Los diez años de reinado de Felipe de Borbón que se cumplen este miércoles tienen un recorrido que empieza con el descubrimiento de la verdadera identidad su padre, Juan Carlos I, y acaba en la jura de la Constitución de su hija y heredera, la princesa Leonor. Una década en la que el monarca ha tenido que lidiar no sólo con las irregularidades fiscales de su padre, sino con sus propias dificultades para regenerar la institución haciéndola más transparente, con una gestión muy discutida de su papel como Jefe de Estado durante los días que siguieron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su incapacidad para marcar distancia con una ultraderecha y una derecha que han hecho de la monarquía una seña de identidad partidista.
Felipe VI se coronó en 2014 con un discurso en el que algunos quisieron ver una voluntad real de cambio. En él prometió “una Monarquía renovada para un tiempo nuevo” que iba a “observar una conducta íntegra, honesta y transparente”. Pero el tiempo ha acabado mostrando las limitaciones de sus palabras. La anunciada transparencia no ha sido tal. Ni Felipe VI ni su familia tienen ninguna obligación de hacer público su patrimonio o declaración de bienes. La norma de funcionamiento de la Casa Real aprobada en abril de 2022 por el Consejo de Ministros no incluye regulación alguna al respecto y deja a la voluntad del rey decidir cómo y cada cuánto tiempo informará acerca de un patrimonio que, en aquellas fechas, ascendía a 2,5 millones de euros.
La “demanda de regeneración pública” y la “modernización” de la Corona, tras años de continuo desgaste de la imagen de la institución a cuenta de los continuos escándalos del rey emérito, se quedó a medio camino. Por no saber, seguimos sin conocer cuánto nos cuesta la institución: hasta cinco ministerios —Interior, Exteriores, Defensa, Presidencia y Hacienda— asumen gastos de apoyo a la Casa del Rey al margen de la partida destinada expresamente a Zarzuela, pero el Gobierno se niega a revelar su cuantía.
La experta en comunicación política Verónica Fumanal admite que han “dado pasos”, como el recorte de “asignaciones presupuestarias a los miembros que ahora ya no son de la Casa Real, que Urdangarín fuese procesado y condenado” o que la infanta Elena “se haya podido divorciar sin ningún tipo de cortapisa”. Pero echa en falta más: “Faltan muchas cuestiones relacionadas con la comunicación y con la transparencia. La Casa Real todavía no tiene una interlocución fluida con los medios de comunicación y la mayoría de las preguntas todavía no tienen respuesta”.
Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III, está de acuerdo. “Todavía se puede profundizar en temas que tienen que ver con la transparencia” y “la política de comunicación de la Casa Real sigue siendo muy conservadora. No es tan cercana como otras casas reales, de, por ejemplo, Países Bajos, que tienen una relación yo creo mucho más directa con los medios. En eso se tendría que haber avanzado”.
Asignatura pendiente
Aunque en estos años se “han visto gestos de la Casa Real”, señala, “es cierto que sigue siendo muy difícil aplicar la Ley de Transparencia a la Jefatura del Estado” y “no tenemos la capacidad de fiscalizarla con el nivel de detalle que sí existe en otras monarquías parlamentarias” como sucede en Bélgica o el Reino Unido.
Simón llama la atención sobre una de las asignaturas pendientes, sobre la que se generó una gran expectativa pero que nunca se concretó: “Yo soy muy partidario de que el propio rey busque los mimbres para que se regulase la situación de la jefatura del Estado con una ley orgánica de la Corona que tasase exactamente sus atribuciones”.
Una ley que, para muchos, debería abordar la cuestión de la inviolabilidad del Jefe del Estado, pero en estos años tampoco ha habido rastro de una reforma de ese privilegio de inmunidad ante los tribunales gracias al cual el padre del rey ha salido indemne de los diferentes delitos por los que ha sido investigado, alguno de los cuales —el fraude al erario público— reconoció él mismo. Y eso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó públicamente en repetidas ocasiones que estaría a favor de reformar ese precepto ante “la exigencia de ejemplaridad de la sociedad” y la necesidad de no dejar “espacio para la impunidad”.
