Ocho días fueron suficientes para entender que la preocupación de los partidos por el agujero negro vivido en las residencias de ancianos sería inversamente proporcional a sus responsabilidades políticas en los distintos territorios. Era septiembre de 2020. Galicia y La Rioja estudiaban la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre las muertes en los geriátricos durante los primeros meses de crisis sanitaria.
En la primera autonomía, a propuesta de la izquierda. En la segunda, de la derecha. Ambas decayeron. Una, bloqueada por los socialistas. La otra, por el PP. El argumento, calcado: no es el instrumento adecuado. Exactamente el mismo usado por PSOE, Junts y ERC para decretar el cierre en falso de un órgano similar en el Parlament hace algo más de una semana. Carpetazo que, junto al de Madrid, ha terminado dejando a Castilla y León como la única comunidad que, actualmente, analiza la tragedia vivida en los centros de mayores.
Tras el primer zarpazo del coronavirus, las familias de los residentes abrieron principalmente dos vías para intentar depurar responsabilidades: la judicial y la política. La primera aún está activa. La segunda, sin embargo, se encuentra cada vez menos iluminada. En la mayor parte de las comunidades, el tema se ha terminado guardando en un cajón por el rodillo aplicado desde los grupos que integran o sostienen el Ejecutivo. Y en aquellos territorios donde sí se consiguió poner en marcha una comisión de estas características fue, justamente, porque las mayorías se resquebrajaron. Madrid es un ejemplo de esto. Durante la pasada legislatura, la oposición logró activar un órgano parlamentiario sobre el agujero en los geriátricos después de que Ciudadanos, uno de los dos socios del Gobierno, anunciase que daría su apoyo. Un movimiento que, junto con el de Vox, acabó arrastrando también al PP. Nadie se opuso. Y salió adelante.
Pero el contexto ahora, tras las elecciones del 4M, es bien diferente. Los naranjas ya están fuera de la Cámara autonómica. Eso ha permitido a los conservadores dar carpetazo a la investigación de un asunto que resulta especialmente incómodo para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El intento de la izquierda por reactivar en esta legislatura el órgano, que ya había permitido confirmar que el protocolo de no derivación de residentes a hospitales era oficial o que la sanidad privada solo atendió a aquellos ancianos con seguro en plena pandemia, se vino abajo con el voto en contra de los conservadores y la abstención de Vox, que fue quien se encargó de inclinar la balanza del lado del PP. "La investigación ya está hecha, no la necesitamos", se insistió la pasada semana el diputado de la extrema derecha José Ignacio Arias ante un nuevo intento de la izquierda de que se reabriera el caso.
Esas actitudes han venido, en ocasiones, acompañadas de mentiras de la propia Ayuso sobre lo que ocurrió en los geriátricos, como probó este periódico al hilo de una de sus entrevistas mediáticas, cuando no desprecio ante la oposición. "Bueno, de verdad. Hasta luego. Da igual, paso", respondió a Unidas Podemos al ser interrogada la semana pasada sobre el asunto.
En Cataluña pasó algo similar, con argumentaciones parecidas pero por parte de formaciones políticas opuestas. Las palabras de Arias en Madrid llegaban 48 horas después de que su mismo partido, al igual que el PP, exigiesen con vehemencia en el Parlament de Cataluña la reactivación de la investigación sobre los geriátricos que, del mismo modo que en Madrid, había quedado en su día aparcada a raíz del adelanto electoral. "Nuestro deber y obligación, como representantes políticos que somos de los catalanes, es no pasar página así, sin más, sobre lo que ha sucedido en las residencias", señalaba desde la tribuna de oradores la diputada de Vox Mónica Lora.
Como los ultras, también votaron a favor de la propuesta de En Comú Podem y Ciudadanos, el PP y las CUP. Sin embargo, fue rechazada, en este caso, con los votos de PSC, Junts y ERC. "Estamos de acuerdo con el objetivo, pero no con el mecanismo", defendían los socialistas, a pesar de que fueron ellos mismos unos de los impulsores del órgano de investigación en la anterior legislatura.
A la segunda en Castilla y León
Con los cierres en falso de Madrid y Cataluña, donde durante la pandemia han perdido la vida 11.994 residentes con covid-19 confirmado o síntomas compatibles con la enfermedad, solo una comunidad autónoma tiene actualmente activa una comisión parlamentaria centrada exclusivamente en la tragedia de los geriátricos. Es Castilla y León. Y han sido necesarios dos intentos de la oposición para lograr que eche a andar. El primero, el pasado mes de diciembre, cuando los votos a favor de PSOE, Podemos, UPL, Por Ávila y Vox chocaron con el no en contra en bloque de Ciudadanos y el PP, que decían querer evitar que se utilizase la Cámara para echarse "los muertos a la cara". De poco sirvieron entonces las palabras de la socialista Nuria Rubio llamando a votar por encima de las siglas de cualquier partido: "Voten en conciencia, desde el corazón. Estamos aquí para representar a las personas por encima de cualquier color político".
