No habrá, por el momento, una norma antifraude en la comunidad autónoma de la Púnica, Gürtel o Lezo. Derecha y ultraderecha han impedido este martes con sus votos –un no de los primeros y una abstención de los segundos– que se pueda tramitar en la Asamblea de Madrid una ley para la creación de una agencia contra el fraude en la región y la protección de los denominados whistleblowers, aquellos alertadores que ponen en conocimiento de las autoridades prácticas corruptas con las que se topan en su día a día. Una cobertura que, precisamente, desde las instituciones europeas llevan exigiendo a los Estados miembro desde hace un par de años y en la que ya han avanzado algunas comunidades autónomas como Andalucía.
La proposición de Ley, registrada por Más Madrid, trataba de avanzar en la línea marcada desde Bruselas en materia de lucha contra unas prácticas que, según estima el propio Ejecutivo comunitario, cuestan a la economía europea 120.000 millones de euros. "Se pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la corrupción", se recoge en el texto. La oposición ha sostenido la iniciativa sobre la directiva europea a la que se dio luz verde hace algo más de dos años, un texto que nació al calor de revelaciones tan relevantes como LuxLeaks, los Papeles de Panamá o Football Leaks.
"Esta ley trata de igualdad, de democracia, de creerse las instituciones", se arrancó al comienzo de la tarde el diputado de Más Madrid Alberto Oliver, quien ha sido el encargado de defender la iniciativa desde la tribuna de oradores. Una intervención que, desde la grada del Parlamento regional, escuchaba con atención Ana Garrido, quien fuera directora de Juventud en el Ayuntamiento de Boadilla y una de las denunciantes de lo que luego terminaría denominándose caso Gürtel. Una de esas "personas honestas y honradas", en palabras de Oliver, que han visto cómo toda la "vida" que habían "construido" se terminó viniendo abajo cuando decidieron alertar de la existencia de prácticas corruptas.
Agencia Antifraude
La norma puesta sobre la mesa por la oposición tenía dos objetivos claros. El primero, la creación en la comunidad autónoma de una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, un ente al que se atribuye, entre otras funciones, la "prevención e investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho". No es una ocurrencia. Organismos similares ya existen en Andalucía, Comunitat Valenciana, Cataluña o Baleares, así como en el Ayuntamiento de Madrid o Barcelona.
La directiva europea de octubre de 2019 recoge, justamente, la obligación de los Estados de establecer canales de denuncia externa "independientes y autónomos". De ahí, el planteamiento de la oposición de crear en la región una entidad con funciones de "inspección e investigación". "El personal de la agencia que tenga atribuidas funciones inspectoras y de investigación tendrá la condición de agente de la autoridad y los documentos que formalicen en los que se recojan los hechos constatados en el ejercicio de sus funciones servirán de prueba, salvo que se acredite lo contrario", apunta el texto.
Un compendio de artículos que regulan su funcionamiento contra los que se cargó con dureza desde la bancada conservadora. "Es la ley más inconsistente, chapucera, ilegal e, incluso, inconstitucional", dijo el diputado del PP Ignacio Catalá. El parlamentario hizo una intervención muy técnica. "Ustedes crean un procedimiento de alerta, que puede ser verbal, anónimo y sobre cuestiones delictivas. Esto ya es propio del Sebin –organismo de inteligencia de Venezuela–", sostuvo Catalá. La denuncia verbal también se contempla en la directiva europea. Y el anonimato en la recién aprobada Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía.
Una protección construida sobre las exigencias de Bruselas
La norma aprobada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha servido en parte de guía a Más Madrid para el diseño de su propuesta. Es más, no tiene problema en calificarla en su exposición de motivos como el texto "más avanzado" hasta el momento, un "salto de calidad" en la "integración" de los denunciantes de corrupción. Porque más allá de la Oficina Antifraude, el texto andaluz dedica un título entero a los alertadores –desde sus derechos hasta las medidas a adoptar para cubrirlos ante represalias–. Y ese es, justamente, el segundo pilar sobre el que se sostenía la norma registrada en la Asamblea autonómica por la formación que lidera Mónica García.
En este sentido, la proposición de Ley puesta sobre la mesa por la oposición contempla el derecho de los whistleblowers a recibir "asesoramiento legal", "asistencia psicológica gratuita", a que no pueda adoptarse durante la investigación "ningún tipo de medida o represalia" que le "perjudique" en su "situación laboral o personal", a que se acuerde su traslado a "otro puesto de similares características al que venía ocupando" y a no incurrir "en responsabilidad" respecto al acceso a la "información" denunciada siempre que dicho acceso no constituyera en sí un delito. Planteamientos que están recogidos en la directiva europea de hace un par de años.
"Quedan señalados quienes lo siguen permitiendo"
La protección de los denunciantes es crucial para la lucha de Europa contra la corrupción
La izquierda trató de persuadir al bloque de la derecha para evitar que el texto quedara guardado directamente en un cajón. "La corrupción nace como un problema individual. No cabe hacer generalizaciones, salvo que la Asamblea se niegue a adoptar medidas para evitar que vuelvan a producirse estos casos", sostuvo el diputado de Más Madrid Jacinto Morano. Si hay cosas que no convencen, vinieron a decir desde los tres partidos del bloque progresista, dejen que el texto se tramite y presenten enmiendas. "Trabajar juntos y dotarnos de una buena herramienta para combatir la corrupción. Quedan señalados quienes lo siguen permitiendo", señaló el diputado socialista Diego Cruz.
Pero no hubo manera. El rodillo de la derecha impidió que el texto pudiera iniciar su camino parlamentario. "No nos opondremos a su tramitación", dijo la parlamentaria ultra Ana Cuartero, quien señaló que desde su grupo no se iba a entorpecer una norma autonómica para proteger a los denunciantes de corrupción mientras se tramita una ley a nivel estatal sobre esta misma cuestión. Pero a la hora de votar, nada de decir sí, lo que hubiese permitido que la iniciativa fuese tomada en consideración. La extrema derecha, una vez más, prefirió ponerse de perfil. Vox se abstuvo. Y lo dejó todo en manos del PP: "Veamos hasta dónde llega su compromiso con la corrupción".
Y los conservadores se encargaron de rematar la jugada. "La normativa comunitaria persigue una armonización de estos procedimientos en todos los países, no la creación de 17 chiringuitos en las comunidades autónomas", se despachó Catalá. Horas más tarde, todo su grupo pulsaba el botón de no. Y la protección en la región de los denunciantes de corrupción quedaba guardada en un cajón. Una postura que contrasta con la que se vivió en esa misma Cámara hace justo un año, cuando por unanimidad todos los grupos dieron el visto bueno a la tramitación de un texto también centrado en los alertadores. Entonces, la iniciativa partía de Ciudadanos, su socio de Gobierno. Ahora, de la oposición. Y, ahí, la cosa cambia.
No habrá, por el momento, una norma antifraude en la comunidad autónoma de la Púnica, Gürtel o Lezo. Derecha y ultraderecha han impedido este martes con sus votos –un no de los primeros y una abstención de los segundos– que se pueda tramitar en la Asamblea de Madrid una ley para la creación de una agencia contra el fraude en la región y la protección de los denominados whistleblowers, aquellos alertadores que ponen en conocimiento de las autoridades prácticas corruptas con las que se topan en su día a día. Una cobertura que, precisamente, desde las instituciones europeas llevan exigiendo a los Estados miembro desde hace un par de años y en la que ya han avanzado algunas comunidades autónomas como Andalucía.