El tanto político que se ha marcado Izquierda Unida desde Andalucía, donde cogobierna con los socialistas, le ha servido para apretar las filas y sacar pecho. Y ha hecho que la expectación se focalice en su consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la que logró que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto ley que permite a la Junta expropiar el uso de las casas por tres años para familias en riesgo de exclusión social. Este miércoles, IU federal se trajo a su consejera a Madrid, para que atendiera a los medios –muchos, como se comprobó–, defendiera la medida andaluza y apremiara al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre desahucios en sus términos. Además, Cortés calzó un mensaje más: ni siquiera la ILP es suficiente, dado que es una propuesta "de mínimos", porque lo que hace falta es que todas las familias que paguen una hipoteca se vean beneficiadas por una condonación de parte de su deuda, dado que fueron víctimas de una "estafa".
Cortés pidió al Ejecutivo que no dé "carpetazo" a la ILP, ya que es una "oportunidad de oro" que le ha "puesto en bandeja la ciudadanía", pues pide la dación en pago, la paralización de los desahucios, el alquiler social y el cambio de las leyes que han permitido "la injusticia social" de los miles de desalojos. En ese sentido, recordó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de marzo, que reprochaba a España no haber cumplido desde 1995 con la "tutela judicial efectiva" ni con el "derecho a la vivienda". Así, se han producido, subrayó, "440.000 desahucios ilegales", para lo que es necesario que se imponga la "verdad, la justicia y la reparación".
"España y Andalucía necesitan la ILP, y debe primar el interés general", adujo. Pero enseguida recordó la consejera de IU que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o los sindicatos, los promotores del texto hoy ninguneado en el Congreso por el PP, asumen que su texto es una "propuesta de mínimos".
De modo que "hay que avanzar". ¿Cómo? "Es necesaria una reestructuración, una quita de la deuda privada de las familias que tienen deuda hipotecaria. Porque aquí ha habido una estafa hipotecaria, y en los últimos diez años hubo un aumento del 210% del precio de la vivienda, y además esas hipotecas contenían cláusulas abusivas. La manera de corregir esa estafa es una quita a todas las familias, que bien porque no han perdido su empleo o bien porque tienen privaciones severas en su vida cotidiana, están haciendo frente al pago de la letra, pero que son igualmente víctimas de esta estafa". Tal medida, la reestructuración de la deuda de las familias, sólo la podría articular el Gobierno central, no los ejecutivos autonómicos, a través de una reforma de la Ley Hipotecaria.
Argumentos "demagógicos" del Gobierno
La consejera había visto desde la tribuna, unos minutos antes, la respuesta del ministro de Economía a su jefe orgánico, Cayo Lara, justo sobre este tema, en la sesión de control al Gobierno. Luis de Guindos despreció el decreto andaluz y auguró que se secará el crédito y con ello, los jóvenes tendrán más dificultades para acceder a la vivienda y empeorará el sector de la construcción. Cortés calificó todos esos argumentos de "demagógicos", porque después de que el Estado regase a la banca con "185.000 millones de euros", no fluye el dinero ni para familias ni para pymes, lo que evidencia la necesidad de una "banca pública". Añadió que la "estafa financiera" posibilitó en los últimos años "millones de viviendas" a altísimos precios, origen del problema de hoy. Y Andalucía, remachó, no defiende la construcción de más vivienda nueva, sino que apuesta por la rehabilitación –en la comunidad hay un parque residencial de 4,5 millones de casas–, que genera "tres veces más empleo" y es "más sostenible".
Andalucía permitirá a afectados por los desahucios permanecer en sus viviendas
De Guindos no dijo si el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrirá el decreto andaluz ante el Tribunal Constitucional. Cortés no teme esa decisión, porque el texto que aprobó la Junta, reiteró, es "impecable jurídicamente".
Cayo Lara y José Luis Centella acompañaron a la consejera en su breve comparecencia ante los medios. El coordinador federal repitió que el decreto promovido por IU desde Andalucía "abre la puerta a la esperanza" y convertirá "el miedo de la gente en el derecho a la vivienda". Iniciativas como esta, elogió, "reconcilian a los ciudadanos con la política, y no actitudes de gobernantes como el PP, que son insensibles al drama humano".
Cortés no pudo comparecer en ninguna de las múltiples salas de que el dispone el Congreso para ruedas de prensa, sino en las dependencias del grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Lo prohibió tajantemente, según denunció IU, la vicepresidenta primera de la Cámara, Celia Villalobos (PP), con la excusa de que coincidía con el pleno en el hemiciclo. El veto prueba, según remarcó Centella, el "nerviosismo" de los conservadores. "No tiene sentido que habiendo salas vacías no podamos tener un contacto con la prensa. Pero el PP entiende que esta casa es suya", reprochó el primer portavoz adjunto. Con o sin sala, la presencia en Madrid de Cortés generó gran expectación: allí estaban televisiones, radios y periódicos de todos los colores.
El tanto político que se ha marcado Izquierda Unida desde Andalucía, donde cogobierna con los socialistas, le ha servido para apretar las filas y sacar pecho. Y ha hecho que la expectación se focalice en su consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la que logró que el Consejo de Gobierno aprobara el decreto ley que permite a la Junta expropiar el uso de las casas por tres años para familias en riesgo de exclusión social. Este miércoles, IU federal se trajo a su consejera a Madrid, para que atendiera a los medios –muchos, como se comprobó–, defendiera la medida andaluza y apremiara al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre desahucios en sus términos. Además, Cortés calzó un mensaje más: ni siquiera la ILP es suficiente, dado que es una propuesta "de mínimos", porque lo que hace falta es que todas las familias que paguen una hipoteca se vean beneficiadas por una condonación de parte de su deuda, dado que fueron víctimas de una "estafa".