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El contraste está servido. Y no es favorecedor para la jerarquía católica española, cuya pasividad ha quedado en evidencia frente a la reciente catarsis francesa. Hablamos de pederastia eclesial y de cómo encarar esa lacra.
Toca comparar, empezando por el vecino del norte.
Allí una comisión independiente, por encargo de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF), acaba de presentar los resultados de una investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia desde 1950, realizada con un enfoque crítico y exigente. Hay datos –y datos apabullantes–, pero además se hurga en los porqués íntimos del horror, ejercido como una "terrible mecánica sistémica", en palabras de la víctima François Devaux. El trabajo final, de 2.500 páginas, incorpora un detallado informe del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina y de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, titulado Sociología de la violencia sexual en el seno de la Iglesia católica en Francia (1950-2020), del que salen cifras mareantes: al menos 216.000 menores, estimación conservadora, han sido víctimas de pederastia en 70 años, cifra que sube a 330.000 englobando a enseñantes laicos, catequistas o responsables de movimientos juveniles. Es algo más que la población de la ciudad de Córdoba.
El cálculo manejado por el alto clero francés, 5.000 víctimas, ha quedado pulverizado por una investigación de la que es partícipe la propia jerarquía católica francesa. Eso es autoevaluación crítica, no sólo palabras bienintencionadas. La investigación, que desveló que casi el 80% de los abusos fueron sufridos por niños varones, sobre todo de entre 10 y 13 años, se ha servido de un público llamamiento a las posibles víctimas de abusos y sus familias realizado en colaboración con France Victimes, que afloró miles de casos. Es decir, ha habido un amplio despliegue de medios. Adiós a la arraigada cultura de la discreción y los trapos lavados en casa. El informe, que implica en los abusos a en torno a un 3% del clero francés, propone que la Iglesia pague indemnizaciones a las víctimas.
No ha dudado en poner la cara el presidente del episcopado, Éric de Moulins-Beaufort. Aunque trató de destacar en parte del trabajo hecho por la Iglesia, se rindió a la brutalidad del dato. “Nos perturba, nos abruma”. Y más: “Nos avergüenza, nos espanta”.
Ahora, pasemos a España.
Semana pasada. Rueda de prensa del portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello. Un periodista pregunta si la Iglesia va a investigar y hacer público el resultado de sus investigaciones sobre abusos a menores. La respuesta es no. "La propia escucha de las oficinas [en las diócesis contra los abusos] el otro día nos hizo caer en la cuenta una vez más de la importancia que tiene muchas veces en la relación con las propias víctimas la discreción. Nosotros desde luego estamos... No vamos hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general. Pero sí que [...] no podemos menos que decir que cualquier persona que piense o que haya vivido los abusos que lo ponga de manifiesto".
De modo que España no está ni de lejos a las puertas de Francia. No hay comisión independiente, ni revisión sistemática, ni análisis de las mecánicas internas, ni trabajos para una estimación de casos, ni búsqueda de víctimas, ni previsión de indemnizaciones a nivel general, si bien esta es una decisión en la que cada diócesis tiene margen de decisiónllegado el caso. ¿Qué hay, entonces? Indudablemente, un tono algo menos autoindulgente que el que había antes de la llegada del papa Francisco, cuando se escamoteaba casi cualquier autocrítica. También, unas oficinas contra los abusos en las diócesis de resultado prácticamente ignoto. Y unos pocos datos que invitan a pensar en un fenómeno de abusos casi marginal que convertiría a España en una excepción en el orbe católico.
La CEE, que ha mantenido un discreto perfil desde la publicación del informe francés, aún no ha respondido a las preguntas de infoLibre para este artículo, enviadas este mismo miércoles.
La actitud de la Conferencia Episcopal
¿Por qué tanta diferencia a uno y otro lado de la frontera? Descuelga el teléfono Javier, una de las víctimas del sacerdote abusador José Manuel Ramos Gordón, que prefiere ocultar su apellido. "¿Que por qué tanta diferencia? Es muy sencillo. Los obispos españoles no quieren hacerse cargo de las víctimas. Los abusos aquí, calculo, serán parecidos a los que ocurrieron en Irlanda, mayores a los de Francia, yo diría que el doble. Porque en España ha habido muchísima impunidad, muchísima, y se ha encubierto mucho. Y ahora los obispos prefieren estar todo el día con la cara colorada a que se sepa lo que ocurrió", señala Javier, que cree que la "razón fundamental" está en el deseo de evitar responsabilidades económicas que podrían suponer "una ruina y un calvario" para la Iglesia. "Lo que más temen es una indemnización que generaría un efecto llamada", dice. La confianza de Javier estriba, precisamente, en que el informe del país vecino genere un efecto llamada de víctimas y sea activador de la opinión pública en España. Se verá.
