Para el periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, fue la metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo aquel martes de enero en ese edificio de aspecto afrancesado situado a pocos pasos de Colón. Cuenta que en un momento dado, mientras hacía guardia cartel en mano con sus compañeros de lucha en la Plaza de la Villa, el tráfico se cortó en una de las pequeñas vías aledañas. Y que se hizo para que el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, pudiera salir en sentido contrario, evitando así pasar por una calle Génova probablemente atestada. "Exactamente igual que lo que se estaba haciendo en ese momento en el Tribunal Supremo: ir en dirección contraria, pero a los derechos humanos", reflexiona.
Era 24 de enero de 2012. Se cumplían exactamente treinta y cinco años de los asesinatos de Arturo Ruiz, María Luz Nájera o los abogados laboralistas de Atocha. Y, casualidad o no, la fecha estaba señalada en rojo en el calendario para el inicio en el Tribunal Supremo del juicio contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura. Un proceso duramente criticado. Incluso, desde fuera de España. "Es un eco perturbador del pensamiento totalitario de la era de Franco", llegó a decir The New York Times en un potente editorial en el que, incluso, calificaba el juicio de "ofensa contra la justicia y la historia".
La ARMH llevaba por aquel entonces una década en activo. Y allí se plantó, con una enorme pancarta, frente a las puertas del Supremo. "¿No hay justicia para estos crímenes?", podía leerse en la lona, ilustrada con la imagen de varios cuerpos exhumados en una fosa común de La Andaya (Burgos). Mientras, en el interior de la Sala, la defensa del magistrado y el fiscal pedían que se anulase el juicio. "Mi asombro fue no menor que el de la justicia internacional o las asociaciones de víctimas, que no podían entender que el Supremo admitiese una querella tan interesada por parte de aquellos añorantes vigías de la dictadura que se levantaron como un solo hombre ante la posibilidad de hacer justicia por crímenes que aún siguen impunes", recuerda Garzón, una década después, en conversación con infoLibre.
Aquel proceso, para Silva, solo buscaba construir un muro de impunidad en un momento en el que el silencio alrededor de las víctimas de la dictadura se había roto. Y fue justamente eso lo que sucedió. "Aprovecharon para cerrar la posibilidad de que se pudieran investigar los crímenes del franquismo por vía penal. Una decisión que va en contra de lo que la ley indica. ¿Es lícito dejar un crimen sin investigar, sin sancionar? Y aquí hay que cuestionar qué fuertes intereses pueden torcer la norma en un tribunal para que decida que tantos asesinatos queden impunes", reflexiona el exmagistrado de la Audiencia Nacional.
"La impunidad ha sido la regla"
El debate llevaba abierto ya varios años. A finales de 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero conseguía dar luz verde a la primera Ley de Memoria Histórica. Y un año más tarde, un juez de la mismísima Audiencia Nacional daba un paso al frente y, en base a más de una veintena de denuncias, decidía abrir una investigación por los crímenes cometidos durante la dictadura. "Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla", resaltaba Garzón en su extenso auto, en el que autorizaba, entre otras cosas, más de una docena de exhumaciones y planteaba la puesta en marcha de un grupo especial dentro de la Policía Judicial.
La decisión del magistrado, obviamente, no tardó en ser rechazada por la derecha política y los medios conservadores, que la tildaron de "disparate". "Abrir heridas del pasado no conduce a nada", se encargó de señalar el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy. Pronto hubo movimientos a nivel judicial. Siete meses después de aquella resolución, el seudosindicato ultra Manos Limpias consigue que el Supremo admita su querella por la supuesta prevaricación de Garzón. Miguel Bernard, a quien posteriormente la Fundación Franco nombra caballero de honor por "sus servicios en defensa de los ideales del Movimiento" –estos fueron sus servicios–, logra el premio gordo.
Silva reconoce que nunca confió demasiado en la acción de la justicia. Quizá por eso, el colectivo llevaba ya tiempo sondeando la posibilidad de llevar los crímenes de la dictadura fuera de las fronteras españolas, un paso que al final dieron en abril de 2010 en Buenos Aires. A pesar de creer que no había "mucho que hacer", el presidente de la ARMH, cuyo abuelo fue fusilado en octubre de 1936 a la entrada de Priaranza del Bierzo (León), no dudó en sentarse ante los magistrados del Supremo cuando fue llamado a declarar. Al igual que hicieron otras tantas víctimas del franquismo.
Las víctimas rompen su silencio
Ellas eran las que realmente preocupaban al propio Garzón. "Bien estuvo el proceso porque dio pie a que algunas dieran voz a todas las demás ante un tribunal, algo impensable, y con ello de alguna forma conseguían una reparación al explicar al mundo lo que había ocurrido", apunta el exmagistrado. El ahora abogado confiesa que nunca se sintió solo. Al fin y al cabo, ¿cómo se iba a sentir abandonado viendo la valentía de todas estas personas, algunas de ellas con edades muy avanzadas, al sentarse frente a un tribunal? "Eso es lo que me dio el valor para afrontar lo que pudiera ocurrir", continúa. Las protestas en la calle o los manifiestos que llegaban desde otros países hicieron el resto. "Fueron el impulso incuestionable de que el camino iniciado era el correcto", asevera.
