"El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha otorgado a Ence-Energía y Celulosa la prórroga de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones de Pontevedra. La prórroga se concede por 60 años, con un plazo adicional por encima de los 50 años, dado el fuerte compromiso de Ence en Pontevedra con una inversión de 61 millones de euros". Así arrancaba el comunicado emitido este lunes por Ence. Un anuncio que provocó cierto revuelo teniendo en cuenta que el Gobierno está en funciones desde que el pasado 20 de diciembre se celebraron elecciones generales. Esto implica que la capacidad de actuación, salvo excepciones y casos de urgencia, sea muy limitada. Desde el Ejecutivo subrayan que esta prórroga no incumple en absoluto la legislación que afecta aun Gobierno en funciones.
Fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por infoLibre subrayan que la citada concesión caducaba en 2018 y que esta prórroga había sido tramitada en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. "Ha emitido informe preceptivo la Xunta de Galicia, de acuerdo con lo regulado en el Reglamento General de Costas. Además, se reconoció la condición de interesado al Ayuntamiento de Pontevedra y ha sido informada por el servicio jurídico del ministerio".
En el departamento de Isabel García Tejerina aseguran que este tipo de prórrogas no se elevan al Consejo de Ministros y que son consideradas una gestión "ordinaria de las competencias de la dirección general". "Por lo que cabe dentro de un gobierno en funciones", subrayan.
No obstante, lo que queda claro dado que la fecha de caducidad de la concesión era 2018, es que el Gobierno quería dejar este asunto cerrado. Y que la polémica seguirá.
Otra de las medidas controvertidas afecta al Ministerio de Defensa. Según denunció el pasado fin de semana la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el departamento que dirige Pedro Morenés está aprobando en los últimos días normas de calado mientras está en funciones.
Se trata, según AUME, de distintas normas que afectan a la organización del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada. "Son aptas para condicionar las actuaciones del nuevo Gobierno en materias relevantes para la dirección de la política de Defensa de España, en aspectos sustanciales como son los operativos, de personal y de armamento", lamentó AUME según informó Europa Press.
Entre otros asuntos, los militares consideran que las normas, publicadas en el Boletín Oficial de Defensa, van a afectar de forma negativa en el personal de las Fuerzas Armadas porque supone "la desaparición y constitución de unidades", lo que implicará "cambios de destinos forzosos".
Esta asociación considera incluso que de estas decisiones podrían incluso implicar que el Gobierno en funciones rindiese cuentas en el Parlamento.
En este sentido, este martes, la Mesa del Congreso de los Diputados estudiará este martes un informe de los servicios jurídicos de la Cámara en el que se reseña cuál debe ser la actividad parlamentaria con un Gobierno en funciones. Las fuentes consultadas por este diario subrayan que, en principio, salvo casos muy puntuales, no sería posible este control. "En cambio, si es posible el control jurisdiccional".
Cuatro consejos de ministros
Desde el 20 de diciembre a día de hoy, el Ejecutivo ha celebrado cuatro consejos de ministros. Tuvieron lugar el 29 de diciembre y los días 8, 15 y 22 de enero. Común a todos ellos es la luz verde a planes estratégicos y programas de ayuda.
De todos ellos, la referencia más voluminosa es la del 29 de diciembre, cuando los ministros de Rajoy dieron luz verde, entre otros asuntos, a dos cuestiones que tenían que cerrarse antes de fin de año. Nos referimos al Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. Y al Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016.
Del siguiente Consejo Ministros, el del 8 de enero de 2016, uno de los asuntos más destacados fue la aprobación de la revisión de más de una decena de planes hidrológicos. Pero el Ejecutivo también aprovechó para presentar un informe sobre empleo con el que se pretendía hacer balance de la legislatura. "El presidente Rajoy, en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, dijo: 'Me propongo dedicar toda la capacidad del Gobierno y todas las fuerzas de la nación a detener la sangría del paro, estimular el crecimiento y acelerar el regreso de la creación de empleo'. Hoy, después de cuatro años de legislatura, gracias al compromiso de toda la sociedad española, de los trabajadores, de las empresas, de las Pymes, de los autónomos, de los interlocutores sociales y de las familias, estamos aún ante un cambio a mejor en el mercado de trabajo, estamos construyendo la España del empleo y las oportunidades entre todos", sostuvo la ministra Fátima Báñez.
"Por tanto, lo que presento es el balance de esa legislatura en la que ya hay menos paro y más empleo desde que llegamos al Gobierno, en la que España hoy tiene más confianza en encontrar oportunidades para darles un empleo a aquellas personas que, desgraciadamente, aún permanecen en el desempleo, y en la que, entre todos, tenemos que seguir construyendo juntos ese país del empleo y de las oportunidades", añadió.
Dos semanas después fue el turno del ministro de Economía, Luis de Guindos. El viernes 22, el Consejo de Ministros estudió de su departamento "sobre la evolución de la economía española durante la legislatura y las previsiones de cierre del ejercicio 2015".
¿Qué puede hacer el Gobierno en funciones?
Es la Ley del Gobierno la que en su artículo 21 fija "las limitaciones" del Gobierno en funciones. Establece como obligación el que facilite "el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo". Además, debe limitar su gestión "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Se trata, pues, de no dar ningún paso que pueda comprometer la acción o las políticas del Gobierno entrante.
La ley también tiene un apartado específico que afecta al presidente del Gobierno en funciones. Concreta las "facultades" que no podrá ejercer. Son las siguientes: "Proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza y proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo".
El Gobierno se niega a someterse al control del Congreso mientras esté en funciones
Recurso al decreto-ley
Otra de las herramientas que también tendría en su poder un Ejecutivo en funciones sería la del decreto-ley, regulado por el artículo 86 de la Constitución. Su aprobación sería posible gracias a que este tipo de iniciativas están concebidas para casos "de extraordinaria y urgente necesidad". Eso sí, "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I [de la Constitución], al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general".
Pero el decreto-ley requiere de un paso que compromete a la Cámara baja. Deberá sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.
"El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha otorgado a Ence-Energía y Celulosa la prórroga de la concesión de ocupación de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones de Pontevedra. La prórroga se concede por 60 años, con un plazo adicional por encima de los 50 años, dado el fuerte compromiso de Ence en Pontevedra con una inversión de 61 millones de euros". Así arrancaba el comunicado emitido este lunes por Ence. Un anuncio que provocó cierto revuelo teniendo en cuenta que el Gobierno está en funciones desde que el pasado 20 de diciembre se celebraron elecciones generales. Esto implica que la capacidad de actuación, salvo excepciones y casos de urgencia, sea muy limitada. Desde el Ejecutivo subrayan que esta prórroga no incumple en absoluto la legislación que afecta aun Gobierno en funciones.