Este jueves finalizó la última ponencia de debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso. Es el último paso antes del debate final en la comisión de Medio Ambiente, que se celebrará después de Semana Santa, y que –si nada se tuerce– enviará la norma al Senado para su aprobación final tras años de retrasos, líos y espera. El texto mantiene el objetivo de reducción de emisiones que propusieron PSOE y Unidos Podemos en una enmienda transaccional: 23% en 2030 con respecto a 1990.
Para los partidos que forman el Gobierno, es más que suficiente para una ley que debe aprobarse cuanto antes: para ecologistas y Más País-Verdes Equo, que se han erigido en la oposición ambientalista al Ejecutivo, la cifra se queda muy corta, teniendo en cuenta el contexto actual: el terreno ganado por el confinamiento y el impulso de los fondos de reconstrucción. En otros ámbitos, como la defensa de la biodiversidad, la implantación del ferrocarril o el desarrollo de los renovables, ha habido avances. Y ningún artículo se ha descafeinado de manera significativa –aunque eso depende de la interpretación–.
"Es necesario valorar los avances que se han producido en este proceso. La ley hoy es mejor que la que llegó al Congreso: tanto en ambición como en eficacia", valoró este jueves en rueda de prensa desde el Congreso el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde. En el capítulo de agradecimientos no mencionó a sus ex compañeros de Verdes Equo, con los que ha mantenido una disputa tanto pública como soterrada por la ambición del texto. "Hay que agradecer el trabajo al Grupo Socialista y Unidas Podemos, pero también a los grupos que han mantenido un apoyo sostenido a la ley: EH Bildu, ERC, Teruel Existe y PNV". "Esperamos que se puedan sumar más grupos al apoyo final a la ley", añadió el también presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja. El proyecto de ley tampoco tiene, por el momento, el apoyo del PP, el principal partido de la oposición, cuyo visto bueno garantizaría que la norma perviva a lo largo de las décadas en las que necesita estar en vigor.
El 23% de reducción de emisiones con respecto a 1990 es un buen objetivo para sus promotores, PSOE y Unidas Podemos, que argumentan que la cifra está en consonancia con lo que exige la Unión Europea y que supone más esfuerzo de lo que parece, dado que en la pasada década España se dedicó a emitir más en vez de emitir menos: por lo que el recorte es del 40% teniendo en cuenta los niveles actuales. El argumento no convence ni a Más País-Verdes Equo ni a los ecologistas, que aseguran que la contabilidad siempre se ha hecho teniendo en cuenta 1990 como referencia y que hay margen para más ambición teniendo en cuenta la reducción de gases de efecto invernadero que ha provocado la pandemia y el impulso de los fondos europeos, que acelerarán la transición ecológica. Los activistas añaden un argumento más: España es un país del Norte global. Debe ir más allá del mínimo para que los países pobres no se ahoguen ni por la subida del nivel del mar ni por las exigencias climáticas de los países ricos que provocaron el problema. "Tenemos que tener en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas", resumió en Twitter Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción.
"Nuestra ambición está por debajo de lo que debería estar de acuerdo al momento y la emergencia climática. No hay más", resume, contundente, la diputada de Verdes Equo Inés Sabanés, que sin embargo celebra un añadido al objetivo: la norma establece que, en 2023, se revisará. Obligatoriamente al alza. Prácticamente, el único punto de acuerdo que, por el momento, han alcanzado con PSOE y Unidas Podemos. "Hemos pedido que nos den tiempo suficiente para el debate. Yo confío en que podamos avanzar" en la última sesión, ya en la comisión, asegura Sabanés, que se agarra a la última oportunidad de consensuar el texto resultante. La coalición liderada por Íñigo Errejón defendía un 55% de reducción de emisiones para 2030 y está dispuesta a contentarse con un 30%, pero las posturas siguen demasiado distantes y la norma no necesita de su apoyo para salir adelante.
La ley "no se ha movido mucho de las primeras propuestas", defiende Sabanés, contradiciendo a López de Uralde. Echa de menos un compromiso más firme para que el comité consultivo de expertos "tenga medios y recursos" y para dotar de fondos a las asambleas ciudadanas climáticas, entre otras demandas. El diputado de Unidas Podemos, sin embargo, celebró los "avances". En cuanto a energías renovables, la ambición ha ascendido del 42 a un 45% de penetración en cuanto al sistema energético en total en 2030; y el imput renovable en el sistema eléctrico en particular pretende ser del 74% en vez del 70% planteado originalmente en el texto elaborado por Transición Ecológica.
También se ha acordado, en este ámbito, "garantizar la armonización de las zonas receptoras de las energías renovables, manteniendo los valores ambientales", para que la riqueza que generan estas tecnologías repercuta en las comarcas donde se instalan; y mantener libres de aerogeneradores o placas solares los entornos naturales cuya biodiversidad merezca protección. Además, se ha reforzado la rehabilitación energética de edificios, "uno de los elementos que generará más empleo" según López de Uralde, y se han introducido referencias a dietas alimentarias sostenibles, el impacto del cambio climático en la salud pública y la capacidad de absorción de carbono de bosques y océanos, así como al papel del ferrocarril como vertebrador del territorio y medio de transporte mucho menos emisor que el avión o el coche.
España redujo sus emisiones en 2020 un 17,9% por la pandemia y la caída del carbón
Una enmienda acordada entre PSOE y Unidas Podemos, sin embargo, despierta el recelo de Sabanés y de los ecologistas. Un primer acuerdo entre ambas formaciones establecía el archivo de "cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radioactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales", en el artículo 8. En cristiano, se refieren a la minería de uranio, con la vista puesta en el proyecto que la empresa Berkeley quiere impulsar en Retortillo (Salamanca) y que ha sido objeto de polémica durante años.
Sin embargo, una transaccional de estos dos partidos añadía una expresión clave: "nuevas solicitudes". La compañía se apresuró a celebrar la decisión asegurando que, con la inclusión de esas palabras, la prohibición ya no les afectaba: UP lo niega, asegurando que necesitan nuevas prórrogas que con el proyecto en el BOE no se van a conceder. "La transaccional no me tranquiliza. Creo que no despeja la duda. Cuando hay lío de interpretación, mi experiencia me dice que las empresas salen beneficiadas", asegura Sabanés, que sin embargo insiste en que aún hay margen para consensuar con PSOE y Unidas Podemos una nueva redacción.
La derecha está dividida entre la actitud del PNV, que presentó diversas enmiendas, en línea con las posiciones de la industria petrolera, para rebajar la ambición del texto, pero que durante las ponencias ha apoyado las transaccionales de Unidas Podemos y PSOE; y la del PP, que no ha alcanzado ningún tipo de acuerdo con las formaciones gubernamentales pese a que su actitud, según López de Uralde, fue "constructiva" durante la redacción y presentación de enmiendas. Varias de las posiciones más discutidas de la ley saldrán adelante con consenso o sin él, habida cuenta de los apoyos recabados estas semanas: la prohibición de la venta de vehículos nuevos emisores de CO2 a partir de 2040 o la obligatoriedad de que las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones del estilo de Madrid Central.
Este jueves finalizó la última ponencia de debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso. Es el último paso antes del debate final en la comisión de Medio Ambiente, que se celebrará después de Semana Santa, y que –si nada se tuerce– enviará la norma al Senado para su aprobación final tras años de retrasos, líos y espera. El texto mantiene el objetivo de reducción de emisiones que propusieron PSOE y Unidos Podemos en una enmienda transaccional: 23% en 2030 con respecto a 1990.