La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM), ahora en liquidación y cuyo accionariado controló siempre el Gobierno autonómico, perdió durante la pasada década al menos 2,5 millones en un proyecto empresarial que luego terminó reportando a la familia política de Esperanza Aguirre un pelotazo millonario. Así lo indican los datos incluidos en la querella presentada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) y a la que infoLibre ha tenido acceso.
La querella acredita cómo las inversiones efectuadas por CRM a partir de 2006 en Airport Equipment Ibérica SL y Thomas Wellness SL, dos firmas vinculadas a Ingesport Health & Spa Consulting SL, se convirtieron en un negocio ruinoso para el erario madrileño pero fortalecieron la estructura de la tercera de las mercantiles citadas, dedicada a la promoción de gimnasios sobre suelo público cedido por distintos ayuntamientos por periodos de hasta 40 años a cambio de un canon. El Ayuntamiento de Madrid, donde Ingesport mantiene cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, es uno de ellos. El primero de ellos abrió en 2009.
Ese fortalecimiento o saneamiento, implementado también con préstamos a una cuarta sociedad incluida en ese perímetro, Larum Inversiones SL, allanó el desembarco del grupo financiero Corpfin en su accionariado a partir de 2009. Corpfin está directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol, así como a sus padres y otros familiares.
Un beneficio que casi multiplicaba por tres lo invertido
A finales de 2015, y así lo reseñan sus propias cuentas anuales, Corpfin Capital SA, sociedad de capital riesgo, se desprendió del 3,78% que ostentaba en Ingesport. La venta le reportó un beneficio de 3,7 millones, y así se recoge en sus cuentas de 2016. Su aportación al capital de Ingesport a lo largo de 11 ampliaciones realizadas entre el 13 de mayo de 2009 y el 27 de junio de 2013 había sumado 1,28 millones de euros, y así lo ha verificado este periódico analizando los documentos registrales adjuntados a la querella. Es decir, en seis años y medio y con una crisis económica sin precedentes por medio, Corpfin Capital SA multiplicó por casi 3,5 el importe de su inversión. Las memorias de Corpfin Capital SA no especifican quién compró ese 3,78% pero su web señala que fueron Torreal, de la familia Abelló, y Mutua Madrileña.
Las últimas cuentas presentadas por la sociedad explican que el 23 de diciembre de 2015 "formalizó un acuerdo de venta de acciones de Ingesport Health and Spa Consulting SL por el cual enajenaría el 3,78% del capital de esta sociedad, que constituye la totalidad de su participación en la misma" cuyo coste en libros, dice la memoria, se cifra en 1.383.860 euros. La ejecución de la venta, prosigue el informe, quedaba sujeta a determinadas condiciones suspensivas "referidas a la obtención de determinadas autorizaciones". Una vez levantadas esas condiciones suspensivas, el 22 de abril de 2016 se formalizó "el acuerdo de cierre de la operación".
"El precio de la venta establecido corresponde a un importe fijo de 5.156.302,57 euros neto de determinadas comisiones", añade el informe de Corpfin Capital SA. Como consecuencia de esa venta, "la sociedad ha otenido un beneficio de 3.772.442 euros". Ese beneficio se verá incrementado, agrega la memoria, con "un importe adicional bruto para la sociedad de 756.000 euros condicionado a la puesta en funcionamiento de cuatro nuevos centros deportivos que la sociedad tiene en desarrollo, así como otro importe adicional bruto de 378.000 euros (...), condicionado a la obtención de determinados permisos públicos para la apertura de un nuevo centro deportivo".
