La división de los líderes europeos quedó resuelta el pasado jueves. Por un lado, había quienes apostaban por frenar lo que vinieron denominando crisis migratoria instalando centros "controlados" –o "cerrados", según el presidente francés Emmanuel Macron– dentro de la UE; por otro, había quienes defendían que estos espacios debían ubicarse fuera del territorio de la Unión Europea. Finalmente, ganó la primera opción. Los jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron el pasado 28 de junio acordaron que se implantarán en los países que así lo deseen y, desde allí, los solicitantes de asilo serán acogidos también por aquellos Estados que estén dispuestos a ello. Para los llamados migrantes económicos –aquellos que no son potenciales refugiados–, estos centros serán la lanzadera de devolución a sus países de origen.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró, respecto a la creación de estos centros, que "el problema no es el dónde, sino el cómo". Sin embargo, la instalación dentro del territorio de la UE parecía, a priori, más positiva. "Lógicamente no es lo mismo situar estos centros en la Unión Europea que en Marruecos o Libia, que es un Estado fallido", explica el catedrático Javier de Lucas. Pero para las organizaciones las dos opciones son negativas. Y esto es porque, aunque los líderes europeos reunidos la semana pasada no lo hayan aclarado, los centros "controlados" podrían esconder algo que Europa ya conoce: los hotspots.
Se trata de espacios situados dentro de la Unión Europea, concretamente, en los países del Mediterráneo con mayor presión migratoria: Italia y Grecia. Pero desde su implantación no han estado exentos de polémica ni de críticas por parte de las ONG. Y estas temen que los centros "controlados" puedan seguir el ejemplo. Fuentes de Amnistía Internacional aclaran a infoLibre que, aun a la espera de los detalles sobre cómo se instalarán y de qué manera funcionarán estos centros, sí existe el temor a que se conviertan en lo mismo que un hotspothotspot. Médicos del Mundo y Save the Children, por su parte, coinciden. "A largo plazo esto no va a funcionar. El proyecto europeo tiende, así, al fracaso", lamenta José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo. "El Consejo Europeo ha hecho una propuesta que, estamos viendo, es más de lo mismo", asegura por su parte Jennifer Zuppiroli, técnica de incidencia en migraciones de Save the Children.
"En Italia y en Grecia, los hotspots eran antes simples centros de acogida", explica De Lucas. Lo que ocurrió, recuerda, es que la firma del acuerdo entre la UE y Turquía –que ha cumplido ahora dos años– los convirtió en centros "cerrados". "Se produjo, así, un vaciamiento de un principio básico: los migrantes y refugiados no son sospechosos de ningún delito, así que no se les puede privar de libertad", afirma. "No es justificable, no se puede privar de libertad a quien no ha cometido un delito", añade.
Y esto, precisamente, es lo que temen las ONG. "Se trata de detenciones de facto", asegura Zuppiroli, que aclara que estas prácticas son ilegales. "Lo que pasa es que por los retrasos en el propio procedimiento o, simplemente, porque no pueden salir, al final se acaba restringiendo la libertad de movimiento de los migrantes y refugiados", continúa. Esta circunstancia es la que se da en Grecia. Sus hotspots se sitúan en las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos donde, según varias ONG, continúan atrapados 13.000 migrantes y refugiados.
Los 'hotspots', ratoneras de migrantes y refugiados
La idea de los hotspots es la misma que la de los centros "cerrados". Los migrantes y refugiados que consigan traspasar las fronteras de Europa quedarán allí instalados hasta que se resuelva su situación. Dicho de otra manera, su objetivo básico es diferenciar entre solicitantes de asilo y migrantes económicos, que serán expulsados. ¿Cuál es el problema? Los tiempos.
"Hay muchísimas personas que se quedaron en Lesbos saturando el espacio durante meses", critica Hoyo. Lo explica porque "no es fácil" distinguir entre quien necesita asilo y quien no". "Esa distinción de 'tú sí' y 'tú no' es muy complicada", aclara. Como, además, según añade, "estas personas no van a dejar de venir", la sobreocupación parece inevitable.