Otro martes, esta vez de febrero, Silva acudió acompañado de su hermana hasta el Palacio de Justicia. Una década después se acuerda de cada detalle. De la entrada por una especie de sótano, del control de seguridad a la entrada, del largo pasillo en el que exigían silencio, de la espera sentado en una esquina, del "salto al ruedo" o del tribunal "dos metros por encima del testigo". "Al principio, la impresión de todo ello me impedía hablar", rememora. Pero luego se soltó. Y sus palabras resonaron entre las cuatro paredes de la sala: "Estas familias ni siquiera han tenido la conciencia de víctimas, de que les han hecho un daño que no era inevitable en una guerra".
Un grillete en la puerta
El proceso judicial contra el magistrado supuso un varapalo tremendo para las víctimas, que vieron cómo no solo no se garantizaba su derecho a la justicia sino que además se perseguía a aquellos que intentaban abrir esa vía más de tres décadas después de la muerte del dictador. Las expectativas de las familias, algunas de las cuales se atrevieron a dar un paso tan importante al ver que todo un magistrado de la Audiencia Nacional se atrevía a investigar miles de asesinatos y desapariciones forzadas durante el franquismo, quedaron enterradas.
"Parte de lo que se buscaba era construir una suerte de ley del silencio dentro del poder judicial. Era un aviso a todos los jueces de lo que podía pasar si seguían el mismo camino. De hecho, recuerdo cómo una jueza que iba a abrir una fosa por iniciativa propia por aquel entonces se echó un poco hacia atrás tras la querella contra Garzón", reflexiona el presidente de la ARMH. El magistrado fue absuelto. Pero aquella sentencia iba mucho más allá, en tanto que pegaba un sonoro portazo en las narices a las víctimas de la represión. "Sirvió para colocar un grillete en la puerta que todavía no se ha conseguido quitar", opina Silva.
La resolución judicial dejaba claro que no había margen para investigar los crímenes del franquismo. Y no lo había por dos motivos fundamentales. Primero, por la Ley de Amnistía. Y segundo, porque el crimen de lesa humanidad –incorporado al Código Penal en 2003– no podría aplicarse retroactivamente a estos hechos y, por tanto, los mismos estarían ya prescritos. "La garantía derivada del principio de legalidad y la interdicción de la retroactividad de las normas sancionadoras no favorables prohíben sin excepciones la aplicación retroactiva de la norma penal a hechos anteriores a su vigencia. Esta exigencia del principio de legalidad es aplicable al derecho penal internacional, convencional y consuetudinario", señaló el fallo.
Garzón se muestra tajante cuando señala que el Supremo aprovechó su caso para "cerrar la posibilidad de que se pudieran investigar" los crímenes del franquismo por la vía penal. Y, una década después, es duro, muy duro, con aquellos magistrados. "Este tribunal, antes o después, quedará para la historia como el que dejó desamparadas a las víctimas y las condenaron por siempre a la desesperanza", resalta el ahora abogado, que está convencido de que su absolución fue fruto de la "fuerte" presión nacional e internacional.
La gran ausente
El abogado memorialista Eduardo Ranz llevaba un año ejerciendo cuando el exjuez de la Audiencia Nacional se sentó en el Supremo. Ha pasado ya una década de aquel proceso. Y, dice, no ha habido ningún cambio. "Se ha podido tener verdad o reparación, pero la justicia sigue siendo la gran ausente en materia de memoria, la asignatura suspensa", explica al otro lado del teléfono.
Es más, el Constitucional se ha encargado recientemente de remarcar que no hay nada que hacer en un auto en el que se inadmitía un recurso del histórico sindicalista Gerardo Iglesias en relación a las torturas sufridas por parte de la Político Social durante la dictadura. Eso no quita, no obstante, que haya magistrados que consideren que se deba llevar a cabo un debate en profundidad sobre el alcance de la Ley de Amnistía o cómo aplicar los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y persecución de crímenes de guerra. De hecho, eso mismo fue lo que plantearon, en ese mismo caso, los progresistas María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol.
El Gobierno abre una vía para reparar a las víctimas del franquismo con la confianza puesta en un futuro TC más progresista
Diez años después de sentarse en el banquillo justo por eso, por dar un paso al frente, Garzón reconoce que le produce una mezcla de "nausea" y "disgusto" ver el "poco éxito" que tienen las denuncias. "Qué difícil es conseguir que se investiguen estas desapariciones, que se abran las fosas o que se dicte justicia a favor de los represaliados", señala.
–"¿Cree que en algún momento podrán acabar investigándose todos estos crímenes?"
–"Puede que alguna vez. Quizá no sea una causa general, pero tal vez puedan establecerse causas “locales”, por comunidades autónomas o por provincias. Se trataría de intentar establecer qué ocurrió y quienes truncaron tantos sueños. Y, de alguna manera, honrar a quienes sufrieron una represión que nos resulta impensable pero que existió, que nos ha marcado como sociedad y que hoy la ultraderecha quisiera restablecer. Revelar lo que pasó, explicar la barbaridad cometida, sirve para llamar a que se rechace todo intento de totalitarismo y evitar la recreación del fascismo que azotó a España tantos años".
Para el periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, fue la metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo aquel martes de enero en ese edificio de aspecto afrancesado situado a pocos pasos de Colón. Cuenta que en un momento dado, mientras hacía guardia cartel en mano con sus compañeros de lucha en la Plaza de la Villa, el tráfico se cortó en una de las pequeñas vías aledañas. Y que se hizo para que el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, pudiera salir en sentido contrario, evitando así pasar por una calle Génova probablemente atestada. "Exactamente igual que lo que se estaba haciendo en ese momento en el Tribunal Supremo: ir en dirección contraria, pero a los derechos humanos", reflexiona.