La concesión de la nacionalidad española continúa siendo un quebradero de cabeza para los miles de migrantes que presentan, cada año, la solicitud para obtenerla. Desde hace años, las peticiones se acumulan en los cajones sin que se les dé una salida temprana. Y el último año no ha sido una excepción: en 2017, las resoluciones –que incluyen las concesiones, las denegaciones y los archivos– cayeron un 80%. Durante esos 12 meses, se resolvieron 28.077 expedientes, mientras que la media de los que se solucionaron entre 2010 y 2016 fue de 146.488, según los datos facilitados a infoLibre por el Ministerio de Justicia.
Es cierto que las solicitudes han experimentado un descenso (de las 148.183 presentadas de media entre 2010 y 2016 hasta las 96.059 de 2017), pero la cifra continúa siendo destacable si tenemos en cuenta que las resoluciones responden a peticiones presentadas dos o tres años antes, según informan fuentes de la cartera dirigida por Dolores Delgado a este diario. ¿Por qué ha ocurrido? Según Justicia, por un problema informático.
"La disminución de resoluciones durante 2017 tiene su explicación en que a comienzos del pasado año se realizó la migración de la aplicación informática utilizada para la tramitación de los expedientes de nacionalidad a una nueva herramienta con el objetivo de mejorar el servicio, un proceso tecnológico complejo que ralentizó la tramitación masiva de expedientes", aseguran desde la institución. "No obstante –continúan–, después del verano se recuperó el ritmo normal de resoluciones. Tanto es así que de los 28.000 expedientes resueltos en 2017 prácticamente la mitad se tramitó en los dos últimos meses del año". Además, explican, "el buen ritmo se ha mantenido en 2018". Así, a 30 de septiembre, el número de resoluciones ya ascendía a las 74.602, de las cuales 66.671 fueron concesiones.
El problema, no obstante, comenzó antes. En octubre de 2016, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy anunció que, a partir del mes de junio del año siguiente, todas las solicitudes de nacionalidad por residencia deberían presentarse de forma telemática. Con esta medida, el Ejecutivo pretendía avanzar hacia la digitalización de los procedimientos y, para ello, suscribieron convenios con colegios profesionales como los de procuradores.
Se esperaba así que se pusiera solución al atasco de solicitudes que, desde el año 2015, se amontonaban en los cajones sin que los miles de migrantes que las habían solicitado obtuvieran respuesta. La cola de expedientes era tan extensa que el tiempo de espera para que se iniciara la valoración de la petición era de año y medio. En ese momento, el Gobierno reconoció que había más de 300.000 expedientes pendientes de resolución, según publicó la Cadena Ser.
Pero ahora, tres años después, la situación es aun peor, según reconoció la propia ministra. Delgado aseguró que hay abiertos más de 380.000 expedientes y que "cada año se acumulan a esa cifra" 80.000 peticiones más. Delgado resaltó, en este sentido, que detrás de cada expediente "hay personas, específicamente migrantes" que están esperando la resolución, que "se tienen que integrar" y que "contribuyen" a la sociedad y al sistema de pensiones.
Lo dijo también el Defensor del Pueblo. En su informe anual [que se puede consultar en este enlace] correspondiente al año 2017, la institución mostró su preocupación por el "continuado y exasperante retraso en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad". "Desde el año 2014 son cada vez menos las personas que adquieren la nacionalidad española, pese a que el número de solicitudes que se acumulan sin resolver no ha dejado de crecer", denunció el organismo, que instó a la Administración a "intervenir de manera urgente para solucionar la situación de las más de 400.000 personas que tienen pendientes de resolución sus solicitudes".
Un 79,4% menos de concesiones
Las resoluciones, según explican fuentes del Ministerio, incluyen aquellas peticiones que se han resuelto positivamente –con una concesión de la nacionalidad–, negativamente –con un rechazo– o con un archivo, que se produce cuando pasan cinco años sin que se haya presentado toda la documentación imprescindible para llevar a cabo el procedimiento. Por ejemplo, explican desde la institución, cuando el inmigrante que solicita la nacionalidad no presenta el documento que alega que no tiene antecedentes penales, requisito indispensable para la concesión.
Por tanto, en paralelo a las resoluciones, las concesiones también han experimentado un descenso. Concretamente, del 79,4% en el año 2017, cuando se concedieron 25.924 nacionalidades. En los años anteriores, de media, se resolvieron positivamente 125.806 peticiones.
66.500 extranjeros adquirieron la nacionalidad en 2017, un 56% menos que en 2018
Esta media, al igual que la de las resoluciones, aumenta por las cifras del año 2013. Con diferencia, fueron los 12 meses durante los cuales más se agilizaron estos trabajos. En ese momento, la cifra de peticiones tramitadas alcanzó las 297.251, de las cuales 261.295 se resolvieron en forma de concesión.
Ese drástico aumento tuvo que ver con el plan de choque que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, puso en marcha. En junio de 2012, y ante la situación de atasco que –al igual que ahora– estaba colapsando las resoluciones de las solicitudes de nacionalidad, el conservador decidió delegar el trabajo en los registradores de la propiedad. En un plazo máximo de un año, debían resolver la bolsa de 400.000 expedientes pendientes. Sin embargo, cuando finalizó el plazo, el problema volvió a aparecer.
En este sentido, en el año 2016, CCOO denunció que el Ministerio de Justicia mantenía paralizada la tramitación de las solicitudes que se habían presentado desde hacía un año y medio. El sindicato aseguró entonces que la razón del atasco no era otra que la falta de medios del Ministerio: la digitalización y asignación de un número de registro es el primer paso del proceso y, sin él, no hay trámite hasta la concesión o rechazo de la nacionalidad.
La concesión de la nacionalidad española continúa siendo un quebradero de cabeza para los miles de migrantes que presentan, cada año, la solicitud para obtenerla. Desde hace años, las peticiones se acumulan en los cajones sin que se les dé una salida temprana. Y el último año no ha sido una excepción: en 2017, las resoluciones –que incluyen las concesiones, las denegaciones y los archivos– cayeron un 80%. Durante esos 12 meses, se resolvieron 28.077 expedientes, mientras que la media de los que se solucionaron entre 2010 y 2016 fue de 146.488, según los datos facilitados a infoLibre por el Ministerio de Justicia.