En un país en estado de alarma con el grueso de la población confinada en sus hogares que cuenta los días para la vuelta a la normalidad, también se lleva la trágica cuenta de los ciudadanos que se va llevando el virus. Nos dicen los que saben de esto que podremos ser optimistas cuando la curva se invierta, cuando el número de contagios comience a bajar. Mientras tanto, las buenas noticias llegan con cuentagotas: altas hospitalarias, incremento de camas, remesas de material para que los sanitarios se protejan del Covid-19... Informaciones que se cuelan en medio de otras tan duras como la forma en la que el virus se está comportando con los mayores.
La alta incidencia del coronavirus en residencias ha alarmado a una sociedad ya en estado de shock. Acogen a uno de los colectivos más débiles de la población, en el que se acumulan las patologías previas y en el que la mayoría tiene algún grado de dependencia. Son cercan de 280.000 los españoles que disponen de una plaza en una residencia.
El Gobierno, desde el jueves, parece decidido a tomar cartas en el asunto. El vicepresidente Pablo Iglesias ha anunciado una partida de 300 millones de euros para atender a mayores y dependientes en residencias y a domicilio. Las residencias son, dijo, "uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria". Habló de "plantillas desbordadas", de falta de equipos de protección individual necesarios y de protocolos "desfasados" para la detección de enfermedades. Y el presidente Pedro Sánchez, en su rueda de prensa de este domingo, anunció que se va a disponer que todas las comunidades autónomas tengan las instalaciones y los medios materiales y humanos de las residencias privadas de mayores a su disposición.
"Ya lo hicimos con la sanidad privada y hoy lo hacemos con las residencias de mayores privadas", precisó el jefe del Ejecutivo. Una decisión que, según comentó, tiene como objetivo paliar la saturación de las residencias públicas de mayores y mejorar las condiciones de vida de los mayores así como reducir su nivel de riesgo de contagio. Frenar la expansión del virus es fundamental porque residentes y plantillas se están viendo muy afectados.
Uno de los casos que más ha sobrecogido a la población ha sido el de la residencia de Monte Hermoso, en Madrid, donde los fallecidos superan ya la veintena. Pero hay importantes focos de contagio en otros centros de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco. Durante el fin de semana, los medios de comunicación han difundido imágenes de la Unión Militar de Emergencias (UME) desinfectando algunos de estos centros.
Los sindicados coinciden en que no es momento de hurgar en la herida, pero que cuando trascurra esta crisis, será necesaria una completa revisión de un sector que ahora deja al descubierto sus múltiples vulnerabilidades. Un sector dominado por la empresa privada, con trabajadores que ingresan sueldos precarios y con falta de medios. Antes y ahora, cuando esta pandemia les está sacudiendo fuerte.
infoLibre ofrece una breve radiografía del sector de las residencias en España de la mano de datos oficiales y el testimonio de sindicatos, organizaciones y plataformas vinculadas a la Dependencia.
Las residencias, en cifras
Los servicios de atención residencial ofrecen alojamiento y manutención a las personas mayores de manera permanente o temporal. Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en España hay 5.457 centros que ofertan 381.158 plazas. El número de usuarios totales es de 276.924. Para la difusión de estos datos y el establecimiento de una serie de variables, como la que fija el índice de cobertura del servicio, el Imserso ha tomado como referencia la población de 65 o más años en España a 1 de enero de 2019: 9.055.580 ciudadanos.
Por sexos, el 70,4% de los usuarios son mujeres. Y, por edades, el 81,8% de los mayores alojados en una residencia tienen 80 o más años. Este dato sirve para hacerse una idea de las necesidades de estos centros.
El índice de cobertura de este servicio se fija teniendo en cuenta el número de plazas totales y el de población. En el caso de las residencias es del 4,21%. Es decir, que hay plazas para el 4,21% de los mayores de 65 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65.
El ranking de camas en cifras absolutas lo lidera Cataluña, con 65.104, seguido de Madrid (52.341), Castilla y León (47.798) y Andalucía (44.741).