En el listado de accionistas de Corpfin Capital SA el apellido más repetido es el de la familia que domina esa compañía y que figura como rostro visible de los fondos de inversión a los que da nombre. Ese apellido es el de la familia Oriol. Y una de las hijas de Felipe José Oriol y Díaz de Bustamante, presidente de Corpfin Capital SA, es Carolina Oriol Miranda. Está casada desde 2008 con el primogénito de Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid hasta septiembre de 2012. Carolina Oriol ostenta el rango de consejera de Inversiones Oranda SL –acrónimo de Oriol Miranda, los apellidos de sus padres–, que a su vez posee el mayor paquete accionarial (19,88%) de Corpfin Capital SA, según las cuentas de 2016, las últimas disponibles. El pasado 29 de octubre, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el acuerdo de disolución voluntaria de Corpfin Capital SA. Este periódico remitió este martes a Corpfin varias preguntas relacionadas con la operación Ingesport. No ha habido respuesta.
La "alianza" entre Corpfin e Ingesport data de 2007, y así lo recalca la web del grupo que capitanean los Oriol, aunque el proceso de inversión no comenzó hasta dos años más tarde. Pero son las cuentas de Ingesport sobre 2008 las que, sin tapujos, revelan la existencia de un nexo directo entre la obtención de concesiones municipales y la entrada del holding financiero. Tras reconocer que Ingesport había cerrado el ejercicio en situación de "patrimonio neto negativo y, por otra parte, de fondo de maniobra negativo" o, lo que es lo mismo, en situación de disolución, la memoria añadía esto: que había "conversaciones muy avanzadas" para la entrada de "un nuevo accionista" que aportaría "un total de hasta 30 millones". Esas aportaciones "estarían sujetas en una fase inicial a la obtención por parte de la sociedad de las autorizaciones necesarias para la participación de la misma en distintos proyectos, actualmente en negociación". En opinión de los administradores de Ingesport, "las autorizaciones comentadas serán obtenidas sin duda a lo largo del segundo trimestre del año 2009", con lo que "la entrada del nuevo accionista se produciría en un plazo inferior a cinco meses".
A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ingesport indicó que la colaboración con Corpfin comenzó después de que "un conocido" de Gabriel Sáez, cabeza visible de Ingesport, "le presentara en 2007 a Patrick Gandarias, consejero delegado de Corpfin". Y las autorizaciones mencionadas en el párrafo anterior se referían a las necesarias para abrir un centro en Córdoba, "cuyo ayuntamiento estaba gobernado por IU".
El "vice" Ignacio gonzález y su profesor de pádel
Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo.
Ese profesor, Carlos Martín, participó en las negociaciones para la entrada de dinero de CRM en Ingesport, y así lo atestiguaban ya en aquel momento los documentos difundidos. El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe un email a su abogado quejándose de que Gabriel Sáez, administrador de Ingesport, Airport Equipment, Larum Inversiones y asociado a los dueños de Thomas Wellness, le "vacila". Pero asegura que será Ingesport quien salga perdiendo con la ruptura: “Espero tener hoy una respuesta, [que] no te vacile más y poder tomar las acciones oportunas. El vice está al corriente de todo. O sea que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel [Córdoba] les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas”. Ángel Córdoba participaba en la gestión de CRM como, alto directivo de la extinta Caja Madrid, también accionista de CRM. Con un 49%, la Comunidad de Madrid era el accionista de control de CRM, ahora denominada Participaciones CRM SA y en fase de liquidación, aunque en realidad todos los socios –también la patronal CEIM y la Cámara de Comercio– iban de la mano.
Este periódico preguntó al portavoz de Ingesport a qué se refería exactamente Carlos Martín en aquel correo electrónico donde hablaba del "vice" Ignacio González. "No tenemos nada que ver. Ese email está manipulado y sesgado", fue la respuesta.
El escrito cursado a la Audencia Nacional respalda con documentos mercantiles cada una de las afirmaciones sobre lo sucedido con Ingesport, que considera constitutivas de los delitos de malversación y asociación ilícita. En otras operaciones igualmente denunciadas, los querellantes aprecian también delitos de corrupción privada, delitos societarios y prevaricación. Por los hechos relativos a Ingesport y su constelación societaria, la querella se dirige contra 29 personas, bien por su participación en las transacciones de títulos o en las decisiones que llevaron a CRM a invertir en las empresas citadas. Ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González figuran entre los querellados. Felipe Oriol y su hija Carolina sí aparecen en la lista.