Oriol Bartomeus, director del Institut de Ciències Polítiques i Socials cree, en cambio, que Felipe VI sí ha cumplido suficientemente sus promesas de transparencia. “En principio diría que sí. El problema no ha sido tanto su desempeño “como el contexto en el que se ha visto obligado a actuar. Un contexto marcado por la polarización y por la utilización de su figura como elemento de confrontación política (por parte de la derecha y de la extrema derecha)”. En cualquier caso, subraya, su situación no es fruto de su voluntad, que se ha visto arrastrada por la coyuntura. Tal vez lo peor haya sido el intento de utilizarlo políticamente contra el gobierno. Y lo mejor es que no se ha dejado”, sostiene.
Lo cierto es que el PP, y también el PSOE, con el concurso de Vox, mantienen el blindaje de la monarquía. Los tres partidos han bloqueado a lo largo de los últimos años todos los intentos de otras formaciones de poner fin a la inviolabilidad del rey e incluso para investigar las actividades económicas de su padre.
La España que no es
En su discurso de proclamación, Felipe de Borbón prometió “moderar el funcionamiento regular de las instituciones”, “contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales” y “favorecer el ordenado funcionamiento del Estado”. Todo para contribuir a “una España en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas, en la que los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en sus instituciones” y “en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional”. Una España que hoy, diez años después de aquellas palabras, no puede estar más alejada de la realidad.
En la memoria de todos sigue estando el 3 de octubre de 2017, el día en el que, en pleno desafío independentista en Cataluña, decidió protagonizar un discurso en televisión en el que pidió a los “legítimos poderes del Estado” que asegurasen “el orden constitucional”, al tiempo que, en términos muy duros, denunciaba el “inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña” y acusaba a los independentistas de haberse situado “al margen del derecho y de la democracia” y de actuar con una “deslealtad inadmisible”.
Seis minutos durante los cuales no hizo ni una sola concesión a la búsqueda de una solución política negociada y trazó una línea divisoria con los partidos nacionalistas y los situados a la izquierda del PSOE que todavía permanece visible y que deterioró, puede que definitivamente, sus relaciones con los representantes políticos de una parte significativa del país.
El desgaste de la institución también es hereditario. La jura de la Constitución de la princesa Leonor, el pasado octubre, pagó el peaje de aquel discurso: se ausentaron los grupos nacionalistas e independentistas y la presencia de la izquierda alternativa —Sumar y Podemos— se redujo al mínimo.
Para Oriol Bartomeus, este es quizá su debe más destacado. “Personalmente, considero que podría haber hecho mejor ese discurso. Ese día no fue el rey de todos, fue el rey de parte, se dejó llevar (o lo llevaron) por la dinámica enloquecida de hooliganismo del momento. Una oportunidad perdida”.
Menos aliados que nunca
De lo que no hay duda es de que Felipe VI, y su hija Leonor, ya convertida en heredera después de jurar la Constitución el pasado octubre, tienen menos aliados en la política española que en 2014. PP y Vox son los únicos que se declaran públicamente como monárquicos y proclaman su fe absoluta en una jefatura de Estado hereditaria, hasta el punto de haber utilizado la institución como arma arrojadiza contra el PSOE en la refriega política aprovechando los desmarques que el presidente Sánchez ha hecho de las actividades del rey emérito. Una identificación de la Corona con la derecha y la extrema derecha que el rey no ha sabido, o no ha podido, impedir.
Los desperfectos, con todo, siguen siendo difíciles de medir. El CIS continúa sin preguntar a los españoles por la institución —dejó de hacerlo cuando constató la creciente desafección de los ciudadanos con la monarquía— y los estudios de opinión a lo largo de los últimos años son muy escasos. Los barómetros de La Sexta muestran un aumento de los partidarios de la monarquía, del 42% de 2020 a un 53% a comienzo de este año, y un retroceso de los republicanos (del 42% al 36%) y lo relacionan con el creciente protagonismo de la Princesa de Asturias. Una encuesta de elDiario.es publicada en noviembre, sin embargo, matiza mucho ese resultado al revelar que el 51% de los encuestados quiere que se celebre un referéndum sobre la monarquía, frente al 43,2% que considera que es una cuestión que no debería someterse a votación. Y pronosticaba un empate en caso de consulta: el 44,7% apoyaría la república, frente al 43,5% de la población que se decantaría por la monarquía.
