La comisión de investigación de Avalmadrid ha enviado un escrito de petición de amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid donde reclama acceso a la información sobre la sociedad de garantías que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le ha denegado alegando que incluye datos de terceras personas. La comisión, que reanuda sus comparecencias el próximo viernes, había cursado 136 peticiones de documentos y datos a la Comunidad de Madrid para investigar las irregularidades en Avalmadrid destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre. El Ejecutivo madrileño ha rechazado una cuarentena de ellas.
Para denegar la entrega de los documentos, el Gobierno de Díaz Ayuso utiliza dos argumentos. El primero, que la información afecta a “terceras personas que no tienen relación con la Comunidad de Madrid”. El segundo, que no dispone de los documentos que se le piden porque están en manos de Avalmadrid, una empresa donde posee una participación “no mayoritaria” y que funciona “con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. No obstante, ésta aparece como una cuestión en el centro de la polémica entre los grupos parlamentarios. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.
Para las primeras peticiones, un total de seis, la comisión aprobó el pasado jueves, con los votos a favor de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox, reclamar el amparo de la mesa para obtener acceso a la información solicitada.
Según argumenta el escrito, el reglamento de la Asamblea, en su artículo 18.4, establece un procedimiento para que los diputados puedan acceder a información que afecte a los derechos fundamentales y libertades de terceros: que sean ellos quienes se desplacen a donde se encuentren esos documentos para que puedan examinarlos sin necesidad de copiarlos.
Es el caso de los correos electrónicos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. Así lo dispone el convenio de reafianzamiento que la sociedad de garantías firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid y por el que hasta el momento ha recibido 2,46 millones de euros para cubrir fallidos. Esa información incluye los números de los avales, los titulares de cada operación, su fecha e importe y si tienen cobertura de la Comunidad de Madrid y de la empresa pública de reafianzamiento Cersa. Por ese mismo motivo también se ha denegado la entrega de los datos correspondientes a los avales cuyo importe no ha sido devuelto por los beneficiarios y fueron reafianzados.
Recurso y nuevos argumentos
Respecto a las peticiones de información rechazadas por tratarse de documentación en poder de Avalmadrid, Más Madrid va a presentar un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que veta el acceso a esa información con el argumento de que no las tienen. Fuentes del partido denuncian que la “censura” aplicada por el Gobierno de Díaz Ayuso “conculca el derecho de todos los madrileños a saber qué uso se ha hecho de los más de 50 millones de euros” de fondos públicos que se han dedicado a la sociedad de garantías en los últimos 15 años.
Entre los argumentos del recurso de reposición que presentará Más Madrid destaca que "no está justificada la no posesión de las actas" de órganos como el Consejo de Administración de Avalmadrid, por parte de los representantes directos del Gobierno en la sociedad de garantías, especialmente si se tiene en cuenta el control que ejerce la Comunidad sobre Avalmadrid.
También el PSOE y Unidas Podemos estudian iniciativas por su cuenta para conseguir la entrega de los datos e informes denegados.
La diputada socialista Pilar Sánchez Acera presentará de nuevo en la Mesa de la Asamblea las mismas peticiones de información, pero con nuevos argumentos sobre el carácter público de Avalmadrid, explica a infoLibre. Por ejemplo, se apoyará en la intervención el pasado mes de diciembre en la misma comisión del expresidente de la sociedad de garantías Juan Manuel Santos-Suárez, quien aseguró que, en realidad, él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, explicó. “Tenemos derecho a la información que nos deniega el Gobierno sobre Avalmadrid, por lo que vamos a activar todas las acciones posibles para reclamar que nos la entregue”, advierte Sánchez Acera, “no entendemos la falta de transparencia a menos que tengan algo que ocultar”.
Unidas Podemos decidirá este lunes qué iniciativas va a emprender, entre varias posibilidades que están barajando. No descartan acudir al Tribunal Constitucional, adonde recurrirán para que comparezcan en la comisión tanto los expresidentes de la Comunidad de Madrid desde 2007 como la propia Isabel Díaz Ayuso, unas peticiones que también fueron rechazadas.
“Una vez más el Gobierno demuestra que está antes para proteger a Isabel Díaz Ayuso en su escándalo con Avalmadrid que para dar explicaciones y aportar transparencia a la ciudadanía. Primero bloquean las comparecencias de Díaz Ayuso y de los expresidentes de la Comunidad y ahora niegan la información que deben aportar a la comisión como gobierno”, critica Isabel Serra, de Unidas Podemos, quien también acusa a Ciudadanos, socios del PP en el Ejecutivo, de “cerrar puertas para hacer de escuderos de Díaz Ayuso” en lugar de “abrir ventanas” para denunciar la corrupción.
Ni un papel sobre MC Infortécnica, Marsans y Cantoblanco
Entre los documentos rechazadas por estar en poder de Avalmadrid, se encuentra toda la información relativa a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso y que supuestamente recibió un trato de favor cuando no devolvió el importe del aval de 400.000 euros que se le había concedido en febrero de 2011.
Así, el Gobierno madrileño se niega a facilitar el expediente completo de la concesión del aval, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar el aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.
El Gobierno de Ayuso censura toda la información sobre la empresa de sus padres solicitada por la comisión que investiga Avalmadrid
Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembros se ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].
Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de presunto alzamiento de bienes.
El Gobierno madrileño también rehúsa facilitar a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.
La comisión de investigación de Avalmadrid ha enviado un escrito de petición de amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid donde reclama acceso a la información sobre la sociedad de garantías que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le ha denegado alegando que incluye datos de terceras personas. La comisión, que reanuda sus comparecencias el próximo viernes, había cursado 136 peticiones de documentos y datos a la Comunidad de Madrid para investigar las irregularidades en Avalmadrid destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre. El Ejecutivo madrileño ha rechazado una cuarentena de ellas.