La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha rechazado este jueves la pretensión del PP, Vox y Ciudadans de suspender la sesión plenaria sobre la reforma penal de la sedición hasta que el el Tribunal Constitucuonal decida sobre las enmiendas impugnadas. A continuar la sesión, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo.
Poco después de las 15.15 horas de este jueves, Batet ha abierto la sesión plenaria convocada exprofeso para aprobar la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y cambia las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, y lo ha hecho sin que el tribunal de garantías se haya pronunciado sobre el recurso interpuesto por el PP para evitar que se voten las enmiendas destinadas a desbloquear la renovación de este órgano constitucional.
Los magistrados del Constitucional se reunieron a la una de la tarde para decidir si admitían el recurso del PP que pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las citadas enmiendas, por las que se modifica el sistema de elección y la llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de los dos que corresponde nombrar al Gobierno.
Antes de empezar el debate de la ley, los portavoces de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y del PP, Cuca Gamarra, han tomado la palabra desde su escaño para pedir que se suspenda la sesión plenaria hasta la próxima semana para dar tiempo a que resuelva el TC, pero la presidenta se ha negado defendido la autonomía del Poder Legislativo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este jueves al Partido Popular y Vox de provocar un "complot burdo" para "amordazar" al Parlamento después que presentaran recursos para suspender la votación de las enmiendas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC).
"La democracia y la Constitución prevalecerá. La derecha y ultraderecha han intentado amordazar al Parlamento de España para mantener el bloqueo del TC", ha asegurado Sánchez ante los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior al Consejo europeo.
Sánchez ha afeado también al PP y Vox de que "no todo vale" en política y que no pueden llamar "gobierno ilegitimo" a su Ejecutivo, por lo que ha reclamado que respeten el resultado de las urnas tras las últimas elecciones generales. El presidente ha acusado a ambas formaciones de no ofrecer "ningún proyecto" más allá de los insultados y ha reiterado el cumplimiento de la Constitución.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto 9 nombramientos en la cúpula fiscal, incluidas una plaza en el Tribunal Supremo (TS) y otra en la Audiencia Nacional (AN). Para esta última, Manuel Campoy ha contado con el aval del conjunto del Consejo Fiscal, si bien tres puestos se han resuelto en contra del criterio de la mayoría de los vocales.
En esta ocasión, de las 9 plazas en juego, solo había 5 a las que se presentaban varios candidatos, de las cuales la de Campoy se ha adjudicado por unanimidad; la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en línea con el voto mayoritario; y las otras 3 en contra de este último. Además, las 4 restantes se han resuelto a favor del único aspirante, según las fuentes consultadas por Europa Press.
CCOO y UGT han criticado este jueves "la tensión a la que se han visto sometidas las instituciones democráticas" de España tras el anuncio del Tribunal Constitucional de convocar un pleno extraordinario que, a su juicio, va a "impedir el normal desarrollo de la actividad legislativa" en el Congreso de los Diputados.
En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han señalado que este "tipo de maniobras" del TC "solo responden a un ánimo de obstruir un procedimiento legislativo" con el que se pretendía acometer la reforma de unos órganos judiciales
y constitucionales que, han destacado, "es ineludible y más necesaria que nunca tras varios años de bloqueo".
Tanto UGT como CCOO han reclamado "el respeto absoluto" a la soberanía nacional, que "reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", tal y como detalla la Constitución Española, porque "es la mejor garantía para la independencia de esos poderes".
Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) amenazaron con no participar en el Pleno extraordinario convocado para este jueves -lo que habría impedido el quórum necesario para deliberar y votar-, si no se les daba más tiempo para estudiar a fondo el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC, razón por la cual finalmente el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó el cónclave al lunes.
Según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press, la sucesión de acontecimientos comenzó el miércoles por la mañana, cuando el PP presentó su recurso de amparo con la petición de suspensión. A partir de ahí, la maquinaría del TC se puso en marcha, decidiéndose, tras una conversación entre González-Trevijano y el vicepresidente, Antonio Xiol, convocar un Pleno extraordinario para este jueves a fin de evitar que las medidas cautelarísimas perdieran su objeto.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que la "amenaza" del Tribunal Constitucional al poder legislativo persiste, porque podría suspender la reforma que desbloquea su renovación antes de que se complete el trámite en el Senado.
