El 14 de noviembre de 2018 comenzó el juicio a Clemente Bernad y Carolina Martínez, autores del documental A sus muertos, una cinta sobre el Monumento a los Caídos de la ciudad de Pamplona. Menos de un mes después, el 12 de diciembre, el caso quedaba visto para sentencia. Ahora, cuatro meses después, ya la tienen. Pero no es la que esperaban. La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona condenó a Bernad a un año de prisión y a una multa de 2.880 euros. El delito, descubrimiento y revelación de secretos. Martínez, en cambio, salió absuelta. "El resultado nos ha llegado por sorporesa. La jueza ha tardado mucho en escribir la sentencia y conforme avanzaban los meses confiábamos en que fuera absolutoria. Repasando todas las circunstancias, veíamos que no había nada que condenar", cuenta Bernad en conversación con infoLibre. El fallo ha llegado por sorpresa del mismo modo que lo hizo el propio juicio. Ya antes de que comenzara el proceso, el periodista y documentalista confesó a este diario que la citación les había dejado "un poco fríos" porque estaban convencidos de que el caso se archivaría.
Pero no fue así. Todo comenzó con una denuncia de miembros de la organización fascista Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, creada a finales de 1939 —nada más terminar la Guerra Civil— y formada por excombatientes requetés. Los días 19 de cada mes —en honor al golpe de Estado— celebran un acto litúrgico en honor a los caídos franquistas. Hasta noviembre de 2016 lo hacían en presencia de los restos de los generales franquistas Mola y Sanjurjo y otros seis golpistas. Desde ese momento lo hacen sin ellos. Pero lo siguen haciendo. El escenario es la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona. Antes lo hacían en el altar, en la superficie, pero el Arzobispado donó el edificio al Ayuntamiento en 1998, aunque se reservó el usufructo de la cripta donde estuvieron enterrados los dos autores intelectuales del golpe a perpetuidad.
Después del Valle de los Caídos, el monumento es la exaltación al franquismo más grande de toda España. Pero hay una diferencia. El de Pamplona preside la ciudad y está ubicado en pleno entorno urbano. Y eso ha traído polémica. Y Bernad y Martínez solo querían participar en el debate. "Quisimos poner nuestro granito de arena en el debate desde el colectivo al que pertenecemos", explica. Se trata de ZER. Dilemas urbanos, derivas ciudadanas. "Y decidimos hacer un documental aportando nuestra experiencia profesional". Pero, según Bernad, la cinta no estaría completa sin incluir uno de esos actos litúrgicos que tanta polémica levantaban en la ciudad. "Dentro de un documental sobre el monumento, vimos que era imprescindible incorporar las misas", explica. Y un día vio la oportunidad de grabar una.
El acceso está restringido, pero encontró "una rejilla por la que se veía la zona donde las celebraban". "Como periodista vi que tenía la oportunidad de hacerlo y, además, me sentí legitimado para ello porque el sitio era legal y era una cuestión de interés general", afirma. Pero los miembros de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz encontraron la cámara. Y denunciaron.
Una sentencia "completamente excesiva"
La Fiscalía pidió dos años de prisión y una multa de 10.500 euros; la acusación particular, por su parte, dos años y seis meses de cárcel y una multa de 12.000 euros. Eran penas mucho mayores que la que, finalmente, se ha impuesto a Bernad. Pero la sigue viendo excesiva. "No la comprendo, estoy completamente decepcionado", lamenta. Y es que no ve que se le pueda atribuir el delito por el que ha sido condenado. Se trata de un delito de revelación de secretos, contenido en el artículo 197.1 del Código Penal: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".
"Para nosotros, cualquier tipo de condena es excesiva. No me lo merezco por lo que ha pasado, por lo que hice, por los objetivos que perseguía, por el contexto en el que lo hice y porque estaba ejerciendo mi trabajo de documentalista y periodista. La sentencia es excesiva desde todos los puntos de vista", se queja.
Según la magistrada, el acusado, "con ánimo de atentar contra la intimidad de los miembros de la Hermandad de Caballeros voluntarios de la Santa Cruz y con ánimo de comprobar el tipo de actos de culto que por parte de los mismos se realizan en la cripta y poder asimismo obtener evidencias videográficas de lo que en la cripta se hace y practica", colocó una microcámara de vigilancia, un grabador de vídeo y un micrófono de grabación y grabadora digital en el interior de la rejilla de ventilación, sita en el interior de la cripta, a la derecha del altar de la misma.