Cuatro empresas afortunadas entre medio millón
Pero si en 2009 ya afloraron datos sobre el oscuro papel que los emails de su profesor de pádel atribuían a Ignacio González, lo que la querella revela ahora es que el presunto desvío de fondos públicos fue muy superior. Porque aunque CRM logró una plusvalía de 186.000 euros cuando en julio de 2010 vendió sus títulos de Ingesport a Corpfin Capital Fund III FCR, el conjunto de la operación había dejado un agujero de más de no menos de 2,5 millones en la empresa pública madrileña. Si ya resultaba sorprendente que una SL conectada con el profesor de pádel de Ignacio González fuese una de las 13 agraciadas en 2006 por las inversiones de CRM en una comunidad donde las empresas instaladas superaban ya entonces el medio millón, la querella de CGT y CODEconstata que fueron cuatro las mercantiles de ese círculo a las que la Comunidad de Madrid traspasó fondos a partir de ese año.
La versión de Ingesport, que niega todo vínculo societario con la empresa Thomas Wellness, la cuarta de la serie beneficiada por CRM, es esta: "La razón de la entrada de CRM en Ingesport es la compra de AEI (Airport Equipment Ibérica) . CRM decidió entrar en Ingesport por el plan de negocio de AEI (empresa que estaba en funcionamiento y en expansión) pero sobre todo por el plan de negocio de Ingesport. Ingesport estaba participada por NH hoteles en un 40%, con posibilidad de incrementar su participación hasta un 60 por ciento. CRM compro acciones de Ingesport y con ese dinero en su totalidad se compró AEI".
Propiedad de Ingesport, en la que participaba CRM desde abril de 2006, Airport Equipment Ibérica SL (AEI) recibió, según la querella, 2.657.809 euros de la sociedad pública de capital riesgo, cifra adicional a la los 1,6 millones que obtuvo Ingesport. Pero Ingesport sostiene por el contrario que Airport solo ingresó de CRM un millón. "Las cifras reales –respondieron a infoLibre los portavoces de la empresa a través de un email– son 2,6 millones en total, que corresponden a 1,6 millones a Ingesport y 1 en AEI, ya que la inversión se hizo en su mayor parte a través de Ingesport, más 0,3 millones a Larum [otra sociedad de Gabriel Sáez] como mayor inversión en AEI para cerrar esa compañía".
Las memorias anuales de CRM y Airport Equipment aportadas por los querellantes parecen indicar que el dinero transferido por la Comunidad de Madrid a las empresas de Sáez tanto a través de ampliaciones de capital como de préstamos y el perdido por la ejecución de dos avales fue el que dice la querella, pero este periódico no ha podido someter el asunto a la consideración de expertos ajenos a los autores de la querella y a Ingesport.
El objeto social de AEI era abrir un centro de belleza en Barajas. En 2008 ya contabilizó 408.000 euros en pérdidas, pese a lo cual incrementó su plantilla desde los 15 empleados que declaraba tener ese año hasta los 27 que anotó en la memoria de 2010. Ese ejercicio, Airport anotó pérdidas de casi 420.000 euros. En julio de 2012, y después de que AENA ejecutara un aval de 274.000 euros en el que CRM constaba como avalista, la empresa se declaró en concurso voluntario. "CRM –resume la querella– no recuperó nada" de su inversión. Los querellantes sostienen que ese traspaso de fondos públicos a Airport Equipment Ibérica (AEI) fue una de las vías mediante las que "CRM cubrió los gastos de Ingesport".
Ingesport, por su parte, sostiene que AEI era "una magnífica compañía que se vio dañada por los cambios de flujos de pasajeros en la T2 a la T4" que efectuó AENA.
