Elpidio Silva, el primer juez de instrucción que investigó los manejos de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, acaba de ser condenado a 17 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. La sentencia, que consta de 125 páginas según fuentes jurídicas, da la razón a Blesa, que logró sentar a Silva en el banquillo por haberle enviado a prisión y haber intervenido los correos electrónicos que recibió o envió desde el servidor de la entidad financiera a consejeros y directivos de su equipo de confianza.
Elpidio Silva intenta que el TS anule su condena por enviar a Blesa a prisión anunciando que no quiere volver a la judicatura
La sentencia no solo expulsa a Silva de la carrera judicial sino que le obliga a indemnizar con 10.000 euros a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y preso desde diciembre de 2012.
Con el apoyo sustancial del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que presentó una querella contra Silva, Blesa ve ahora cómo Silva queda apartado de la carrera judicial. Y no regresará a ella salvo que el Supremo, ante el que su defensa presentará recurso, revoque su condena. La sentencia se ha hecho público casi tres meses después de que finalizase el juicio a Silva y en pleno escándalo por la existencia de las tarjetas B de Caja Madrid, que permitió a consejeros y directivos gastar 15 millones de euros de manera opaca.
Silva fue denunciado por el fiscal jefe de Madrid, quien argumentó que Silva había prevaricado al encarcelar a Blesa y al haberse hecho con los correos secretos de la entidad. Lo sorprendente de la sentencia es que cuenta con un voto particular del presidente del tribunal, Arturo Beltrán, partidario de absolver a Silva.
Elpidio Silva, el primer juez de instrucción que investigó los manejos de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, acaba de ser condenado a 17 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. La sentencia, que consta de 125 páginas según fuentes jurídicas, da la razón a Blesa, que logró sentar a Silva en el banquillo por haberle enviado a prisión y haber intervenido los correos electrónicos que recibió o envió desde el servidor de la entidad financiera a consejeros y directivos de su equipo de confianza.