Los servicios de atención residencial no son, ni de cerca, el principal servicio del que disfrutan nuestros mayores. A la cabeza está el servicio de Teleasistencia.A 31 de diciembre de 2018, este servicio atendía a 942.446 personas, el 10,41 % de las personas mayores. Como el de las residencias, también está altamente feminizado, el 76 % son mujeres, y cuenta con un elevado porcentaje de personas usuarias de 80 y más años (67 %).
Donde reina el sector privado
El servicio de atención a los mayores tampoco ha sido inmune al auge de las privatizaciones en el sector sanitario. Los números son bastante contundentes.
De los 5.457 centros, 1.394 son de titularidad pública, independientemente de la gestión y 4.063 son de titularidad privada. La media nacional arroja el siguiente saldo: el 74,4% de las residencias de personas mayores en España están en manos privadas. Y acogen una media de 69,8 plazas por residencia.
Si nos atenemos al total de plazas —381.158—, 227.819, el 59,8%, son de financiación pública. El resto, el 40,2%, privada.
Miguel Vázquez es presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare). En conversación con infoLibre lamenta la desproporción entre la gestión pública y la privada de los centros en los que residen personas mayores. A su juicio, el Estado está haciendo "dejación de sus funciones" a través de las comunidades autónomas, que es en quienes recaen estas competencias.
"No podemos dejar que la gestión de un derecho esté en manos de la privada. Es como poner a la zorra al cuidado del gallinero", mantiene Vázquez. En este sentido, considera que no puede permitirse que las residencias queden en manos de fondos de inversión. En el caso que conoce, el de Madrid, asegura que los fondos de inversión ofertan más plazas de residencias que la propia Comunidad de Madrid en sus residencias de titularidad pública.
Las grandes firmas son tres: DomusVi, Orpea y Vitalia. Los dos primeros grupos son de origen francés.
"Los fondos de inversión tienen que ser rentables, si no hubiesen visto negocio no hubiesen entrado", valora Gracia Álvarez, responsable de Dependencia de la Unión General de Trabajadores (UGT).
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), patronal mayoritaria en el sector de atención a la Dependencia, defiende que hay una falta de transparencia total respecto a esta cuestión de las plazas en las residencias públicas y privadas y sobre el coste de los conciertos. En su opinión, se trata de que se conozca el coste efectivo por plaza, que se conozca qué cantidades de dinero son necesarias si los fondos comprometidos de los conciertos no llegan.
Los datos del Imserso hablan, en el sector público, de un coste medio anual en España de 18.182 euros por plaza. De esta cantidad, según el Imserso, el 42,4% se cubre con aportaciones del usuario. En Madrid, por ejemplo, señala el representante de Pladigmare, esa cantidad equivale al 85% de la pensión.
En las residencias concertadas, el coste medio anual asciende a 19.184,04 euros por plaza, cantidad de la que el residente aporta el 38,6%.
FALTA de MEDIOS y precariedad
La crisis del coronavirus ha desbordado a las residencias españolas. Su personal no da abasto para atender al cada vez mayor número de contagiados, para aislar en módulos libres de virus a los sanos y para el resto de atenciones del día a día: desde las comidas al aseo. Pero la falta de medios y personal no es algo que se está poniendo ahora de manifiesto en un contexto de crisis sanitaria tan grave como la actual. Los sindicatos y las asociaciones de dependientes llevan años denunciando el abandono a un sector, el de los cuidados, que ahora se muestra con crudeza.
"No es cuestión de que nos pongamos a tirarnos los trastos en una situación como esta. Pero no podemos perder la oportunidad de hacer una radiografía de lo que venimos denunciando y que ahora se pone en evidencia. No obstante, nuestros compañeros se están dejando la piel", sostiene Ana González, secretaria de Política Social de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid.