Además, ha alertado de que en caso de aceptar por parte del Tribunal Constitucional la paralización que demanda el PP en su recurso de amparo, supondría un acto de "desobediencia" y "desacato" al propio ordenamiento jurídico de la Carta Magna.
En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha señalado que la decisión del Tribunal Constitucional de posponer al lunes su deliberación de suspender cautelarmente las enmiendas para modificar los trámites de relevos de magistrados del tribunal de garantías, hace que dicha "amenaza" a la soberanía popular siga "viva" porque el Senado no ha iniciado la tramitación parlamentaria que le toca, una vez que recibe los proyectos validados por el Congreso.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afeado al PP provocar un "escándalo" con el recurso de los conservadores ante el Tribunal Constitucional para paralizar la reforma sobre el nombramiento de sus magistrados cuando en España la Constitución "se cambió en una tarde".
El Tribunal Constitucional se ha reunido este jueves en un Pleno extraordinario para decidir si se admite a trámite el recurso del PP que pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas introducidas en la reforma del Código Penal por las que se modifica el sistema de elección y llegada al Tribunal Constitucional de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial a fin de superar la parálisis actual. El tribunal ha aplazado su decisión al lunes, por lo que el Pleno extraordinario ha podido celebrarse.
"Sorprende que en el país en el que se cambió la Constitución en una tarde se provoque este escándalo por dos plenos extraordinarios", ha dicho Rufián ante los medios en el pasillo del Congreso, en alusión a la modificación del artículo 135 de la Carta Magna entre agosto y septiembre de 2011.
El Congreso dio luz verde finalmente en un Pleno lleno de incógnitas y durísimo este jueves a la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos que abarca una reforma del Código Penal y el cambio de elección del Tribunal Constitucional, tras una jornada pendiente de la decisión del propio TC y que se ha aplazado al lunes.
Ha salido adelante con una cómoda mayoría absoluta de 184 votos a pesar de todos los intentos de la derecha para tumbar la ley. El PP no ha participado en la votación.
La Fiscalía Europea investiga a la eurodiputada y exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili y pide levantar su inmunidad, un nuevo frente para la política griega que está semana se ha visto implicada en el escándalo de la trama de presuntos sobornos de Qatar para ganar peso político y económico en la Unión Europea.
La institución, dirigida por la jurista rumana Laura Kovesi, pide levantar la inmunidad contra Kaili y otra diputada griega, la conservadora Maria Spyraki, ha informado en un comunicado, en el que señala que da el paso en base a un informe de investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El informe apunta a la sospecha de fraude en perjuicio del presupuesto europeo "por la gestión de la asignación parlamentaria y, en particular, con respecto a la remuneración de los asistentes parlamentarios acreditados", señala el comunicado que no especifica si esta investigación está relacionada con las acusaciones de corrupción vinculadas a Catar.
Precisamente este jueves la Fiscalía financiera de Grecia ha ordenado la apertura de una investigación contra Eva Kaili por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, un nuevo frente que se suma a las sospechas que ya pesan sobre ella en Bélgica.
Tras la intervención de Felipe Sicilia, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra por alusiones al PP con el golpe de Estado del 23F. "Ustedes han empezado un proceso de memoria democrática para reescribir la historia. El 23F, en este país, gobernaba el centroderecha", ha explicado la conservadora entre constantes interrupciones por parte de los diputados y de la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para pedir silencio.
El diputado socialista y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, Felipe Sicilia, ha afirmado durante su intervención que el PP quiso "parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas", en referencia al golpe de Estado del 23F. "No lo han conseguido porque nuestra democracia y nuestras instituciones son fuertes y solidas y no han podido pararlo", ha asegurado.
Sicilia también les ha dicho a los diputados que sigan presentando recursos mientras que el PSOE presentará "leyes para defender los intereses de la gente, y defendiendo en Bruselas los intereses de España, como está haciendo ahora el presidente del Gobierno".