La Conferencia de Presidentes se reunirá el próximo 13 de diciembre en Santander, han informado a EFE fuentes del Gobierno, para tratar el problema de la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario.
El Comité preparatorio reunido el pasado 28 de octubre aceptó sumar al orden del día esos tres últimos asuntos, reclamados por la mayoría de los ejecutivos autonómicos, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que la Conferencia abordaría como principal aspecto la vivienda.
En cuanto a la sede, las fuentes han confirmado a EFE que la cumbre de presidentes se va a celebrar en la ciudad de Santander, como ha informado este lunes la SER, y han señalado que se está buscando el mejor espacio en la capital cántabra.
Tanto el orden del día como que la sede estuviera en Cantabria como el que las intervenciones en la Conferencia se produzcan por el orden de aprobación de los estatutos de autonomía tras una intervención inicial del presidente del Gobierno, se aprobaron en el Comité preparatorio con el voto favorable de todos los ejecutivos autonómicos salvo el vasco, que se abstuvo.
El Gobierno ha salvado en la Comisión de Hacienda del Congreso la ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales y parte de su paquete fiscal gracias al acuerdo alcanzado en el último momento con ERC, Bildu y BNG para prorrogar un año más el gravamen a las grandes energéticas.
Aunque este acuerdo parece contradecir el pacto que el Gobierno mantenía con Junts -y que preveía, precisamente, dejar caer el impuesto energético-, el grupo independentista ha apoyado el texto.
En ese sentido, el Ministerio de Hacienda ha aclarado en un comunicado que "mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".
La ley pasa ahora al Pleno, que la debatirá el jueves, donde son necesarios los votos tanto de Junts como de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que sin Junts el acuerdo es "papel mojado" y solo apoyará la reforma fiscal si el impuesto energético realmente se mantiene.
La Comisión de Hacienda ha vivido este lunes una jornada caótica, que se ha prolongado durante casi ocho horas, hasta bien pasada la medianoche, con varios recesos y que ha culminado con un cambio de socios cuando todo apuntaba a que la ley iba a decaer por falta de apoyos -ERC, Bildu y BNG se negaban a apoyarla si no incluía el impuesto energético-.
Un eventual rechazo a la normativa hubiera supuesto un importante retraso en la transposición de la directiva del tipo mínimo, que ya está fuera de plazo y, por consiguiente, en riesgo de sanción. También hubiera complicado el quinto desembolso de los fondos europeos, al que está ligado la reforma fiscal.
Más impuestos al ahorro y al tabaco
Aunque el Gobierno no había logrado cerrar un acuerdo con sus socios parlamentarios, en la votación del centenar de enmiendas registradas se han aprobado algunas medidas, entre ellas subir dos puntos porcentuales el tipo del IRPF para la rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, del 28 % al 30 %.
También cambios normativos para reforzar la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos y para paliar los efectos de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del impuesto de sociedades del PP, con medidas como la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas o de las deducciones por doble imposición.
Asimismo, se ha acordado gravar los vapeadores y subir la fiscalidad del tabaco, promover una modificación de la directiva europea del IVA que permita aplicar el impuesto a los alquileres turísticos o impulsar la factura electrónica.
También mejoras en la tributación de las cooperativas, bajar el impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros, una mejora de la tributación de las actividades artísticas y una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.
Impuestos a las grandes energéticas
La clave de la negociación ha sido desde el principio el mantenimiento del gravamen a las grandes energéticas, ya que el Gobierno pactó con PNV y Junts dejarlo caer a final de año pero ERC, Bildu y BNG lo reclamaban como requisito imprescindible para apoyar el paquete fiscal.
Finalmente, tras una negociación agónica y durante un último receso que se ha prolongado más de cuatro horas, ERC, Bildu y BNG han anunciado un acuerdo con el Gobierno para prorrogar un año más el gravamen energético, vía real decreto ley, a cambio de su apoyo.