Coincide con su punto de vista Gracia Álvarez, de UGT. "Esto que tenemos ahora delante de nosotros no se podía prever. ¿Si hubiéramos tenido mejores plantillas nos habríamos enfrentado mejor a la situación? Posiblemente, sí. Pero la dimensión del problema es tal que nos está desbordando", comenta.
Álvarez propone un ejercicio. Viajar a 2006, cuando se aprobó la Ley de Dependencia, considerada uno de los grandes avances sociales de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Enfermera de profesión, recuerda que en el campo de atención de los mayores esta ley fue acogida con grandes expectativas en un país en el que se incrementaba el envejecimiento y hacía falta dar respuesta a ese problema social.
"Se vendió como que iba a haber muchas oportunidades de trabajo. Pero lo que se ha creado es empleo —en un altísimo porcentaje ocupado por mujeres— que no es de buena calidad", lamenta. "El tema de los cuidados es imprescindible para la vida como se está poniendo en evidencia por desgracia ahora mismo", comenta. Las plantillas siempre estaban justas, señala, y ahora eso se nota más todavía.
Ana González (CCOO) recuerda que, en el caso de Madrid, la entrada en vigor de la citada ley supuso una transformación en los perfiles de los residentes, dando entrada a personas más vulnerables, con necesidades de cuidados intensivos. Y que las residencias no se adaptaron al nuevo contexto ni en el modelo ni en las plantillas. "Es importante reformar las ratios de atención. No han sido adecuadas", subraya.
La ratio es el número de trabajadores por persona dependiente. Una demanda clásica de los sindicatos y asociaciones es que estos datos no sean utilizados de forma engañosa y en ellos no se incluya a los trabajadores que no atienden directamente a dependientes, como empleados de limpieza o de cocina.
Esto supone que las ratios se están utilizando "de forma engañosa", ya que, para cumplirlas, contabilizan a trabajadores cuyo cometido no es atender a los ancianos. Las ratios mínimas son fijadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad. La normativa recoge —es un mínimo— 0,47 gerocultores (auxiliares de geriatría) por persona atendida.
En esta cuestión de las ratios, Miguel Vázquez, de Pladigmare, llama también a reflexionar sobre un asunto: los residentes están las 24 horas del día en los centros, pero los trabajadores lógicamente no hacen jornadas de 24 horas.
Desde CEAPs destacan la dificultad de mejorar estas ratios sin que mejore la financiación. "La ley lleva sin tocarse desde que se aprobó y no se ha hecho porque no hay dinero", defienden.
Gracia Álvarez muestra su preocupación estos días por las trabajadoras. "Son el último eslabón de la cadena. Un sector feminizado casi al completo y precarizado en el que son frecuentes las jornadas a tiempo parcial. La representante de UGT considera que es un reto que se entienda que el trabajo de estas personas es "esencial para la sociedad". "Hay que reconocer el trabajo de los cuidados. ¿Por qué se cree que hay que pagar menos por un trabajo considerado menos cualificado?", se pregunta. "Tienen que estar bien pagadas", se responde a sí misma.
En UGT se negaron a firmar el último convenio estatal de la Dependencia al considerar que empeoraba todavía más las condiciones de este sector que aglutina a unos 180.000 trabajadores, con sueldos incluso por debajo de los 1.000 euros. Muchos de estos trabajadores vieron mejoradas sus condiciones con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros.
El pasado diciembre, atendiendo a una convocatoria de CCOO, más de 6.000 trabajadoras del sector de la Dependencia se manifestaron frente a las puertas del Ministerio de Sanidad para exigir mejoras salariales y laborales. El sindicado propuso, entre otras medidas, alcanzar un salario mínimo de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para el 2020 y el incremento de la financiación por parte de la Administración del Estado, para equilibrar la financiación con las comunidades autónomas.