Y es un documento oficial, la memoria anual de Ingesport sobre 2008, la que de nuevo valida esa afirmación: el "esfuerzo de reestructuración" acometido por la empresa en 2007 es el que explica "la inversión realizada en AEI". La suma de lo que Ingesport pagó en total en 2006 por el 80% del accionariado –luego compró el 20% restante– y por unas obras pendientes es casi idéntica (1.248.405 euros) a la transfusión de fondos públicos que ese mismo año le había hecho CRM, 1.299.725 euros. Más tarde, llegarían nuevas remesas de la Comunidad de Madrid para AEI a través de otras ampliaciones de capital.
Finalmente, y según la querella, CRM vendió sus participaciones en AEI "por 0 euros a Larum, S. L" en junio de 2011. El escrito sustenta ese dato en las cuentas de CRM. En efecto, la memoria anual de la compañía no reseña ninguna entrada por esa transacción. "Larum SL –añade el texto– era una sociedad instrumental para las inversiones de Gabriel Sáez" que había recibido préstamos y avales de CRM. Le prestó 501.400 euros y le concedió un aval por otros 100.000. Según Ingesport, lo que ocurrió fue lo siguiente: "Larum compra las acciones de AEI asumiendo todas los costes y riesgos en condición de préstamo, de modo que si se consigue recuperar la compañía CRM recuperaría la inversión y si no Larum garantizaba este límite en los costes y responsabilidades de posible cierre de AEI , como así sucedió". Pero lo cierto es que CRM tampoco recuperó esa cuantía.
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Pero tampoco el apoyo económico público al proyecto de Ingesport acabó ahí. CRM, explica la querella, "también sufragó la maquinaria [de los gimnasios] a través de las inversiones en Thomas Wellness Group, SL (donde CRM sufrió pérdidas de CRM por valor de 1.000.000 de euros)". Constituida por tres hermanos, los Junquera Rodríguez, y dedicada al deporte y los tratamientos de belleza, Thomas Wellness Group SL arrancó sus operaciones el 26 de diciembre de 2006 con un capital de 289.801 participaciones equivalentes a otros tantos euros. El capital fue íntegramente suscrito como aportación no dineraria mediante la entrega de títulos que los tres propietarios tenían en otras cuatro sociedades. Dos de esas empresas habían sido creadas 26 días antes. Ingesport, a la que suministró máquinas de gimnasio y con la que efectuó operaciones mercantiles conjuntas, asegura que Thomas Wellness es una compañía por completo ajena.
Ese mismo 26 de diciembre de 2006, y aunque ya en el primer consejo de administración de Thomas Wellness aparecía el representante de CRM, la nueva empresa acordó una ampliación de capital por 173.880 euros de valor nominal, lo que garantizaba que los hermanos Junquera mantuvieran el control accionarial. Pero, cubierta al completo por CRM con dinero contante y sonante, la ampliación incluía una prima de 1.026.120 euros. En resumen, la empresa pública madrileña aportó todos los fondos líquidos de los que dispondría la sociedad pero sin que ello le asegurase ni quiera el dominio de Thomas Wellness Group SL.
Thomas Wellness Group SL –precisa la querella– financió operaciones de Ingesport "por importe de 500.000 euros con un interés de 56.000 euros en 2008". En concreto, prosigue el texto, "la puesta en marcha de Ingesport Corporate Wellness, S.L., sociedad dedicada a la explotación del primer gimnasio Go fit, situado en la Ciudad Telefónica [de Madrid]". Además, "aportó la maquinaria necesaria para el comienzo de la explotación de los gimnasios por Ingesport Health and Spa Consulting, SL". En abril de 2012, CRM vendió sus participaciones en Thomas Wellness Group. "La pérdida registrada por esta venta sumó 1.000.000 de euros", constata la querella.
La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM), ahora en liquidación y cuyo accionariado controló siempre el Gobierno autonómico, perdió durante la pasada década al menos 2,5 millones en un proyecto empresarial que luego terminó reportando a la familia política de Esperanza Aguirre un pelotazo millonario. Así lo indican los datos incluidos en la querella presentada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) y a la que infoLibre ha tenido acceso.