La ausencia de encuestas del CIS es un elemento más de “una excepcionalidad impropia de una institución que quiere actualizarse a los cánones del siglo XXI”, asegura Verónica Fumanal. ”En el Reino Unido son múltiples las encuestas que preguntan por cada uno de los miembros de la Casa Real, sin ningún tipo de miedo, porque allí la institución o la tradición democrática parecen estar más consolidadas”.
Bartomeus no está seguro de que Felipe VI haya podido “remontar el desprestigio de la institución generado por los últimos años del reinado de Juan Carlos I, más teniendo en cuenta que no han parado de aparecer informaciones relativas al personaje y a la propia actuación del rey emérito”.
Fumanal, consciente de la liquidez de los tiempos que nos ha tocado vivir, prefiere hablar de un reinado “de transición” y no tiene dudas de lo mejor que ha dado la monarquía en esta década es “la princesa Leonor. El hecho de que en el futuro una mujer esté al frente de la institución, al frente de los ejércitos, será un paso muy importante para esa imagen de igualdad”. Y también la manera en que Letizia Ortiz “está llevando su papel y cómo está modernizando la Casa Real a través de su figura”, con decisiones como la de “poner mujeres en su gabinete por primera vez en la historia”.
El legado del padre
Una marcha contra la monarquía recorrerá Madrid este domingo por los diez años de Felipe VI como rey
Felipe VI, asegura, “siempre estará marcado por el legado de su padre. Quizás, si la monarquía todavía existe, cuando a Leonor le toque su turno, a lo mejor ella puede dar un paso definitivo hacia el prestigio de una institución muy marcada” por las actividades privadas de Juan Carlos I. “De algún modo, la relación paterno-filial todavía es una losa para Felipe VI” que le impide hacer “borrón y cuenta nueva”.
Pablo Simón distingue dos fases en esta primera década de reinado de Felipe VI. “Una primera más reactiva, intentando levantar cortafuegos entre lo que es su figura y la de su padre, lo cual obviamente es muy complicado porque al final es una magistratura que es unipersonal y hereditaria”. Un periodo que “supuso un menoscabo al prestigio de la institución, sobre todo, y muy particularmente, entre la gente joven y más a la izquierda”.
Pero después, subraya, “ha habido un cambio de tono que tiene que ver con un cierto reparto de papeles. Y no hablo solo del rey, sino también de la figura de Letizia Ortiz, la reina, y de la princesa Leonor, que han intentado sintonizar con clientelas electorales diferentes”. Letizia Ortiz claramente mirando más “hacia los componentes más sociales”, Felipe VI manteniendo “un perfil institucional más duro, probablemente más orientado hacia el electorado de la derecha”. Y la princesa “tratando de atraer la atención de los medios para buscar su propio hueco”. “Tengo la impresión de que hay ahí un equilibrio interesante que están intentando explotar” y que ha dado lugar a “una situación mejor para ellos de la que tenían cuando los escándalos de corrupción del rey emérito estaban todo el día en las portadas”.
Los diez años de reinado de Felipe de Borbón que se cumplen este miércoles tienen un recorrido que empieza con el descubrimiento de la verdadera identidad su padre, Juan Carlos I, y acaba en la jura de la Constitución de su hija y heredera, la princesa Leonor. Una década en la que el monarca ha tenido que lidiar no sólo con las irregularidades fiscales de su padre, sino con sus propias dificultades para regenerar la institución haciéndola más transparente, con una gestión muy discutida de su papel como Jefe de Estado durante los días que siguieron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su incapacidad para marcar distancia con una ultraderecha y una derecha que han hecho de la monarquía una seña de identidad partidista.