Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía al entender que vulnera los principios de exclusividad e independencia del poder judicial y, por tanto, la separación de poderes, y los de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.
El texto presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce "una quiebra total del Estado de Derecho", consagrado en el artículo 1 de la Constitución, "por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político".
De acuerdo con el texto constitucional, añade el ejecutivo de Jorge Azcón, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, admitiéndose como única excepción el indulto individual.
Para el Gobierno de Aragón, la ley de amnistía infringe el principio de separación de poderes, "en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo" y, de hecho, subraya que se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de "desjudicializar" la situación en Cataluña.
El Gobierno alemán anunció este lunes la introducción temporal de controles en todas las fronteras terrestres del país germano con el objetivo de "reducir la migración por vía irregular y mejorar la seguridad interior" a partir del próximo 16 de septiembre.
El Ministerio del Interior germano comunicó que ha notificado hoy a la Comisión Europea (CE) su intención de introducir controles temporales en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos seis meses, que se sumarán a los ya existentes en las zonas fronterizas con Suiza, Austria, República Checa y Polonia.
"Reforzamos nuestra seguridad interior y mantenemos nuestro curso duro contra la inmigración irregular", declaró la ministra del Interior, Nancy Faeser, en una comparecencia en Berlín en la que anunció los nuevos controles.
La ministra socialdemócrata subrayó que esta medida incluye la posibilidad de que rechazar en la frontera a los migrantes que sean aprehendidos con documentación falsa o que no dispongan de visados que les permitan el ingreso en Alemania.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señaló este lunes a EFE desde Al Arish, capital de la provincia egipcia de Norte del Sinaí, que la lógica de Israel de rechazar algunos productos que forman parte de la ayuda humanitaria a Gaza es "difícil de entender".
"Francamente, sorprende ver cómo un paquete médico conteniendo medicinas es rechazado porque tiene unas pequeñas tijeras (...) y un saco de dormir porque el color es verde", aseveró en una declaración tras salir del almacén logístico de la Media Luna Roja egipcia en Al Arish, donde el político español vio paquetes de ayuda humanitaria que habían sido rechazados.
"La lógica del rechazo es difícil de entender", sentenció el diplomático, que se mostró sorprendido por las decenas de camiones que vio desde el almacén y que habían regresado del enclave palestino sin poder entregar la ayuda, algunos de ellos con comida perecedera que se pudre bajo el sol estival.
En una rueda de prensa frente al paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, Borrell indicó que había unos 1.400 camiones de ayuda esperando para entrar al enclave, y pidió un acuerdo de alto el fuego para que la ayuda humanitaria ingrese y haya una posibilidad de reabrir el cruce.
Al menos 18 personas murieron y varias decenas más resultaron heridas este lunes en una campaña de bombardeos israelíes contra posiciones militares en la que presuntamente había presencia de milicias proiraníes en el noroeste de Siria, si bien Teherán ha negado vinculación alguna con las instalaciones.
Varias tandas de ataques aéreos, la primera lanzada poco antes de la medianoche del domingo, alcanzaron diversos puntos de la localidad de Masyaf y de sus alrededores, lo que causó 18 muertos y 37 heridos, según el último balance ofrecido por la agencia oficial de noticias del país SANA. Se trata de una de las acciones más mortíferas atribuidas al Estado hebreo en los últimos años contra el territorio sirio.
El director de Sanidad para la provincia de Hama, a la que pertenece la zona, aseguró a EFE que muchos de los ingresados en el Hospital de Masyaf sufren heridas "serias", entre ellos niños, y apuntó que entre las víctimas hay tanto civiles como militares. Sin embargo, aseveró que la mayoría son civiles, ya que los misiles impactaron también en viviendas y calles de Masyaf, así como de la aldea de Al Sabboura.
El grupo parlamentario Sumar ha formulado varias preguntas para que el Gobierno explique las medidas concretas que está tomando para apoyar a las mujeres y niñas afganas frente al régimen talibán y sobre la protección de las activistas que defienden los derechos de esas mujeres y están en riesgo.
Las parlamentarias Tesh Sidi (Más Madrid) y Esther Gil de Reboleño (Sumar) preguntan también si el Gobierno "sigue ofreciendo refugio o apoyo a las mujeres afganas que buscan asilo debido a la persecución por razones de género en su país".
También piden datos sobre la situación y los programas de acompañamiento de las mujeres y niñas afganas asiladas en España, y sobre si se han reforzado los servicios consulares de España en Teherán e Islamabad para poder citar en un plazo inferior de tres meses a las mujeres y niñas afganas escapadas cuyos visados en Irán y Pakistán tienen esa duración.
"¿Cómo puede nuestro país contribuir activamente a visibilizar y apoyar la lucha de las mujeres y niñas afganas por sus derechos?" y "¿qué sanciones o restricciones diplomáticas y económicas se han implementado para presionar al régimen talibán y evitar la violación sistemática de los derechos de las mujeres en Afganistán?" son otras de las preguntas.