Llegada de una de las embarcaciones con inmigrantes a la isla de Lesbos.
Y a esto se añade otro factor: la voluntariedad de las cuotas. Desde el año 2015 y hasta el jueves pasado, la reubicación desde Grecia –así como desde Italia– era obligatoria. Y aun así, según han denunciado todas las ONG, ninguno de los Veintiocho cumplió con su compromiso. Ahora, en cambio, la reubicación es una opción. Así lo acordaron los líderes europeos. Por tanto, la pregunta que se realizan Hoyo y Zuppiroli es evidente: si estas personas no salían de los hotspots de las islas griegas cuando debían ser acogidas, ¿cómo lo van a hacer ahora que los Estados no tienen por qué recibirlas?
Y esto ocurre ahora en Grecia, pero en caso de que se construyan más centros en otros países europeos podría ocurrir lo mismo, temen las ONG. Así, se multiplicarían los centros en los que la saturación, además de inhumana, impide que las condiciones en las que viven estas personas sea digna.
¿Dentro del estándar europeo de derechos fundamentales?
"Hemos trabajado en otras emergencias humanitarias, pero esta ha sido decepcionante", recuerda Hoyo. Los hotspot, según declara, son "terroríficos". Pero este testimonio no es único, sino que queda respaldado por todas aquellas voces que han podido mirar de cerca la situación de estos centros de las islas griegas. "Las condiciones son denigrantes y las situaciones que se viven allí llegan a ser tétricas", continúa Hoyo.
"Hemos documentado casos de niños detenidos junto a otras miles de personas. El daño psicológico para todos ellos es muy grande y, en cierta medida, se les criminaliza, aumentando la xenofobia", explica Zuppiroli. Los "estándares de trato", continúa, "son muy bajos".
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Y así lo documentó Amnistía Internacional. Según la ONG, las islas se han convertido en lugares de "confinamiento indefinido" donde niños, niñas y mujeres embarazadas han llegado a estar allí atrapados hasta 19 meses.
Pero mucho peor es la situación en Italia. Otro informe de la organización documentó casos de "palizas, descargas eléctricas y humillación sexual" contra los migrantes y solicitantes de asilo allí instalados. "Se está sometiendo a personas traumatizadas, que llegan a Italia después de viajes aterradores, a evaluaciones deficientes y, en algunos casos, a abusos atroces a manos de la policía, así como a expulsiones ilegales", explicó Matteo de Bellis, investigador de AI sobre Italia. "Claro que existe el temor a que los centros 'controlados' acaben siendo esto", afirma Zuppiroli.
Para De Lucas, esta cuestión depende de dos factores sobre los que, a su juicio, hay que proyectar "vigilancia". Por un lado, habrá que ver si estos centros mantendrán el estándar europeo de derechos fundamentales o si, por el contrario, se regirán por la tesis de la ultraderecha europea que sostiene que esos derechos son sólo aplicables a los ciudadanos europeos. Por otro, habrá que ver en qué se traduce la llegada de Austria a la Presidencia de la UE, puesto que el canciller Sebastian Kurz es un acérrimo defensor del endurecimiento de las políticas migratorias de Europa.
La división de los líderes europeos quedó resuelta el pasado jueves. Por un lado, había quienes apostaban por frenar lo que vinieron denominando crisis migratoria instalando centros "controlados" –o "cerrados", según el presidente francés Emmanuel Macron– dentro de la UE; por otro, había quienes defendían que estos espacios debían ubicarse fuera del territorio de la Unión Europea. Finalmente, ganó la primera opción. Los jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron el pasado 28 de junio acordaron que se implantarán en los países que así lo deseen y, desde allí, los solicitantes de asilo serán acogidos también por aquellos Estados que estén dispuestos a ello. Para los llamados migrantes económicos –aquellos que no son potenciales refugiados–, estos centros serán la lanzadera de devolución a sus países de origen.