Aquel llamamiento se hizo a conciencia. Al fin y al cabo, era conocido que el giro de los naranjas en esta cuestión había causado discrepancias en el seno del partido. Y, al final, fue una fuga de este grupo la que terminó inclinando la balanza. A finales de marzo, la procuradora María Montero abandonó Ciudadanos pero se mantuvo como diputada no adscrita. Un mes después, los socialistas registraron nuevamente una petición para abrir el órgano que PP y Cs se habían encargado de torpedear y vetar. Entonces, Montero anunció que daría su apoyo. Ante este cambio de aritmética parlamentaria, conservadores y naranjas poco pudieron hacer. Y la comisión de investigación echó a andar a finales de septiembre. Las comparecencias se espera que arranquen el próximo mes de enero. Sin embargo, las primeras sesiones ya han dejado entrever que los socialistas centrarán la mira en la gestión de la Junta mientras que los partidos del Gobierno tratarán de poner el foco en el Ejecutivo central.
"Esto no es Madrid"
Pero lo cierto es que este tipo de iniciativas no han existido en la mayor parte de las regiones. En algunas, como Cantabria, Navarra o Canarias, ni siquiera ha llegado a plantearse algo centrado exclusivamente en los geriátricos. Sí que se hizo en Aragón, solo que allí se puso en marcha una comisión de estudio para reorganizar el modelo residencial. En el resto de territorios, cualquier propuesta que significase meterse en lo sucedido en las residencias durante los meses más duros de la pandemia era rechazada sin miramientos. En esto, poco importó el partido. La clave estuvo, más bien, en el contexto político de cada territorio. En aquellos lugares gobernados por la izquierda, fue la derecha la que intentó –sin éxito– que se depurasen responsabilidades en sede parlamentaria. Y en los que estaban en manos conservadoras, justo lo contrario. Mientras, a los familiares no les quedaba otra que ver cómo unos y otros miraban hacia un lado en una región y hacia otro en la de al lado.
No había ni finalizado oficialmente la desescalada cuando el Parlamento de Asturias abordó la necesidad de investigar a fondo lo sucedido en los centros residenciales. La propuesta partía entonces del PP, quien pretendía que se conociera la "verdad" sobre la "dramática" situación vivida en los geriátricos. Pero PSOE, Podemos e IU desbarataron el intento. "Esto no es Madrid", resumían los socialistas. Prácticamente la misma dinámica se registró, unas semanas después, en Extremadura. Los conservadores pidieron una investigación parlamentaria para saber qué había pasado en las residencias extremeñas, donde perdieron la vida nueve de cada diez fallecidos a causa del coronavirus en los meses más duros de la pandemia. En este caso, la propuesta del PP contó con un amplio respaldo, desde Ciudadanos hasta Unidas por Extremadura. Pero el PSOE hizo valer su mayoría absoluta para hacer que naufragara: no iba a permitir un "juicio" parlamentario en el que los socialistas, decían, ya estaban sentenciados. Igual que tampoco lo permitieron en Baleares o en Euskadi.
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Un año de espera en Comunitat Valenciana
"No quieren investigar nada, sino sacar rédito político con un uso chabacano y partidista de un drama", señalaron también desde la izquierda en La Rioja, donde impidieron una comisión impulsada por el PP. Ese mismo partido que, al tiempo que reclamaba órganos de estas características en suelo asturiano, extremeño o riojano, se encargaba de frenarlos en sus propios feudos. Y con unos discursos calcados."Tiene hedor a interés partidista y búsqueda de votos", señalaban desde Ciudadanos en Andalucía, que junto con el PP –con quien comparte gobierno– y Vox tumbaron el intento de la izquierda de investigar. La misma suerte corrieron iniciativas similares en Galicia y Murcia, vetadas por los conservadores.
Y luego está la Comunitat Valenciana. Allí, la derecha ha puesto sobre la mesa al menos dos propuestas para abrir un órgano en la Cámara centrado lo sucedido en los centros residenciales durante la pandemia. La primera iniciativa fue de Ciudadanos, que a finales de mayo de 2020, con la primera ola de la pandemia dando todavía algunos coletazos, registró una petición parlamentaria para la puesta en marcha de una comisión de estudio que analizase y evaluase la gestión llevada a cabo en los geriátricos a lo largo de la crisis sanitaria. Año y medio después de aquello, según se informa desde Les Corts, la iniciativa sigue en fase de tramitación. El mismo estado en el que se encuentra la comisión de estudio que, sobre el mismo asunto, se propuso desde el PP el pasado mes de mayo. La Mesa ha admitido a trámite la iniciativa. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha adoptado ninguna decisión. Aún está, según el Parlamento regional, "en curso".
Ocho días fueron suficientes para entender que la preocupación de los partidos por el agujero negro vivido en las residencias de ancianos sería inversamente proporcional a sus responsabilidades políticas en los distintos territorios. Era septiembre de 2020. Galicia y La Rioja estudiaban la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre las muertes en los geriátricos durante los primeros meses de crisis sanitaria.