También han acordado aprobar el impuesto a la banca en la votación del jueves en el Pleno -había sido rechazado en comisión-, lo que abre la puerta a rescatar otras enmiendas que no han sido incorporadas, como la subida de la fiscalidad del diésel, eliminar el régimen especial de las socimis o fijar un IVA del 21 % para los pisos de alquiler turístico. EFE
El presidente del Comisión de Hacienda del Congreso ha decidido suspender la sesión al menos hasta las 23.00 horas, lo que retrasará hasta entonces la votación de la transposición de la directiva del tipo mínimo de las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno.
Tras casi cinco horas de comisión, con varios recesos -el último de ellos de una hora-, el PSOE ha decidido volver a aplazar la votación en la que todo apuntaba a que iba a ser rechazado el texto, lo que ha generado críticas y protestas entre los diputados.
La comisión debatía este lunes el proyecto de ley que transpone la directiva europea que fija un tipo mínimo efectivo del 15 % para las multinacionales, una iniciativa que, en principio, contaba con apoyos suficientes para salir adelante, incluido el del PP.
Sin embargo, la inclusión en el texto de enmiendas -como la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros o gravar los vapeadores- ha llevado al PP a retirar su apoyo, que sumado a los anunciados rechazos de ERC y Bildu, hacían que el Gobierno no tuviera el respaldo necesario para sacarlo adelante.
Un eventual rechazo al texto obligaría al Gobierno a iniciar de nuevo la tramitación de la transposición de una directiva que ya está fuera plazo, con lo que España se arriesga a ser sancionada por Bruselas.
El Gobierno se ha comprometido hoy con ERC, Bildu y BNG a prorrogar un año más el gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas, a pesar de que había pactado con Junts que este tributo decayera, han indicado las tres formaciones en un comunicado conjunto.
Este acuerdo se ha alcanzado en el marco de las negociaciones de la ley que transpone la directiva europea del tipo mínimo de las multinacionales, que saldrá adelante gracias al apoyo de estas tres formaciones en la Comisión de Hacienda del Congreso que lleva más de dos horas suspendida a falta de la votación final.
ERC, Bildu y BNG han acordado que el Gobierno presentará un real decreto ley para extender un año más, a 2025, el impuesto energético, que era un requisito irrenunciable de estas formaciones para apoyar la transposición de la directiva y el paquete energético del Gobierno, que se había incluido como enmiendas a esta ley.
El acuerdo también incluye el compromiso de aprobar en el Pleno del próximo jueves el mantenimiento del impuesto a la banca -que este lunes ha sido rechazado en comisión- y aumentar el tramo más alto del impuesto, así como que toda la recaudación se destine a las comunidades autónomas y se concierte el tributo con las haciendas forales.
Los tres partidos han celebrado este "acuerdo equilibrado" superando "obstáculos y diferencias" para avanzar hacia la justicia y la progresividad fiscal.
La aprobación de la transposición de la directiva ha estado en el aire hasta el último momento ante la negativa de ERC, Bildu y BNG de apoyarla si no incorporaba el impuesto energético y, al mismo tiempo, la decisión del PP de no votar a favor si incluía -como ha ocurrido- subidas fiscales.
Aunque no había un acuerdo con los socios parlamentarios del Gobierno, la comisión ha incorporado al texto varias enmiendas, entre ellas subir el IRPF para las rentas del capital de más de 300.000 euros, gravar los vapeadores, subir la tributación del tabaco o reformar el impuesto de sociedades para neutralizar la anulación de las reformas del PP a este impuesto.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Corporación RTVE con una multa de 405.000 euros por una infracción grave continuada al considerar que el diseño de la prueba del bocadillo del concurso 'Grand Prix' estuvo ligada al patrocinio de una empresa. Según fuentes de EFE, la resolución, del pasado 31 de octubre y a la que solo cabe ya recurso ante la Audiencia Nacional, se refiere a los tres programas emitidos el 22 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 2023, y responde a una denuncia presentada por la asociación Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA).