Pero la intencionalidad era muy distinta para Bernad. Según cuenta, su objetivo era "contar lo que pasa". "Estamos hablando de contar qué pasa con ese monumento en la ciudad y qué pasa en cuestión de pervivencia de este tipo de simbología", explica. "Mi intención era contar lo que pasaba sin más. Lo dije en el juicio, lo que pasa en el monumento tiene un interés general suficiente como para poner cámaras y grabar las misas. Hay gente que piensa que las puse para descubrir algo delictivo. Nada más lejos de la realidad", defiende.
Una cripta de uso privado
La sentencia va más allá. Tal y como recoge la magistrada, la cripta "no es un lugar abierto al público, sino que su uso es de carácter privado, con el acceso al interior restringido, ya que solo están autorizados a entrar los miembros de la Hermandad de Caballeros voluntarios de la Santa Cruz y las autoridades eclesiásticas". Pero, según recuerda Bernad, la organización le impidió el acceso. "Antes de hacer el documental ya pedí permiso al Arzobispado para hacer fotos a la cripta" dice. En ese momento se lo dieron. "Pero me pidieron que me pusiera en contacto con la Hermandad para que me abrieran la puerta, me dijeron que me habían buscado por Internet y se negaron a abrirme", explica.
La sentencia, no obstante, incide en que "ni siquiera la sospecha, en su caso de que pudieran llevarse a cabo en el interior actos ilícitos, autorizaría ni permitiría al acusado, en el ejercicio como periodista de su derecho fundamental de expresión e información, colocar un micrófono y una cámara para grabar e interceptar la actos y las conversaciones entre terceros particulares que se llevan a cabo allí". Pero Bernad insiste en que no quería descubrir nada delictivo. Solo "mostrar", "informar".
Pero para la magistrada la intención "se deduce de lo manifestado por él al ejercitar su derecho a la última palabra, cuando entre otras cosas vino a decir que la sociedad tiene derecho a saber los actos de apología y de exaltación del golpismo y de humillación a las víctimas que se llevan a cabo en ese lugar". Y eso no es lo que se juzgaba, explica.
"Siento que me han silenciado"
La Fiscalía pide dos años de cárcel para los autores de un documental sobre una cripta que usa en Navarra una asociación fascista
Por ahora, Bernad y su abogado tienen ocho días hábiles para recurrir ante la Audiencia de Navarra —el miércoles, cuando se dictó la sentencia, les dieron diez—, algo que, todavía, no sabe si hará. Lo que sí tiene claro es que su caso es un ataque hacia la libertad de expresión y de información. "Siento que me han silenciado como periodista", denuncia.
Y es que, considera, "hay líneas rojas que un periodista no puede dejar pasar". Pero la suya cada vez está más cerca. Y la de todos. "Aparte de silenciarme a mí, hay un fracaso en lo relativo a la libertad de información y de contar cosas de interés general que pasan a nuestro alrededor", critica.
Su proceso, además, estuvo empañado desde el principio. "Recuerdo que, en una ocasión, estaba grabando el edificio desde fuera y fui identificado por la policía porque dijeron que había alguien grabando a los niños", dice. "Había un ansia de no mirar al monumento ni de contar nada", sentencia.
El 14 de noviembre de 2018 comenzó el juicio a Clemente Bernad y Carolina Martínez, autores del documental A sus muertos, una cinta sobre el Monumento a los Caídos de la ciudad de Pamplona. Menos de un mes después, el 12 de diciembre, el caso quedaba visto para sentencia. Ahora, cuatro meses después, ya la tienen. Pero no es la que esperaban. La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona condenó a Bernad a un año de prisión y a una multa de 2.880 euros. El delito, descubrimiento y revelación de secretos. Martínez, en cambio, salió absuelta. "El resultado nos ha llegado por sorporesa. La jueza ha tardado mucho en escribir la sentencia y conforme avanzaban los meses confiábamos en que fuera absolutoria. Repasando todas las circunstancias, veíamos que no había nada que condenar", cuenta Bernad en conversación con infoLibre. El fallo ha llegado por sorpresa del mismo modo que lo hizo el propio juicio. Ya antes de que comenzara el proceso, el periodista y documentalista confesó a este diario que la citación les había dejado "un poco fríos" porque estaban convencidos de que el caso se archivaría.