El juez de instrucción del Juzgado número 1 de Palma ha rechazado este lunes archivar la querella y la denuncia contra el presidente del Parlament y diputado de Vox, Gabriel Le Senne, que será interrogado el próximo 27 de septiembre por un presunto delito de odio. El juez responde de esta manera a la petición de Le Senne, que pidió el archivo de la causa, asegurando que desgajó "de forma accidental" en sede parlamentaria la fotografía de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, republicanas asesinadas en la Guerra Civil.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha tomado esta decisión después de visionar los vídeos de la sesión parlamentaria que debatía la posible derogación de la Ley de Memoria Democrática a propuesta de Vox, durante la que Le Senne desgarró la fotografía, y tras haber pedido a las acusaciones su parecer sobre la petición de archivar la causa.
El colectivo Estimada Autora, impulsado por el abogado Sebastià Frau, como autor de la demanda, y formado por medio centenar de entidades, se constituyó como acusación popular en este procedimiento y presentó una querella contra el actual presidente del Parlament por un presunto delito de odio.
El Congreso de los Diputados vota este martes una proposición no de ley del PP en la que se insta al Gobierno a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España después de pedir asilo político.
Los populares han contactado con otros grupos parlamentarios para intentar que salga adelante su iniciativa y les piden "coherencia y que no sean rehenes" del Gobierno en un asunto sensible como este.
Preguntado por si el PP ha invitado a Edmundo González a seguir desde la tribuna del hemiciclo el debate de la iniciativa, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que desconoce las invitaciones cursadas por su grupo parlamentario.
Con la iniciativa que se debatirá mañana el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que el Congreso inste al Gobierno a adoptar esta posición y pide el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y contribuir a la seguridad personal de María Corina Machado y del propio González Urrutia.
Solicitan asimismo que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas con la meta de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela.
Sindicatos del sector de la enseñanza como CCOO, ANPE y CSIF piden este lunes, coincidiendo con el inicio del curso escolar, varias medidas como rebajar las ratios de alumnado por aula y aprobar un estatuto que regule la tarea de los docentes, con el fin por ejemplo de evitar el exceso de burocracia.
En concreto, la Federación de Enseñanza de CCOO solicita en una nota de prensa que este estatuto disminuya la carga lectiva, reduzca las ratios de alumnado por clase, mejore las condiciones de salario y laborales del profesorado, y concrete las funciones de los docentes "para evitar la acumulación de tareas y el exceso de burocracia".
CCOO también pide iniciar las negociaciones en la Mesa Sectorial Docente para tratar de conseguir que todo el profesorado sea al menos del subgrupo A1 y, además, para reducir el horario lectivo semanal de los profesores de forma obligatoria en todo el Estado.
Entre otras reivindicaciones, el sindicato reclama aumentar la plantilla de todo el personal de administración y servicios educativos, e instaurar la figura de enfermería escolar en todos los centros.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, va a enviar este lunes una carta a las comunidades autónomas para urgirlas a que pongan en marcha los centros de crisis de atención a víctimas de violencia sexual antes del 31 de diciembre, puesto que "no han hecho los deberes".
La titular de Igualdad solicita a las autonomías que "pongan todo lo que está en su mano" para que estos centros de atención 24 horas frente a la violencia sexual estén abiertos antes de que termine el año, ya que si no se cumple esa fecha límite habrá que devolver los fondos de recuperación que la Unión Europea ha destinado a este servicio.
Hay comunidades "que no han hecho los deberes y en ese sentido estamos preocupadas. Evidentemente no podemos hablar en España de víctimas de primera y de víctimas de segunda, y eso le corresponde a las comunidades autónomas, porque los más de 83 millones de euros ya han sido transferidos y por tanto las comunidades tienen que cumplir, por ellas y por las mujeres que viven en su territorio", ha subrayado.
Sólo siete de los 52 territorios (50 provincias y dos ciudades autónomas) que deben de contar con un centro de crisis ha puesto en marcha este servicio, para el que la UE ya permitió una prórroga que concluirá el próximo 31 de diciembre.
El Ministerio de Trabajo lleva este martes al Consejo de Ministros la norma que extiende la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar, que tendrán derecho a la evaluación de riesgos de su puesto y a exámenes médicos periódicos, nuevas obligaciones para quienes las emplean, cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.
El real decreto, al que ha tenido acceso EFE, prevé que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ponga a disposición de las personas empleadoras la herramienta que permitirá evaluar el puesto y que las empleadas realicen la formación por internet, en tanto que los reconocimientos médicos se incluirán en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
De esta forma, las familias que emplean personal en sus casas no tendrán que asumir en principio mayores costes, salvo que quieran contratar un seguro que les provea el servicio. El coste, en cualquier caso, "no deberá recaer en modo alguno sobre las personas trabajadoras", aclara la norma.
La norma también prevé la implantación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, que será elaborado por e INSST en el plazo máximo de un año desde la publicación del real decreto.
Los plazos establecidos en la norma retrasarán al menos hasta enero de 2026 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones, que no serán exigibles hasta seis meses después de que el INSST tenga lista la plataforma, un desarrollo para el que dispone de un plazo de diez meses.
El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe admitir la exposición razonada presentada por el Tribunal Superior Justicia de Madrid contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, así como las denuncias y querellas de otras asociaciones por el mismo asunto.
La Sala de lo Penal ha dictado una diligencia de ordenación en la que acuerda acumular en una única causa las diferentes acciones presentadas contra el fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de una querella de la Fundación Foro y Libertad, que fue la primera que se presentó en marzo; una denuncia y una querella del sindicato Manos Limpias y la exposición razonada del TSJM.