Grand Prix es un programa concurso en el que se enfrentan dos pueblos en diversas pruebas. En este caso, el objeto de la denuncia fue la 'prueba del bocadillo', en la que los concursantes debían hacer el máximo de bocadillos de jamón que pudieran. La CNMC determina que se infringieron los requisitos del patrocinio establecidos en la Ley de Comunicación Audiovisual, ya que existió una relación entre la prueba y el patrocinio de un espacio del programa, que contrató la empresa Interporc. Es decir, que la CNMC sostiene que el patrocinio llevó a diseñar dentro del programa la prueba de elaboración de bocadillos de jamón. Además, durante la emisión de esos tres programas, se incluyó la prueba y, a continuación, se emitía la telepromoción en la que se publicitaba al patrocinador y el mismo producto de la prueba.
La CNMC cita, además, en su resolución, las tres notas de prensa que la empresa tenía publicadas en su página web sobre este patrocinio, y que hacían referencia a la prueba del bocadillo del concurso televisivo. La CNMC no atiende a las alegaciones de la Corporación, que negó que hubiera relación entre la prueba y el patrocinio, y defendió que la presencia de bocadillos de jamón en este programa no es inusual en este concurso.
El cuerpo sin vida del economista Antonio Noblejas, ex director general de la escuela de negocios EDEM, de 76 años de edad, fue encontrado este domingo junto al barranco del Poyo, en el término municipal de Ribaroja, según han confirmado a EFE fuentes de la familia. El cadáver fue localizado a mediodía de ayer por el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) y sumó una nueva víctima, la 219, a los fallecidos por la dana que el pasado 29 de octubre asoló parte de la provincia de Valencia.
Antonio Noblejas desapareció el pasado 29 de octubre cuando volvía de Chiva en coche tras compartir una comida con otros tres empresarios, Jose Luis Marín, propietario de los Colegios Mas Camarena; Vicente Tarancón, propietario de la firma de ropa deportiva Luanvi, y Miguel Burdeos Baño, fundador de la empresa SPB, cuyos cuerpos sin vida fueron también localizados
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, urgió este lunes al G20 a avanzar hacia una reforma de la gobernanza global y también a aprobar un impuesto a los supermillonarios, todo en aras de la paz global y la reducción de las desigualdades. "Nadie está en mejores condiciones que nosotros para cambiar el rumbo de la humanidad", declaró Lula frente a los líderes de las mayores economías del mundo, al inaugurar la segunda sesión de la cumbre que se celebra en Río de Janeiro.
La cifra de víctimas mortales registradas a causa de la dana y las inundaciones posteriores que afectaron a la provincia de Valencia se mantiene en 219, mientras que la de desaparecidos es 11, dos menos que ayer, según el último balance oficial del Centro de Integración de Datos (CID).Según informa EFE, a todas estas 219 personas fallecidas se les ha practicado la autopsia y están plenamente identificadas: 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida.
Por su parte, las oficinas 'ante mortem' habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con los médicos forenses contabilizan ahora 11 expedientes activos por denuncias de desaparición, dos menos que ayer.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes ante el G20 que España va a comprometer 400 millones de euros destinados a la entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres. Según informa EFE, en concreto, avanzó que España "está dispuesta predicar con el ejemplo" en la lucha contra el hambre y la pobreza y comprometerá 400 millones de euros - lo que supone un incremento de casi el 40 % respecto a la anterior reposición- en la próxima reposición de la Asociación Internacional de Fomento, que es la entidad del Banco Mundial que ayuda a los países más pobres. La Asociación busca la erradicación del hambre y la pobreza para 2030 mediante el impulso político al más alto nivel mediante la movilización de la financiación y promocionando la cooperación horizontal entre países.
Sánchez hizo este anuncio ante el resto de líderes del G20 en su intervención en la primera sesión de la cumbre de este grupo de países que se celebra en Río de Janeiro, dedicada a abordar el problema del hambre y la pobreza en el mundo. Las intervenciones de los líderes, a excepción del anfitrión, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fueron a puerta cerrada, pero fuentes del Gobierno español informaron del anuncio de Sánchez.
El presidente del Gobierno aseguró que España ya está cumpliendo con sus objetivos que se ha puesto en el país, como subir el salario mínimo más de un 50% desde 2018, crear un Ingreso Mínimo Vital que ya está protegiendo a dos millones de ciudadanos y reducir la desigualdad a lo que ha calificado de "mínimos históricos".