A juicio de Javier, el episcopado español ha seguido una estrategia de "encubrimiento sistemático", que ahora acompaña con un mensaje disuasorio para las víctimas. La dinámica descrita se compone de varios elementos: minimizar los hechos, insinuar que hay motivaciones económicas tras las denuncias, diluir la responsabilidad de la Iglesia en el seno de un problema social más amplio del que la institución católica es sólo una parte, mostrar poca disposición a asumir responsabilidades contantes y sonantes... ¿Ejemplos? La jerarquía no ha mostrado voluntad de hacer una investigación propia y ha reconocido que no entra en sus planes la indemnización a las víctimas, descartando la creación de un fondo como en Alemania. La CEE ha denunciado la existencia de una "inquisición laica" contra la Iglesia (José María Gil Tamayo, 2018) y ha recalcado que los abusos en la institución supondrían un 3% del total en toda España, mientras no se presta atención al 97% restante (Ricardo Blázquez, 2019). El episcopado ha hecho pública la existencia de una cifra de denuncias contras sacerdotes, 220 en 20 años, que vendría a probar una escala manejable del problema, sin atribuir la cifra precisamente a la falta de canales para denunciar con cooperación eclesial. Este mismo año, en febrero, Argüello señaló que en sus oficinas contra los abusos, abiertas por orden del papa Francisco, habían recibido ocho denuncias en ocho meses.
A remolque
Manifestaciones y posiciones como estas tienen lo que en el mundillo de la empresa se llama "coste reputacional". Es más, la Fiscalía ha llegado a alertar de una "deficiente" respuesta a los abusos en la Iglesia y ha propuesto investigar los casos del pasado. La lucha contra los abusos forma además parte del amplio catálogo de temas que el Gobierno aborda con la CEE en su diálogo bilateral. La reacción ante la pederastia supone, en suma, un foco de desgaste para la jerarquía, más aún cuando los abusos a menores han metido a la institución a nivel mundial en una profunda crisis que ha llegado a cuestionar incluso el papel del Vaticano, incluidos Juan Pablo II y Benedicto XVI por su reacción ante las aberraciones de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.
Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en el colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa, señala que a pesar de todo este coste el episcopado español sigue prefiriendo pagar la factura y mantener su estrategia que coger el torno por los cuernos. A su juicio, todos los tímidos avances realizados han sido a remolque del papa Francisco, que ha ordenado abrir oficinas para las denuncias, y del Gobierno, que ha impulsado una nueva ley de infancia. Y en cualquier caso resultan totalmente insuficientes, afirma.
"La Iglesia española no da ni un paso por sí mima. Minimiza el problema dando cifras increíbles, en una actitud que ofende a las víctimas. Cuando dice que la Iglesia española no va a ser proactiva, Argüello vulnera el mandato del papa, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Convención de Derechos del Niño", afirma Cuatrecasas, también presidente de la Asociación Infancia Robada, que lamenta la "total falta de independencia" de las oficinas abiertas en las diócesis, a las que ve carentes de utilidad tanto desde el punto de vista de las víctimas como de la transparencia para la opinión pública. Lo cierto es que nadie aclara bien en qué consiste su funcionamiento, mientras Luis Argüello recalca que las denuncias son "mínimas". Javier, la víctima de Astorga, afirma que él ha recibido en la oficina a la que acudió un trato "repugnante". "Y eso que el mío es un caso reconocido", señala. Otra de las medidas de la Iglesia que recibió críticas fue la creación en 2018 de una comisión supuestamente para investigar abusos que colocó al frente a un obispo que había sido acusado de encubrimiento.
Efecto disuasorio
"Lo que consiguen al final [los obispos] es que la gente, viendo la actitud que tienen, no se meta. Porque esto es muy duro, muy duro", añade Javier. Coincide Gaztelueta, a cuyo juicio las alusiones a posibles denuncias interesadas –"serán una cantidad nimia, nadie se quiere meter en algo tan dramático porque sí"–, el rechazo a la imprescriptibilidad de los delitos y los comentarios quitando hierro al problema suman fuerzas para lanzar un efectivo mensaje disuasorio. Además, lamenta, las críticas son vistas como "ataques a la Iglesia", en vez de como intentos de "limpiar la Iglesia". Hay que tener en cuenta que entre las víctimas y los familiares hay, por supuesto, numerosos católicos.
¿Qué le reclamaría a la Iglesia para encarar el problema? Gaztelueta cita cuatro exigencias: 1) Un informe como el francés, por profundidad e independencia; 2) Política de "ventanas abiertas", porque aún "se sigue negando información" pese al levantamiento del secreto pontificio; 3) Oficinas de denuncia con profesionales independientes; 4) Escucha real a las víctimas en los foros en que la Iglesia aborda la cuestión.
Por último, reclama al papa Francisco que tome cartas en el asunto y "llame la atención a la Iglesia española". "Para las víctimas es insoportable. Cada vez que alguien de la Conferencia Episcopal habla de este tema, es como que te claven una daga", añade.
Los obispos franceses venderán propiedades de la Iglesia para pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos
Ending Clergy Abuse: "España e Italia, rezagados"
La ecuatoriana Sara Oviedo, miembro fundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse, una de las autoras del informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus clérigos pederastas, se muestra favorablemente impresionada por el ejemplo de la Iglesia francesa, que a su juicio marca "un camino" para el resto de países. No son muchos, dice, los que merezcan un comentario de reconocimiento. Oviedo cita a Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos como países que han ido más lejos que España, país al que ve en línea con las iglesias católicas de América Latina, donde hay más inacción.
"España e Italia están rezagados", dice Oviedo. ¿Motivo? Al igual que Cuatrecasas, la representante de Ending Clergy Abuse destaca el peso histórico de la Iglesia en España, país que salió de una dictadura nacionalcatólica de ultraderecha a finales de los 70, pero también la escasez de exigencia social. Para que la Iglesia española se mueva, Oviedo cree que es necesario que la "presión" de la sociedad civil llegue a la cúpula de la Iglesia.
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