Mirando al futuro
"Estos días sólo tenemos un deseo: sacar adelante a los residentes, cuidarles, acompañarles y que no nos falte material. Es fundamental que no se contagien entre ellos, pero también es fundamental que no les contagiemos nosotras ni que los enfermos nos pasen a nosotras el virus. Estamos con las fuerzas y los recursos justos. Esta es la prioridad. Ya llegará el día de que hagamos balance y se pongan los cimientos para que tragedias como estas nos pillen mejor preparadas". Así habla María, trabajadora en una residencia de mayores gestionada por la Comunidad de Madrid, la más golpeada por la muerte de mayores en este tipo de centros.
Cuando llegue ese momento, sindicatos, asociaciones y también organizaciones empresariales coinciden en que habrá que revisar los ratios de trabajadores. E introducir los cambios necesarios en la Ley de Dependencia, que es la que marca unos mínimos para un sistema descentralizado que en estos momentos, debido al estado de alarma, ha asumido el Gobierno central.
El incremento de las ratios y la mejora de las condiciones laborales pasa, evidentemente, por un incremento de la financiación del sistema de Dependencia. Una urgencia para un país en el que la población de mayores de 65 años crece sin freno.
"No podemos retrasar más abordar de forma seria el tema de las ratios de personal. Establecerlos por turnos y puestos de trabajo para que no haya falta de personal en ningún momento del año. Hay que tener en cuenta que la gente coge vacaciones, se ausenta por bajas por enfermedad... Esto se puede hacer en el Consejo Interterritorial de Sanidad de forma coordinada o se puede hacer comunidad a comunidad", considera el presidente de Pladismare.
Desde la misma organización se demanda que, al igual que se hace en los centros educativos, en las residencias se habiliten órganos de representación de las familias de los mayores. Este tipo de canales sería una herramienta de gran utilidad en un momento como el actual en el que los familiares demandan información sobre sus parientes internados, a los que no pueden visitar.
En esta crisis del coronavirus cada residencia, en base a sus medios, distribuye la información que dispone entre los familiares. Pero no se está facilitando de forma homogénea, según las fuentes del sector consultadas. "Estamos tan desbordados que cada uno hace lo que puede", reconocen.
Desde CCOO consideran que urge una revisión del modelo de Dependencia porque "no puede dejarse en manos de las empresas". También, que se dé "prioridad sanitaria a los centros residenciales". "Las residencias se han convertido en espacios de cuidados intensivos. Ha cambiado el perfil de usuario pero las plantillas siguen siendo las mismas que había antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia", explica la secretaria de Políticas Sociales de este sindicato en Madrid.
En el refuerzo de plantillas, además de los auxiliares, cree necesario que se creen puestos "con perfiles sanitarios".
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"Ahora hay que tomar medidas de forma inmediata [por la crisis del coronavirus]. Pero esto tiene que llevar a las instituciones en general a actuar y reorientar las medidas de protección de las personas más vulnerables", resume.
En CEAPs llevan tiempo poniendo el foco en la importancia de la homogeneización de los controles de inspección. "Hay que exigir a los servicios de inspección la unificación de criterios, claros, y transparentes, que no sean interpretables en función de quien realice la inspección" puede leerse en su reciente informe El caos de la atención a la dependencia: una perspectiva desde la gestión.
Del mismo modo, consideran que "hay que articular nuevos modelos de adjudicación pública que eviten las 'subastas', que valoren la calidad real de la prestación del servicio, y la de los prestadores. Hay que exigir a los responsables públicos que se realicen análisis de costes reales, y el establecimiento de mecanismos de control para supervisar el cumplimiento de los pliegos", puede leerse en el citado informe.
En un país en estado de alarma con el grueso de la población confinada en sus hogares que cuenta los días para la vuelta a la normalidad, también se lleva la trágica cuenta de los ciudadanos que se va llevando el virus. Nos dicen los que saben de esto que podremos ser optimistas cuando la curva se invierta, cuando el número de contagios comience a bajar. Mientras tanto, las buenas noticias llegan con cuentagotas: altas hospitalarias, incremento de camas, remesas de material para que los sanitarios se protejan del Covid-19... Informaciones que se cuelan en medio de otras tan duras como la forma en la que el virus se está comportando con los mayores.