Ante el plenario de la cumbre, en el que estuvo presente la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como las parejas de otros líderes tras la invitación expresa realizada por Lula, Sánchez reiteró el apoyo de España a la Alianza contra el Hambre y la Pobreza que vio la luz oficialmente al inicio de la reunión y que se trata de una iniciativa impulsada por el presidente brasileño.
Sánchez ensalzó el liderazgo personal de Lula para la creación de la Alianza, además de expresar su apoyo a su propuesta de crear un impuesto global para las grandes fortunas. Sánchez enmarcó este impuesto en una de las acciones que pueden mejorar el acceso al capital en los países en desarrollo que lo necesiten, así como políticas de lucha contra la evasión y elusión fiscales, y de mejora de la justicia fiscal.
Para Sánchez, hay cifras "inaceptables" y totalmente evitables, como que alrededor de 733 millones de personas pasaban hambre en 2023, mientras que aproximadamente 712 millones de personas vivían en la pobreza extrema en 2022, 23 millones más que en 2019. Por eso consideró que no hay causa más importante ni urgente por la que luchar que erradicar el hambre, disminuir drásticamente la pobreza y reducir desigualdades. Además, destacó que la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza se ven agravadas por el cambio climático, y por eso llamó a luchar contra ello.
El presidente de Gobierno defendió también que para erradicar el hambre y la pobreza y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU hay que revisar la financiación para el desarrollo, por eso instó a adoptar decisiones audaces en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en España el próximo año. Declaró además que son necesarios, compromisos concretos para reformar la arquitectura financiera internacional y hacerla más inclusiva, democrática, responsable y sensible a las necesidades de los países en desarrollo.
Según informa EFE, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha anunciado este lunes que no aspirará a la reelección en el proceso de primarias del próximo 14 de diciembre, y su lista la liderará su secretaria de Organización, Raquel Martínez. Velarde ha anunciado su decisión en rueda de prensa en Sevilla y ha explicado que continuará como diputada en el Congreso de los Diputados.
Martínez se enfrentará con toda probabilidad a la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, aunque tiene encima de la mesa una propuesta para ir en una lista conjunta. Podemos ha iniciado este lunes el proceso para renovar liderazgos en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Euskadi, que comenzará con la presentación de candidaturas y finalizará con una votación a la que está llamada la militancia del 9 al 13 de diciembre.
El proceso para elegir a los nuevos coordinadores y direcciones autonómicas de los citados territorios estaba previsto que comenzara el pasado 4 de noviembre, pero la formación morada decidió retrasarlo por la dana. A partir de este lunes, podrán presentarse candidaturas a la coordinación, al Consejo Ciudadano Autonómico y a la Comisión de Garantías Democráticas. A continuación, los aspirantes tendrán un plazo para presentar avales y días después se harán públicas las candidaturas y listas definitivas, con la intención de celebrar la votación telemática entre el 9 y el 13 de diciembre.
"Me despido tras 4 años de mucho trabajo pero también de mucho cariño por parte de mis compañeros y compañeras", ha indicado Velarde en su cuenta de la red social X. Ha asegurado que termina su mandato "con un equipo unido, que ha ido a una, y con incorporaciones fundamentales como (Diego) Cañamero y como nuestra juventud de Rebeldía", ha recalcado la líder de Podemos en Andalucía.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha nombrado a la presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) desde 2015, Marián Cano, nueva consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en sustitución de Nuria Montes, quien fue criticada por sus declaraciones sobre la presencia de familiares de víctimas de la dana en la morgue de la Feria Valencia.
Montes afirmó que no se iba a permitir el acceso de familiares a la zona donde se tenían custodiados a todos los fallecidos y les instó a "esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente", unas declaraciones por las que pidió perdón horas después en un vídeo por "la falta de empatía y de sensibilidad" de sus palabras.
Marián Cano, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también forma parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial Comunitat Valenciana(CEV), del pleno de la Mesa de Diálogo Social de la Generalitat, del Observatorio de Industria y los Sectores Económicos Valencianos, de la Asamblea General de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Asamblea de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), entre otros cargos.