Los hospitales públicos de gestión privada que el gigante Quirónsalud tiene en la Comunidad de Madrid han marcado parte de la actualidad política de este miércoles en la Asamblea regional. Durante algo más de una hora, los diferentes grupos políticos han interrogado al consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, sobre el dinero que el Ejecutivo regional debe al grupo sanitario por cuatro de sus centros: Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el General de Villalba. Sin embargo, se han ido con las mismas preguntas apuntadas en el cuaderno. El Ejecutivo regional no ha aclarado cuánto estima que finalmente tendrá que pagar a la compañía por su trabajo. Ni cuándo lo hará. Símplemente, se ha dedicado a repetir machaconamente que no existe ninguna deuda. Y no existe, principalmente, porque no hay una cantidad acordada entre las dos partes a abonar.
La comparecencia de Escudero vino a ser una segunda parte de lo que sucedió durante la pasada legislatura, cuando tuvo que rendir cuentas en la Cámara por esta misma cuestión a petición del Grupo Parlamentario Socialista. El problema con Quirónsalud viene de lejos. El volumen de la deuda que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene con el gigante sanitario no ha dejado de engordar con el paso de los años. En diciembre de 2019, la Cámara de Cuentas de Madrid, en un informe referente al ejercicio anterior, puso de manifiesto que la administración regional debía por cinco hospitales de gestión privada –los cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud– unos 720 millones de euros. Ahora, dos años más tarde, el gigante de la sanidad privada reclama a la comunidad 1.248,7 millones de euros, según figura en el informe anual de 2020 de Fresenius, propietario de la red de centros de Quirón en España.
Los grupos preguntaron una y otra vez. ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto corresponde a sobrecostes de las derivaciones? ¿Cuándo se va a pagar? ¿De dónde va a sacarse ese dinero? ¿A qué se debe la cantidad de esa deuda? ¿Cuántas personas trabajan en controlar que lo que solicita la empresa se ajusta al coste real? Pero no hubo manera. El consejero se limitó, además de a defender el modelo de gestión, a explicar que el proceso por el que se determinan las cantidades a abonar es "largo y complejo" y que se realiza con "todas las garantías". Sin embargo, en lo que más insistió es en rechazar la palabra deuda. "Las cantidades que se encuentran pendientes de liquidación no tienen la consideración de deuda al no estar determinada con carácter definitivo la cantidad a abonar", trasladó una y otra vez el consejero.
Si no lo está, dijo, es porque existen "discrepancias de todo tipo surgidas entre las partes" y porque se ha producido un "incremento en la judicialización de las resoluciones". Eso no quiere decir, continuó, que no tengan una "estimación". "En definitiva, se trata de previsiones realizadas en función de los datos que disponemos. Pero nunca de deuda. Y menos aún, oculta", sentenció. "Usted no nos ha respondido. ¿De cuánto hablamos?", le insistieron desde la oposición. Pero no hubo manera. Escudero no dio una sola cifra de lo que desde la bancada conservadora tildaron de "polémica artificial" movida desde la izquierda parlamentaria. "Al final, esto no es otra cosa que un ataque más al modelo de colaboración público-privada", resaltó el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines.
"Ustedes mercadean con nuestra salud", sostuvo la diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo, quien añadió que se está preparando el cóctel perfecto "para que la sanidad privada siga vampirizando la pública". "La existencia de deudas dilatadas lo que hace es garantizar que ningún Gobierno tome decisiones con respecto a Quirónsalud", resaltó el diputado de Más Madrid Javier Padilla, que mostró su asombro porque se deba a "estas empresas concesionarias" el equivalente a "quince veces el gasto en salud pública del año 2019".
En este punto, entre los diferentes grupos de la izquierda surgió otra pregunta: ¿cómo se va a pagar ese dinero? Y, en este sentido, hicieron hincapié en la "casualidad" que supone que, en plena pandemia, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que cerró 2019 en números rojos, haya registrado un superávit de 821 millones de euros, tal y como desveló infoLibre. "Quizá tenga que ver con esto", deslizó Lillo durante su intervención. Unas cifras que, una vez más, fueron rechazadas por la bancada conservadora. "Ese documento es falso", dijo el diputado Muñoz Abrines. Sin embargo, lo cierto es que los metadatos de los archivos a los que tuvo acceso este diario indican que fueron creados el 20 de mayo de 2021 a las 9:41:14 de la mañana por María Luisa Martín del Burgo Carrero, de la Subdirección General de Gestión Económica.
Durante la comparecencia, la oposición también denunció una y otra vez que el Ejecutivo regional haya recurrido de forma reiterada a la convalidación, una figura prevista para que puedan regularizarse pagos por servicios cuya prestación se haya encomendado en circunstancias muy excepcionales a una empresa sin cumplir los trámites obligados. Tal y como ha publicado este periódico, los pagos fuera de contrato del Gobierno de Ayuso desde enero de 2020 se sitúan en 800 millones de euros. "Lo que ustedes han montado es un ejemplo de parasitación", ha sentenciado Padilla.
Los hospitales públicos de gestión privada que el gigante Quirónsalud tiene en la Comunidad de Madrid han marcado parte de la actualidad política de este miércoles en la Asamblea regional. Durante algo más de una hora, los diferentes grupos políticos han interrogado al consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, sobre el dinero que el Ejecutivo regional debe al grupo sanitario por cuatro de sus centros: Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el General de Villalba. Sin embargo, se han ido con las mismas preguntas apuntadas en el cuaderno. El Ejecutivo regional no ha aclarado cuánto estima que finalmente tendrá que pagar a la compañía por su trabajo. Ni cuándo lo hará. Símplemente, se ha dedicado a repetir machaconamente que no existe ninguna deuda. Y no existe, principalmente, porque no hay una cantidad acordada entre las dos partes a abonar.