El Comité contra la Tortura de la ONU publicó el viernes pasado un informe en el que el que se refleja que España sigue mostrando carencias en sus medidas contra los malos tratos, las penas crueles y las torturas. La investigación se desarrolló durante los días 27 y 28 de abril y lamenta que "apenas se haya avanzado respecto al examen" de hace seis años.
Entre las principales críticas, el Comité señala falta de regulación contra la tortura, detenciones incomunicadas de hasta 13 días, uso excesivo de la fuerza por parte de Policía y Guardia Civil en manifestaciones y controles fronterizos, repatriaciónes indiscriminadas sin conocer sus posibles consecuencias negativas y nula investigación de los crimenes del pasado.
El informe revela que en España se practican detenciones incomunicadas de hasta 13 días para investigar delitos de terrorismo, algo que pone en cuestión incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Contra estas prácticas se pide a al Estado español que aproveche la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar, entre otros derechos, la posibilidad de elegir a un abogado o un médico de confianza. De igual modo se insta a grabar todas las actuaciones policiales.
El Comité se refiere también, aunque sin citarlas, a las devoluciones en caliente, y en general a la expulsión y extradición de personas sin saber si existe peligro de que sufran daños en sus países de origen. De hecho, exige que sea valorado cada caso y que se reconozca la condición de refugiado si fuera necesario.
El Comité Europeo de Prevención de la Tortura reclama a España que elimine la detención incomunicada
Se critica también "el uso excesivo de la fuerza" por parte de la Policía y la Guardia Civil en controles fronterizos y manifestaciones. Unas actitudes que, según este organismo de la ONU, quedan impunes por falta de medidas de prevención y mecanismos para que sean supervisadas. El informe recuerda que algunos agentes que han hecho uso desproporcionado de su fuerza incluso llegaron a ser indultados.
La ONU considera que el delito de tortura, tal como viene recogido en el Código Penal, está poco desarrollado y las penas "siguen sin ser adecuadas teniendo en cuenta su gravedad". Es por ello, apunta el informe, que se pide a España que modifique el articulado para armonizarlo con el de la Convención Internacional contra la Tortura.
El estudio "vuelve a recordar al Estado" que los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, y cualquier acto de tortura o desapariciones forzadas, no prescriben, de manera que han de ser investigados y enjuiciados.
El Comité contra la Tortura de la ONU publicó el viernes pasado un informe en el que el que se refleja que España sigue mostrando carencias en sus medidas contra los malos tratos, las penas crueles y las torturas. La investigación se desarrolló durante los días 27 y 28 de abril y lamenta que "apenas se haya avanzado respecto al examen" de hace seis años.