también los expertos de la ONU encargados de analizar el cumplimiento del convenio contra la discriminación de la mujer ratificado en 1984 (CEDAW).
P.: En la última legislatura se han dado algunos pasos en esta lucha como la creación del Estatuto de la Víctima para "reforzar los derechos procesales" de las mujeres agredidas. El problema es que todavía no se han implementado por la falta de recursos.
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R.: El Estatuto de la Víctima a tener un impacto de género muy positivo en cuanto cuando se ponga en marcha, que todavía no se ha puesto, lo que me parece vergonzoso. Tener una norma a la que no haces una asignación es como no tenerla.
P.: Una de las reivindicaciones de su colectivo es que se regule penalmente el fenómeno de la sextorsión (abuso de poder al conceder un beneficio a cambio de sexo). ¿Por qué lo consideran importante?
R.: La sextorsión es una forma de corrupción en la cual el sexo, y no el dinero, es la moneda de soborno. Es un concepto nuevo para un viejo mal que tiene un impacto de género evidentísimo. Nosotras, desde la IAWJ, apostamos por que se sancionen este tipo de acciones que se escapan a todo castigo por las fisuras del sistema legal. Hay que tener en cuenta, además, que son situaciones que se han multiplicado con el uso de las redes sociales.
La magistrada Glòria Poyatos Matas es una de las doce fundadoras de la primera asociación de juezas de España, de la que ejerce como presidenta. El colectivo –integrado en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas– nació a finales del pasado año con el objetivo de poner el prestigio social, los conocimientos y la formación de estas profesionales al servicio de la mujer en general, así como de la lucha por implantar la igualdad y contra la violencia de género. Precisamente en la lucha contra esta lacra, Poyatos reclama que hace falta una formación "transversal, sistemática y obligatoria" para todos los operadores jurídicos que tratan con las víctimas.